María Gámez saluda a un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

María Gámez saluda a un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. EP

Andalucía

El juez exonera al marido de la directora de la Guardia Civil de "lucro injusto" en el caso Santana

El juez pide abrir dos causas más para investigar operaciones de compra de inmuebles del grupo automovilístico por la Agencia IDEA.

19 julio, 2022 15:18
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha excluido a Juan Carlos Martínez, empresario y marido de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, de la causa abierta para investigar las posibles irregularidades en la concesión de ayudas públicas millonarias concedidas a la empresa Santana Motor.


Esta empresa se cerró sus puertas en 2011 tras acaparar casi 137 millones de euros de la Junta de Andalucía, incluso cuando ya estaba en vías de disolución. Juan Carlos Martínez también es hermano del expresidente de la extinta empresa automovilística de Linares, Bienvenido Martínez.   

El juez José Ignacio Vilaplana justifica su decisión en que no concurren indicios racionales de criminalidad que supongan una probabilidad de que haya tenido participación en la perpetración de los delitos que se investigan. También exonera a Joaquín M.C.

Sí ha acordado el juez, en un auto notificado a las partes, abrir dos piezas separadas de la causa principal de Santana Motor. En este caso, considera que existen indicios de la comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación distintos a los recogidos en la causa principal.

En la misma resultó clave un informe de los Agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, quienes apuntaron que Martínez habría obtenido un "lucro injusto" en sus negocios con empresas que recibieron ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE. 

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Su pasado laboral

En aquel atestado, los agentes hicieron un extenso recorrido por su pasado laboral muy relacionado con los gobiernos socialistas. En política, no pasó de ser concejal de Juventud en su localidad, La Carolina (Jaén), pero desde 1997 ha tenido varios cargos entre bastidores.

Primero estuvo a las órdenes del consejero Francisco Vallejo, como asesor en la Consejería de Obras Públicas y, posteriormente, en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

De ahí, dio el salto a Madrid como director de comunicación y de Gabinete del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria y, a continuación, como jefe de gabinete de la persona de confianza de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, cuando fue  Secretario de Estado Cooperación Territorial en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tanto Vallejo como Zarrías son dos de los 19 ex altos cargos de la Junta condenados por la sentencia del caso ERE.

Justo después, pasó por tres empresas públicas andaluzas en las que nunca llegó a estar más de seis meses trabajando. Y, desde julio, de 2011 se gana la vida como consultor al frente de su propia empresa. 

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Aquel mismo informe citaba en concreto un convenio firmado en 2009 entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, con el consejero Martín Soler al frente, y la agencia IDEA para la creación de capacidades de diseño y desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todoterreno.

El auto recuerda que en la pieza principal se investigan las ayudas concedidas bajo el paraguas del citado convenio, denominado Massif. Se trataron de unas cantidades entregadas por la Agencia Idea a Santana Motor en concepto de préstamo, pero realmente eran ayudas a fondo perdido sin intención alguna de recuperar.

Tampoco consta, según indica el auto, que se concedieran previo análisis económico, realizado por la Junta de Andalucía.

Las nuevas piezas

Respecto a las nuevas piezas abiertas por el Juzgado, una de ellas investigará la posible perpetración de los delitos de prevaricación y malversación vinculados también a la irregular financiación del grupo Santana.

La segunda está relacionada con los fondos transferidos (339.701 euros) por el entonces presidente del grupo, Bienvenido Martínez, en beneficio de su propia empresa, "presumiblemente en virtud del alquiler de un despacho en las oficinas" del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía.