María Jesús Montero acusa a Moreno Bonilla de convertir la "joya de la corona" de la sanidad en un "auténtico calvario"

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha aprovechado un acto en Casares (Málaga), municipio natal de Blas Infante, para denunciar el deterioro de los servicios públicos en Andalucía, especialmente la sanidad en los pueblos y el acceso a la vivienda en la provincia de Málaga.

En su intervención, ha ligado ambos problemas al riesgo de despoblación y ha contrapuesto el modelo actual con el que, según ha defendido, impulsaron los anteriores gobiernos socialistas.

Montero ha remarcado el simbolismo de Casares y de la casa natal de Blas Infante en su visita y reivindicado que el autogobierno y el Estatuto de Autonomía permitieron a Andalucía "acercar las soluciones de los problemas al lugar donde viven los ciudadanos".

En ese marco, la candidata socialista ha defendido que durante los gobiernos del PSOE en la región, Andalucía contó con un sistema sanitario que era "de los mejores de España y de los mejores del mundo".

Ha recordado que se construyó "un sistema de salud capilarizado en el territorio", con "la mejor tecnología para curar los problemas más graves", que reconocía derechos concretos como ser operado en un máximo de 180 días o ser atendido por el médico de familia en 24 o 48 horas.

Frente a ese modelo, Montero se ha situado frente al consultorio de Casares, "que atiende a aproximadamente 9.000 personas y que cuenta con un solo médico de familia".

"Si la gente enferma a una determinada hora del día, dependiendo de cuál sea la hora, puede venir al consultorio o se tiene que desplazar 20 kilómetros hasta el centro de salud más cercano, incluso 57 kilómetros para llegar a su hospital de referencia", ha afirmado.

Para la exministra de Hacienda, el éxito de un sistema sanitario es que "en cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio podamos encontrar una atención sanitaria que nos atienda a tiempo para que nuestros problemas de salud no se compliquen".

Montero ha citado estudios recientes que sitúan la sanidad como "el principal problema que perciben los ciudadanos, también la vivienda". Y ha reprochado que "la sanidad, que siempre fue la joya de la corona, se ha convertido con los gobiernos de Moreno Bonilla en un auténtico calvario, en un auténtico problema para mucha gente".

La dirigente socialista ha vinculado directamente esta situación con el riesgo de despoblación: "Si no hay servicios públicos en los municipios, acudimos al problema de la despoblación. La gente no va a vivir a los lugares donde no tenga asegurada la sanidad pública o la educación pública".

Al mismo tiempo, ha defendido la labor de los profesionales sanitarios, que "están dando lo mejor de sí mismos para poder paliar esta situación, pero no llegan", y ha asegurado que su partido seguirá "trasladando y denunciando la precariedad, el deterioro que están sufriendo los servicios públicos en Andalucía, pero muy especialmente en los pueblos, en las comarcas, en los lugares donde necesitamos esa atención 24 horas".

Vivienda: precios disparados y jóvenes expulsados

En la segunda parte de su intervención, Montero ha señalado la vivienda como "segundo gran problema que los andaluces señalan dentro de sus preocupaciones".

"No es posible que nuestros hijos, que nuestras hijas, que los jóvenes, que las personas que tienen baja renta, no puedan tener un hogar propio porque el precio de la vivienda se ha disparado y mucho más en la provincia de Málaga y concretamente en la Costa del Sol", ha denunciado.

Ha cifrado en más del 60% el incremento de los precios de la vivienda en los últimos siete años en la provincia, lo que, a su juicio, convierte el acceso a un hogar en "un bien de lujo".

Según ha recordado, el Estatuto de Autonomía reconoce el derecho a la vivienda y obliga a los poderes públicos a promoverlo, algo que, en su opinión, "Moreno Bonilla no ha hecho", al no construir vivienda pública "en los últimos tiempos".

"Ha hecho que las VPO, las viviendas de protección oficial, en vez de tener la protección del Estado que ha planteado 30 años, se lleve a siete años", ha reprochado. En paralelo, ha denunciado que se presenten como "viviendas asequibles" inmuebles que "a veces alcanzan los 350.000 euros".