Cambio de centro escolar para el acosador: Andalucía se pone dura y plantea elevar las consecuencias en los colegios

El Gobierno andaluz quiere endurecer las medidas contra quienes acosen a sus compañeros en los colegios de la comunidad. La medida central de esta iniciativa pasa porque el traslado de centro sea la respuesta habitual para el acosador, y no para la víctima.

La propuesta llega en medio del debate por el suicidio de la menor Sandra Peña tras, presuntamente, sufrir acoso escolar de algunos compañeros.

Esta es una de las principales conclusiones del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, celebrado en Córdoba bajo el lema Andalucía frente al Acoso, donde el Gobierno andaluz ha situado el ciberacoso como uno de los grandes retos educativos y sociales de los próximos años.

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La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico impulsará, en los ámbitos que correspondan, un nuevo marco de actuación que permita reforzar la protección de las víctimas.

Entre las propuestas sobre la mesa figura la fijación de una edad mínima para el acceso a las redes sociales, una medida ya aplicada en países como Australia, así como la apertura de un debate jurídico para estudiar la posible tipificación del acoso escolar como delito.

Inspección educativa

En lo educativo, la Junta plantea reforzar los protocolos de actuación para que las denuncias por acoso presentadas por las familias o por miembros de la comunidad educativa sean comunicadas desde el primer momento a la inspección educativa, con el objetivo de mejorar el seguimiento de los casos y evitar que situaciones graves queden sin supervisión externa.

Una de las medidas más contundentes anunciadas es el estudio de una modificación reglamentaria para que el cambio de centro del acosador se convierta en la norma, especialmente en aquellos casos en los que exista reincidencia.

Según ha explicado Castillo, esta decisión busca garantizar un entorno seguro para la víctima y reforzar la convivencia escolar, ante situaciones en las que las conductas de acoso persisten pese a las medidas adoptadas.

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La consejera ha reconocido que Andalucía dispone de un sistema robusto en materia de convivencia y bienestar emocional, pero ha advertido de que la transformación constante del entorno digital obliga a actualizar las herramientas de prevención y respuesta.

En este sentido, ha defendido la necesidad de agilizar los procedimientos, reducir la burocracia y mejorar la detección precoz, de modo que la inspección educativa supervise los casos de acoso y autolesiones desde el mismo momento en que se denuncian.

El Congreso ha puesto también el foco en que la tecnología no es en sí misma el problema, sino el uso que se hace de ella, y en que los centros educativos siguen siendo uno de los entornos más seguros para los menores.

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No obstante, desde la Junta se insiste en que la respuesta no puede limitarse al ámbito escolar y debe implicar a las familias, a los servicios especializados y al conjunto de la sociedad.

La segunda jornada del encuentro ha reforzado ese enfoque transversal con la participación de las consejeras de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

Ambos han subrayado la necesidad de actuar tanto sobre las víctimas como sobre los acosadores y de adaptar el marco legal a las nuevas formas de violencia digital.

Nieto ha advertido de que el ciberacoso no está bien delimitado en la legislación actual y ha defendido la importancia de contar con más datos para diseñar medidas eficaces.

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En este contexto, ha destacado la creación del primer Observatorio público de Justicia Juvenil de España y Europa, destinado a analizar la evolución de los perfiles y tipologías delictivas.

Para la Junta, este Congreso supone un punto de partida y un punto de inflexión en la lucha contra el acoso escolar y digital. Un fenómeno que, según han advertido los responsables autonómicos, exige decisiones más firmes, coordinación institucional y una revisión profunda de las reglas del juego en la era de las redes sociales.