Vicente Fernández, en el Senado.

Vicente Fernández, en el Senado. EP Madrid

Andalucía

Los negocios andaluces de Vicente Fernández, mano derecha de Montero, un 'cohete' que va del ladrillo a las tostadas

El expresidente de la SEPI, detenido esta semana, tiene además dos casas en Marbella, otras dos en una urbanización de lujo en Sevilla, una más en Madrid así como garajes y trasteros.

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Vicente Fernández, quien fuera estrecho colaborador de la ministra María Jesús Montero, y al que han detenido esta semana dentro de las investigaciones por su posible implicación en el caso de corrupción, tiene un importante entramado societario en Andalucía.

Fernández está en dos sociedades en el sur de España. La primera es un bar de desayunos y menús en un parque científico tecnológico. Se llama La Bola, negocio en el que figura como único administrador desde 2023, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La segunda es una sociedad llamada Goloso 25 SL, compañía que se dedica, según el Registro Mercantil, a "la compraventa, arrendamiento no financiero y explotación de toda clase de bienes inmuebles, tales como solares, terrenos, edificios constituidos o no en régimen de propiedad horizontal, locales, viviendas, fincas rústicas y demás análogos".

Más sencillo, Goloso 25 SL se dedica al alquiler de viviendas por cortos períodos de tiempo. Pisos turísticos, parece ser lo más probable.

Es llamativo que ambas sociedades funcionan 'como un cohete'. Sobre todo en 2024. En ese año, según las cuentas a las que ha tenido acceso este periódico, Goloso 25 SL aumentó su cifra de negocio un espectacular 254 por ciento.

Registro Mercantil

Es decir, pasó de una facturación de 34.386 euros en 2023 a 121.841 euros. La evolución es más que notable para una sociedad que, siempre según refleja el Registro Mercantil, se crea en febrero de 2023, solo un año antes de arrojar ese crecimiento tan acusado. Fernández entró desde el principio como administrador mancomunado.

¿Y la otra empresa? La Bola, el bar de la Isla de la Cartuja donde sirven desayunos y comidas de menús, así como copas los días que hay partido y los aficionados del Betis se acercan a hacer la 'previa', antes de ir al estadio, que no queda lejos, va también viento en popa.

Porque, según las cuentas que ha presentado la sociedad, de la que el mano derecha de Montero es único administrador, en el año 2023 mejoraron su negocio un 29 por ciento.

Especialmente notable es el crecimiento en ese año del flujo de caja. Esto es, el dinero en efectivo que se mueve en el bar. Precisamente, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este jueves el bar ante la sospecha de que pudiese estar usándolo para lavar dinero negro.

Así, el efectivo que manejaba esta sociedad en el último año creció un 700%. De los 9.000 euros en negativo que arrojaron en 2022, pasaron a lograr más de 56.000 euros en 2023.

Todo esto sucede en las empresas de Fernández en Andalucía, aunque hay otros negocios. Consta además una tercera sociedad, ésta en Madrid: Allies & Altera, dedicada a la misma actividad que Goloso 25 SL desde abril de 2024. 

Este es también un negocio fructífero para Fernández, que es también su administrador único. Ha facturado en ese único ejercicio casi 325.000 euros.

Al margen de esto, el exdirector de la SEPI tiene en su haber propiedades de lujo en la Costa del Sol, Sevilla y Madrid.

Así lo señaló el PP en la comisión de investigación del Senado al que acudió Fernández a declarar.

Todo esto con un chalé de 330 metros cuadrados en la urbanización de lujo Puerta de Hierro de Madrid - la misma en la que vive Isabel Preysler, por ejemplo-, dos chalés -uno de 500 metros y otro de 1.000- en la urbanización La Juliana de Sevilla; y tres casas en Marbella, cerca del mar y en una zona muy cotizada por los turistas.

¿Cómo hace un patrimonio así un político? El PP lo tasa en 10 millones de euros, una cantidad altísimo para un funcionario público.

Porque en la Junta de Andalucía Fernández, incluso con un nivel 30, el más alto, estaría como mucho en torno a los 60.000 euros, señalan fuentes de la Junta.

A eso se puede sumar su sueldo como presidente de la SEPI, 220.000 euros al año. Ahí se desempeñó entre 2018, cuando le nombra Montero, hasta 2019, cuando tiene que dejar el cargo por la judicialización del caso Aznalcóllar, del que salió absuelto recientemente.

Entonces es cuando, se supone, Cerdán lo 'recoloca' en Servinabar, la empresa de la que se sospecha que tenía casi la mitad y que está siendo investigada por la adjudicación de obras públicas, entre otras la de ampliación del puente del Centenario, infraestructura clave de la movilidad en la capital andaluza.