Imagen de Rosa Díaz con su hija Lucía.

Imagen de Rosa Díaz con su hija Lucía. Cedida.

Andalucía

Rosa, la 'Madre Coraje' cordobesa que lucha contra el decreto que impide a su hija discapacitada seguir estudiando

Desde la Junta de Andalucía señalan que "se está trabajando" en la cuestión que denuncia la afectada. 

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Las claves

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Rosa Díaz, madre cordobesa, lucha para que su hija Lucía, con síndrome de Otahara y una discapacidad del 93%, pueda continuar en un centro de educación especial tras cumplir 21 años.

El decreto andaluz impide la permanencia en estos centros a quienes cumplen años antes de septiembre, como es el caso de Lucía, quien dejaría el centro apenas 17 días después de cumplir los 21.

La salida de Lucía del centro afectaría gravemente la vida familiar y laboral de Rosa, quien depende de ese apoyo para poder trabajar.

Rosa ha buscado soluciones contactando a autoridades y no descarta llevar el caso a la justicia para defender el derecho de su hija a una educación adecuada.

Hace poco más de dos semanas falleció Francisco Holgado, más conocido como el 'Padre Coraje' por su lucha incansable para esclarecer el asesinato de su hijo en una gasolinera del municipio gaditano de Jerez de la Frontera.

Alrededor de 30 años se llevó este hombre librando la batalla, demostrando así lo que unos padres son capaces de hacer cuando se trata de sus hijos. Ahora, aunque salvando las distancias, es Rosa Díaz quien podría ostentar perfectamente su título (pero en femenino).

Esta cordobesa lleva meses en vilo por una cuestión que le afecta directamente a su hija Lucía, una joven de 20 años con síndrome de Otahara.

En concreto, Rosa quiere que la Junta de Andalucía cambie el decreto que imposibilita a los chavales con alguna discapacidad continuar en los centros de educación especial una vez cumplidos los 21 años.

El motivo de su denuncia, según cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla, es que esta ley "permite a los nacidos a partir de septiembre matricularse en el centro, mientras que quienes cumplen durante la primera parte del año no pueden".

En su caso, Lucía cumplirá los 21 el 13 de agosto. "No entra por 17 días".

A Rosa, la noticia le cayó como un auténtico jarro de agua fría. Y, previsiblemente, la misma sensación tendrá Lucía cuando se entere de que tiene que dejar "su cole", es en el que "piensa desde que se levanta hasta que se acuesta".

"Feliz" en el centro

La madre subraya lo "feliz" que su hija es en el centro desde que entró en él con solo siete años. Lucía "disfruta como nadie de las clases" a pesar de que, por su discapacidad, "le enseñan todos los días lo mismo".

El centro de Educación Especial permite a la joven "llevar una vida normal dentro de lo que cabe". Y esta es la prioridad de sus padres.

Ahora, Rosa no sabe "cómo decirle que no va a ir más; que este es su último año". Aunque el cambio que pide supondría estar únicamente un curso más en las aulas, es tiempo en el que la familia podría buscar "más alternativas".

Entre las diferentes opciones se encuentran la de los centros de día o centros ocupacionales, sin embargo, la cordobesa señala que para estos "no hay plazas".

El síndrome de Otahara que padece Lucía le imposibilita llevar una vida como la del resto de gente de su edad.

Con una discapacidad del 93%, "necesita atención las 24 horas del día". Por este motivo, el colegio no solo es un espacio educativo, sino también un apoyo imprescindible para que sus padres puedan mantener su actividad laboral.

Rosa regenta un puesto de caracoles en la capital cordobesa, un trabajo que, con la salida de su hija del centro, se vería directamente afectado.

"Voy a tener que trabajar menos", reconoce, consciente de las consecuencias económicas que eso implica para la familia. Rosa dispone de la ayuda a la dependencia, pero lamenta que "los niños con discapacidad salen muy caros".

Y es que a la constante vigilancia que necesitan hay que sumarle los costes de determinados tratamientos como las sesiones de fisioterapia o de logopedia.

En busca de soluciones

En su intento por encontrar soluciones, ya ha dado algunos pasos.

El pasado 6 de abril, interpeló al presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su visita al Hospital Reina Sofía.

Aunque en el momento no recibió respuesta, la cordobesa señala que ha recibido una llamada del delegado territorial de Desarrollo Educativo, Diego Copé, y de la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella.

Según le han asegurado desde la Delegación andaluza, "se está trabajando en ello". Algo que también sostiene las fuentes de la Junta consultadas por este medio. No obstante, "aún no ha llegado ninguna respuesta".

La incertidumbre crece y, con ella, la desesperación. Rosa reconoce que empieza a plantearse llevar el caso a la justicia.

"Si hace falta, lo haré", asegura, aunque también admite que se trata de un terreno desconocido para ella. "Necesito que alguien me asesore, porque yo no sé cómo es esto", explica.

Aun así, no pierde de vista su objetivo. Como tantos otros padres, su lucha no responde a otra cosa que al deseo de garantizar el bienestar de su hija. Y, si es necesario, está dispuesta a seguir dando la batalla.