Montero insiste en que apenas conoce al presidente de la SEPI que ella nombró y justifica que el PSOE no denuncie a Salazar

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha marcado distancias con su expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Asegura que no tiene relación con él.

"Ninguna. Ninguna. Este señor se marchó de la SEPI hace seis años", se ha defendido. Aunque ella le nombró presidente de dicha sociedad pública, asegura que no tienen trato.

Montero ha señalado que Fernández, detenido por la UCO por, presuntamente, amaños en contratos públicos y blanqueo de dinero, solo "estuvo un año" como presidente de la SEPI y luego "no volví a tener ningún contacto".

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La ministra ha defendido, empero, el perfil de quien ella nombró como presidente de ese organismo. "Es, un profesional al que avalaba su hoja de servicios profesional. Era el letrado de la Junta de Andalucía y posteriormente fue interventor general de la Junta de Andalucía, también fue secretario general de Industria".

"Tenía un currículum que de alguna manera ponía en valor el perfil profesional que se necesita para puestos que tienen especial dedicación profesional", ha defendido la ministra, cuestionada por un nombramiento que ha acabado detenido por la Guardia Civil.

Salazar

Montero ha valorado también la actuación de su partido, el PSOE, de la que es vicesecretaria general, en el caso de presunto acoso de Francisco Salazar. "El Partido Socialista no es un sustitutivo de la justicia; si hay delito, las mujeres deben ir a los tribunales", ha señalado.

La vicepresidenta ha defendido el protocolo del partido pero estableció una separación estricta entre procedimientos internos y delitos. El protocolo interno, señaló, existe para sanciones de tipo orgánico, como “actuaciones reglamentarias, actuaciones de expulsión del partido, actuaciones de amonestación”. Para lo demás, la Justicia, ha señalado.

Montero ha reconocido que los casos de presunto acoso “han sacudido de forma muy importante al PSOE” y, cuestionada sobre la actuación del partido, que tardó 5 meses en poner en marcha algunas investigaciones, ha señalado que "las víctimas se tienen que sentir acompañadas, tienen que saber que las estamos apoyando”.

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Sobre el caso de Fernández, detenido junto con la 'fontanera del PSOE', Leire Díez, Montero ha activado el 'ventilador' al acusar al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de contratar a quien fuera "la mano derecha del expresidente de la SEPI" como interventor general de la Junta de Andalucía.

Tras abandonar la SEPI, Fernández "se incorporó a un despacho sevillano que llevaba al Partido Popular la acusación sobre los ERE", ha añadido la ministra. Después llegaría a Servinabar, la empresa vinculada con Santos Cerdán, investigado por una presunta trama de corrupción.

En todo caso, Montero se ha negado a aceptar ninguna responsabilidad personal. Ni por el nombramiento de Fernández -al que ella llevó al Gobierno central, donde entró en contacto con los protagonistas de la presunta trama de Cerdán, Ábalos y Koldo- ni en el caso de las demoras en la atención a las supuestas víctimas de acoso en el partido, del que es vicesecretaria general.

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La ministra ha hecho estas valoraciones antes de acudir a la entrega de los Premios Plaza de España, unos galardones que, según explicó, “cada año da y reconoce la Delegación del Gobierno para significar a aquellas personas, a aquellos andaluces, andaluzas, que más hayan contribuido a referenciar la Constitución”.

Montero subrayó la importancia de estos reconocimientos, que recaen tanto en personalidades como en entidades cuyo trabajo refleja “ese impulso que supuso para el pueblo español llegar a la democracia y tener y contar con todo un catálogo de derechos y de libertades que están blindados en nuestra Constitución”.

Entre los premiados, destacó especialmente a Rafael Escuredo, presidente de honor del PSOE, y al humorista Manu Sánchez, “al que creo que le debemos mucho en relación con la defensa de, sobre todo, nuestro acento, el acento andaluz”.