Cayetano Martínez de Irujo, uno de los hijos de la duquesa de Alba que la Fiscalía pide que se impute. Sevilla
La Fiscalía pide imputar a tres hijos de la duquesa de Alba por sacar agua durante años "con grave perjuicio" para Doñana
El escriro señala que esa actividad supuso un "grave prejuicio" para el entorno junto al parque natural andaluz.
Más información: El nieto de la duquesa de Alba reconoce que sus pozos junto a Doñana sacaban agua sin medida hasta 2023
La Fiscalía ha pedido al Juzgado que instruye el caso de los pozos ilegales de los nietos de la duquesa de Alba junto a Doñana seis meses para investigar los hechos. Entiende el Ministerio Fiscal que necesita ese tiempo porque podría existir un posible delito "contra el medio ambiente".
Además, la Fiscalía pide imputar como investigados a Eugenia, Fernando y Cayetano Martínez de Irujo, hijos de la duquesa de Alba -y duquesa de Montoro, duque de Todelo y duque de Arjona, respectivamente- como administradores de la finca en cuestión junto con su sobrino, quien ya estaba imputado.
El caso se centra en nueve pozos que extraían agua en la finca Aljóbar, en Aznalcázar (provincia de Sevilla". Este campo pertenecía a Cayetana Fitz-James Stuart, la fallecida duquesa de Alba. Luego pasó a sus nietos.
La Fiscalía sostiene que el agua que se extraía, que además habría afectado "con grave perjuicio" al medio ambiente en el entorno del parque natural de Doñana, son ilegales. No tenía permiso para la extracción, abunda.
El principal investigado por este caso es Luis Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y nieto de la duquesa de Alba como representante legal de la empresa que gestiona la finca en cuestión donde están los pozos.
Agua en la finca
Ahora la Fiscalía pide que se amplíen los imputados y sean señalados también "los diferentes miembros del consejo de administración".
En todo caso, cuando el empresario y noble declaró por este caso, señaló que al heredar la finca justo estaba finalizando la construcción de la gran balsa de agua con la que cuenta este espacio.
En todo caso, aseguró que él, pese a ser representante legal de la empresa que gestiona el terreno, no está en el día a día de su administración. De esta forma, evitaría la condena si se demuestra la ilegalidad de los pozos.
Según la Fiscalía, los "hechos que serían cuanto menos constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente, vista la extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural".
Más investigados
Por ello amplía el número de investigados y, además, pide que "se oficie a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a fin de que a la mayor brevedad, remita copia de cuántos expedientes sancionadores" haya incoado contra la empresa en cuestión.
Según las fuentes, Luis Martínez de Irujo habría manifestado que la finca carecía de medidores volumétricos del agua usada y que desconocía que hubiese incidencias con la gestión del agua. Fue a raíz de la denuncia de la CHG de 2023, según habría indicado, cuando comenzó la labor de regulación de los mencionados pozos, al no ser consciente antes de la situación.
En un auto de fecha 31 de enero, el juzgado ordenaba la citación como investigado de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg como representante legal de Eurotecnia Agraria.
Cierre de pozos
Además, entonces se decretaba el precinto de los pozos en cuestión, así como "la retirada de las bombas y demás equipos instalados en esos pozos que tengan como fin la extracción de aguas de la Cuenca del Guadalquivir, autorizándose el uso proporcionado de la fuerza si fuera necesario para ello, y quedando apercibida la parte investigada en estas actuaciones".
En octubre de 2023, recoge EP, la empresa reaccionaba a esta investigación incoada por el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor por una denuncia de la Fiscalía contra la entidad y contra Eugenia Martínez de Irujo como presidenta de la misma según el Ministerio Público, por los citados ocho pozos supuestamente ilegales en la finca Aljóbar; desligando a la aristócrata Eugenia Martinez de Irujo de la gestión de la entidad y asegurando que la extracción de agua "en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG".
En un comunicado, Eurotecnia Agraria aseguraba que Luis Martínez de Irujo "es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar", defendiendo que Eugenia Martinez de Irujo "no ha participado nunca en la gestión de la explotación" agrícola de naranjos de dicha finca.
El juzgado, de su lado, detecta posibles "indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna, y exponiéndose en la pericial que una sobrexplotación del acuífero puede causar daños ambientales como el propio descenso de su nivel piezométrico o un deterioro en la calidad de sus aguas, al movilizar aguas del subsuelo o en la compactación del suelo y la salinidad de sus aguas".
