Los regadíos de Doñana enfrentan al Gobierno con el PSOE andaluz, que defiende a los agricultores

El enfrentamiento del Gobierno central con el PSOE andaluz por la legalización de zonas de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, en el Condado de Huelva, sigue recrudeciéndose una semana después.

Este miércoles, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, lo dejó claro en el Congreso: es imposible legalizar nuevas hectáreas de riego en la zona, salvo que se expropien los derechos del agua de otros regantes. "Simplemente, porque no hay agua", aseguró.

Pero su postura, advirtiendo además de que Bruselas está dispuesta a llegar "a donde sea", vuelve a poner en jaque al PSOE andaluz, desde que la semana pasada se abstuviese en el Parlamento ante las dos propuestas que tramitaron PP, Ciudadanos (Cs) y Vox para regularizar unas 1.400 hectáreas de cultivo; la mayoría, de frutos rojos. 

Los socialistas quisieron evitar que la proposición de ley se votara, en presencia de un nutrido grupo de agricultores de la zona. Posicionarse, a favor o en contra, le supone problemas con ellos y con los alcaldes de las cinco localidades afectadas. Tres son socialistas y defienden a sus vecinos.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha reconocido que en la zona hay un problema y su grupo no puede mirar para otro lado, de ahí la abstención y no el voto en contra. El verdadero problema radica en cómo atajarlo y también en cómo evitar la pérdida del voto agrícola socialista en la zona, que siempre ha sido muy fiel, y que no sea recogido por Vox. El PP también está a ojo avizor al respecto. 

Para resolver la papeleta, Espadas ya ha pedido autonomía al Gobierno central. Sin embargo, Ribera ha dejado claro que el Gobierno no está dispuesto a permitir ningún tipo de legalización de esas hectáreas. No quieren posicionarse en contra de la Unión Europea y de su socio de gobierno, Unidas Podemos. 

Desde el PP, aseguran que su objetivo con la propuesta es regularizar y poner coto al uso del agua ilegal dando alternativas a este problema heredado del plan de la Fresa de 2014, cuando gobernaba el PSOE.

El mismo estableció en 9.340 hectáreas las zonas regables en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. En aquella regularización, algunos agricultores se quedaron fuera y, desde entonces, reivindican sus derechos históricos.

Las obras hídricas

La cuestión es que la proposición de ley aprobada en el Parlamento andaluz pasa por la realización de unas obras hídricas prometidas desde hace décadas por distintos gobiernos nacionales para que se pueda regar con aguas en superficie.

Unas obras que no se culminan. Estas son el túnel de San Silvestre, el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas del transvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y la presa de Alcolea.

Ribera no ha mencionado estas infraestructuras en el Congreso, pero sí que el Ejecutivo está activando las obras hidráulicas que permitan utilizar agua de superficie, según recoge el Plan Hidrológico del Guadalquivir. El mismo será aprobado en los próximos meses y recoge 177 millones de euros para obras.

Ya la semana pasada la ministra advirtió al presidente andaluz, Juanma Moreno, de posibles sanciones por parte de Europa, y ayer insistió en que podrían peligrar la llegada de fondos europeos y en la negativa a esta regulación por parte del Gobierno central, en línea con lo que reclaman la Unesco y la Comisión Europea. Incluso habló de recurrir al Tribunal Constitucional dicha proposición de ley si salía adelante en el Parlamento andaluz.

Durante su intervención, en respuesta al diputado de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, Ribera prometió que el Ejecutivo va a seguir trabajando en la "misma línea de firmeza y defensa de la legalidad". También culpó al Gobierno andaluz de "utilizar la falsedad y la mentira para destrozar algo que es Patrimonio de la Humanidad como es Doñana". Lo dijo en un tono además visiblemente enfadada.

El informe de la Junta

Por su parte, Juan Espadas ha pedido al Gobierno andaluz que emita el correspondiente informe sobre el posicionamiento de la Junta en relación a la proposición de ley defendida por el PP-A, Cs y Vox. Considera que no es la forma de abordar la revisión de estas hectáreas porque no tiene garantías alguna y "está abocada al fracaso".

Sin embargo, esa misma mañana le contestó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, diciéndole que el Consejo de Gobierno andaluz se tomaría su tiempo para elaborarlo. No obstante, insistió en que Doñana "se va a preservar al 100%" y le criticó "su incoherencia política".

En cualquier caso, desde el Gobierno andaluz sostienen que las hectáreas, ahora en liza, no se encuentran ni en el interior del espacio protegido ni tampoco cerca de su linde, sino a 30 kilómetros. Pero, cuando se unen las palabras Doñana y cultivo saltan todas las alarmas.