Sevilla

Luz verde al dictamen del Proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz. La aprobación, que ha salido adelante con los votos a favor de PP, Cs y Vox y la abstención del grupo socialista, es el último trámite antes de la aprobación definitiva del texto en el Pleno del Parlamento. Al documento, elaborado por el Ejecutivo andaluz, se han presentado 800 enmiendas, de las que se han aprobado 30 de las propuestas por el PSOE-A.

El dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley pasa a continuación a su último trámite de debate y votación en el Pleno del Parlamento andaluz. Cabe recordar que este proyecto, considerado como uno de los 'estrella' de la presente legislatura, quedó en suspenso el pasado mes de mayo.

Entonces, Vox se abstuvo en la votación de la enmienda a la totalidad que presentó el grupo de Unidas Podemos, dejando caer así la propuesta del Gobierno de Juanma Moreno. Asimismo, el PSOE-A, y de manera sorpresiva, también se sumó a la enmienda votando a favor.

En julio, y ya por el trámite de urgencia, tanto Vox como el PSOE-A dieron marcha atrás y rechazaron la enmienda a la totalidad de Unidas Podemos, el primero votando en contra y el segundo, absteniéndose.

Lo sucedido el pasado mes de mayo supuso la primera derrota del Ejecutivo de Juanma Moreno, que dejó de recibir el apoyo de Vox como represalia por lo sucedido en la Asamblea de Ceuta.

"Trabajo sincero"

Juan Bueno, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Fomento, ha agradecido el "trabajo sincero" de los grupos políticos y del gobierno andaluz para llegar acuerdos que han "enriquecido" el texto, al que se han incorporado "un elevado número de enmiendas" de los distintos partidos.

Ha destacado que se trata de una ley que "esperan con gran expectación" colectivos, ayuntamientos, empresarios y asociaciones, "después de décadas con una legislación urbanística y territorial tediosa y farragosa, con más de 300 normas que han bloqueado los planes urbanísticos, han generado una enorme inseguridad jurídica y han atascado el desarrollo económico y social de los municipios".

Los populares consideran además que era urgente simplificar la normativa, y que se ha hecho "respetando el control del cumplimiento de la legalidad, la preservación de los entornos sociales y culturales y el medioambiente", al tiempo que ha defendido que la LISTA contribuirá a la "lucha contra la despoblación en el medio rural".

Por su parte, desde el PSOE-A se ha explicado la abstención. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Gerardo Sánchez, y el secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE de Andalucía, Rafael Márquez, han subrayado que "estamos abiertos al diálogo siempre que se cumplan los requisitos de sostenibilidad".

De hecho, el PSOE advierte que las enmiendas más importantes van dirigidas sobre todo "al apartado más flojo de la ley, ya que prácticamente solo aparece en el título", ha apuntado Rafael Márquez.

Gerardo Sánchez ha resaltado que "aceptamos construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, si está ligada a la actividad, agrícola o turística por ejemplo", pero "no vamos a aceptar construir en mitad del campo de forma indiscriminada, lo que generaría a los ayuntamientos problemas para dar servicios básicos a las mismas".

Ambos dirigentes han anunciado que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, socio de gobierno del PP, "acaba de manifestar su apoyo a esta enmienda del PSOE para impedir esta construcción", por lo que han apremiado al PP a "sumarse al rechazo a esta construcción, que consideramos que no la están pidiendo los agentes sociales y económicos".

Rafael Márquez ha reconocido que "la LISTA presenta un enorme avance en simplificación, se mejoran las competencias de los ayuntamientos, pero una disposición transitoria supeditaba esas competencias a que la Junta aprobara un nuevo PGOU". "Esto es un signo de desconfianza con los ayuntamientos, y esta es una de las enmiendas socialistas más importantes que parece que va a ser aceptada", ha apostillado.

Ambos mandatarios han subrayado que "la actitud del grupo socialista ha sido y es constructiva, de negociación y no de obstrucción". Esta tramitación pone de manifiesto que "cuando quiere, el gobierno andaluz es capaz de sentarse a negociar", cosa que "no ha ocurrido con el presupuesto para 2022".

El apoyo de Vox

Por otro lado, el parlamentario del Grupo de Vox, Alejandro Hernández ha destacado la responsabilidad de su partido en Andalucía al votar a favor del dictamen de la nueva ley. "Seguimos demostrando que VOX nunca va a anteponer los intereses del partido al bien común. Trabajamos con la responsabilidad a la que nos obligan nuestros votantes". Hernández ha explicado que en la nueva Ley de Suelo "hay cosas que son manifiestamente mejorables, empezando por el nombre con esa mención de la sostenibilidad que tanto remite a la Agenda 2030 y a los mantras del cambio climático".

No obstante, Hernández ha asegurado que en la ley "hay algunos aspectos que avanzan en la línea propuesta por Vox", como "una mayor liberación de suelo apto para edificar, evitando así la especulación, la carestía y el fraude". También "la agilización de los procedimientos mediante la apuesta por el silencio administrativo positivo y la declaración responsable o la apuesta por la dinamización y el desarrollo en el ámbito rural facilitando el espectro de las actuaciones extraordinarias en suelo rústico, siempre sometido al control administrativo y judicial".

Respecto a las enmiendas de VOX no aceptadas ni transaccionadas, Alejandro Hernández ha afirmado que "las seguiremos defendiendo en el Pleno", sobre todo "lo relativo al cierre en falso del problema de las 300.000 viviendas irregulares sobre las que ha prescrito cualquier tipo de acción y para las que la Lista no aporta una solución definitiva, contrariamente a lo que nosotros proponemos".

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