El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, en el Senado el pasado julio.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, en el Senado el pasado julio. Europa Press

Andalucía

Vicente Fernández, de "víctima" de la jueza Alaya y fichaje de Servinabar, a ser detenido junto a la 'fontanera' del PSOE

Ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía con el número uno de su promoción a los 26 años.

Más información: La UCO detiene a Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, y al expresidente de la SEPI por orden de la Audiencia Nacional

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Las claves

Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y cercano a María Jesús Montero, ha sido detenido junto a Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, por orden de la Audiencia Nacional.

Fernández fue absuelto recientemente del caso Aznalcóllar, tras años de litigios y varias reaperturas de la investigación por parte de la jueza Mercedes Alaya.

Tras dejar la SEPI, Fernández fue contratado por la constructora Servinabar 2000 SL, vinculada a Santos Cerdán y bajo investigación de la UCO.

Leire Díez intentó rehabilitar públicamente a Fernández y favorecer el cierre del caso Aznalcóllar, actuando desde su puesto en la sociedad pública Enusa.

A Vicente Fernández (Málaga, 1973), que fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha durado la tranquilidad y la alegría apenas una semana.

Un juez de la Audiencia Nacional ha ordenado su detención junto a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, cinco días después de que la Audiencia de Sevilla lo absolviera, junto a otros 15 funcionarios de la Junta, de unas presuntas irregularidades en el concurso de la mina de Aznalcóllar.

Aquella denuncia se interpuso en 2015 cuando Fernández era secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Compañeros del PSOE andaluz, conmocionados por su detención, aseguran a EL ESPAÑOL que "fue una víctima más de la jueza Mercedes Alaya".

Alaya reabrió en dos ocasiones la investigación y no tuvo en cuenta ni el criterio de la Fiscalía, que pidió el archivo hasta en siete ocasiones, ni el informe de la UCO, que no apreció irregularidades tras rastrear casi 125.000 correos electrónicos de los ex altos cargos ya absueltos.

La propia Leire Díaz, cuando su nombre aún no había saltado a la escena pública nacional, estuvo presente en las primeras sesiones del juicio. Era antes de ser conocida por sus tejemanejes para tratar de conseguir información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y, precisamente, contra la UCO.

Vicente Fernández es más desconocido por su perfil más técnico. Sin embargo, su currículum en los gobiernos andaluces es extenso.

Ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en 1999, con el número uno de su promoción a los 26 años, y ha estado al frente de las asesorías jurídicas de distintas consejerías de la Junta durante los gobiernos socialistas hasta 2018.

También fue secretario de los consejos de administración de la Empresa Pública de Gestión de Activos; la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, y Cartuja 93.

En 2018 dio el salto a la escena nacional de la mano de Montero, que le dio el mando de la SEPI. Apenas duró 15 meses en el cargo porque en octubre de 2019 la imputación de Aznalcóllar le forzó a dimitir.

Ambos estrecharon su relación cuando en 2016 Vicente Fernández comenzó a trabajar con Montero como interventor general de la Junta de Andalucía hasta junio de 2018, cuando ella estaba al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta, bajo el último gobierno socialista de Susana Díaz.

Fue cuando conoció a Leire Díaz. De hecho, ella fue parte activa en el intento de María Jesús Montero de rehabilitarlo en la SEPI cuando fuera desimputado, tal y como avanzó este periódico el pasado mes de mayo.

A partir de ahí se abrió un período de año y medio con la presidencia vacante, que ocupó de forma interina el vicepresidente Bartolomé Lora con el objetivo de que Fernández volviera a su puesto.

En aquel tiempo, Leire Díez maniobró para intentar su rehabilitación pública y profesional. Pero también para que se forzara el archivo de la causa o la nulidad de la misma.

Para ello, no dudó en hablar con periodistas y medios de comunicación para lograr una corriente de opinión favorable al cierre del caso. Un trabajo que hacía mientras era la directora de comunicación de la sociedad pública Enusa, participada por la Sepi.

Fichado por Servinabar

Sin embargo, ante su estrategia fracasada, Vicente Fernández fichó por la constructora Servinabar 2000 SL, vinculada a Santos Cerdán tras las adjudicaciones investigadas por la UCO.

La empresa de Antxon Alonso -exsocio de Koldo García- y Cerdán lo contrató en mayo de 2021 y lo mantuvo en nómina durante año y medio.

Según el portal de Transparencia, Fernández pidió permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar para la constructora navarra investigada y para el despacho Martínez Escribano Abogados y Economistas el 19 de mayo de 2021, el letrado que le defendió precisamente en la causa de Aznalcóllar.

Por este motivo fue citado el pasado mes de julio en la comisión de investigación del Senado sobre la trama y se acogió a su derecho a no declarar.

El pasado mes de junio, la propia María Jesús Montero aseguró no tener "ni idea de dónde trabajaba" Fernández, que había salido del Ministerio "hacía cinco o seis años", precisamente tras convertirse en "una víctima" de la jueza Alaya.