La actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valla García, a su salida de los Juzgados de Sevilla tras declarar ante el juez instructor.

La actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valla García, a su salida de los Juzgados de Sevilla tras declarar ante el juez instructor. EP Sevilla

Andalucía

Archivan la investigación contra tres altos cargos de la sanidad andaluza por los contratos de emergencia durante la Covid

El PSOE, quien denunció los hechos junto a Podemos, recurrirá el archivo al entender que se mantiene el delito de prevaricación.

Más información: Los gerentes del SAS apelan a la emergencia de la pandemia para respaldar los contratos exprés que se firmaron

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Las claves

El Juzgado número 13 de Sevilla ha archivado la investigación contra tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por contratos de emergencia durante la pandemia de la Covid-19.

La denuncia, presentada por el PSOE y a la que se sumó Podemos, acusaba al Gobierno andaluz de adjudicar irregularmente 242 millones de euros en contratos exprés.

El juez concluye que no hubo delito en la utilización sistemática de la contratación de emergencia, justificando su uso por la presión asistencial durante la pandemia.

El PSOE ha anunciado que recurrirá la decisión judicial, argumentando que persisten indicios de prevaricación y señalando informes que alertan de irregularidades en los contratos.

El Juzgado número 13 de Sevilla ha archivado la investigación contra tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se trata de la actual, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo, Miguel Ángel García Guzmán Ruiz y Diego Vargas Ortega.

Estos estaban siendo investigados por los contratos de emergencia de obras y servicios que adjudicó el Gobierno de Juanma Moreno durante la pandemia de la Covid-19 tras una denuncia interpuesta por el PSOE. El partido ha anunciado que recurrirá el archivo.

Según reza en el auto consultado por EL ESPAÑOL, el titular del juzgado ha resuelto que no aprecia delito en la utilización sistemática de la figura jurídica de la contratación de emergencia cuando ya había decaído el decreto ley establecido durante la pandemia. Este permitía saltarse los procedimientos ordinarios para hacer frente a la crisis sobrevenida.

El PSOE interpuso la denuncia al considerar que el Gobierno andaluz habría gastado 242 millones de euros en contrataciones adjudicadas irregularmente. A esta denuncia se sumó posteriormente Podemos.

Durante la instrucción, el juez tomó declaración en calidad de investigados a los tres investigados, quienes aseguraron que actuaron siempre con la conformidad de los servicios técnicos del SAS y de la Consejería de Salud.

Señalaron que mantener estos contratos de emergencia sólo respondió a la necesidad de seguir atendiendo todas las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia, ya que el sistema "seguía sufriendo una enorme tensión".

Precisaron además que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no decretó el fin de la pandemia hasta el año 2023.

Por su parte, en la denuncia los socialistas se basaban en dos informes elaborados por sendas interventoras del SAS en los que alertaban de que utilizar la contratación de emergencia como método recurrente para la adjudicación de obras y servicios "carecía de base legal".

Sin embargo, en el citado auto el juez no aprecia delito en la utilización sistemática de la figura jurídica creada para atender las urgencias de la pandemia.

El PSOE recurrirá el archivo

El PSOE ha anunciado esta mañana que recurrirá el archivo de la denuncia al entender que se mantiene el delito de prevaricación.

En un comunicado, precisa que los hechos denunciados por el partido requieren de "una investigación completa que está lejos de haber concluido".

Los socialistas justifican que ha sido la propia Intervención General de la Junta de Andalucía la que, en informes posteriores a la denuncia de la falta de fiscalización previa de los contratos decidida por el Consejo de Gobierno el 6 de octubre de 2020, ha confirmado "múltiples irregularidades y un apartamiento total de la Ley de Contratos del Estado".

Precisan que la sanidad pública merece que se investigue hasta "el último euro pagado de más" y critican que el auto aún no ha sido notificado formalmente al partido.