Discrepancias sobre la denuncia de la jueza de los ERE: dos vocales del CGPJ en contra del archivo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado el archivo de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la juez María Núñez Bolaños, la instructora de las distintas piezas del caso de los ERE de la Junta de Andalucía. No obstante, dos vocales de los siete han votado en contra.

Lo hace después de que el pasado mes de julio el Promotor de la Acción Disciplinaria del Servicio de Inspección de dicha institución, Ricardo Conde, diera carpetazo a las diligencias abiertas a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la denunció por una posible falta -grave o muy grave- de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los procesos.

No obstante, a juicio del informe del Servicio de Inspección del Poder Judicial, "la instrucción de todas las piezas se desarrolló con buen ritmo y transcurrió con normalidad. Le dio respuesta a las peticiones de las partes y tramitó los recursos en tiempos razonables". Fue entonces cuando archivó.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los vocales José Antonio Ballesteros y Nuria Díaz, que formularán voto particular, se han postulado en contra del acuerdo alcanzado.

En la argumentación de la Acción Disciplinaria se sostiene que "no cabe inferir la pasividad intencional o el descuido injustificable que la denuncia atribuye a la magistrada".

"Situación excepcional"

En sus conclusiones, Ricardo Conde recordó que el juzgado de Instrucción número 6 vivía "una situación excepcional" desde 2011, cuando se incoaron las diligencias previas del caso ERE.

Por ello, calificó ese contexto como "fuente inevitable de retrasos" al tener en cuenta "la estructura y competencias actuales de los juzgados de instrucción y el diseño vigente del proceso penal".

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial calificó como "eficaz y exhaustivo" el control de la magistrada sobre procedimientos ordinarios y macrocausas. De ahí que concluyera que "la instrucción se había llevado a cabo de forma correcta, ágil y ordenada, con control de agendas".

En este mismo informe, el Promotor de la Acción Disciplinaria aludió a "la profunda discrepancia del Ministerio Fiscal con numerosas decisiones de la juez instructora". De hecho, consideró que éstas "quedaban fuera del ámbito de actuación del órgano de gobierno de los jueces".

Núñez Bolaños llegó al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en junio de 2015 después de que la jueza que inició la investigación del caso de los ERE, Mercedes Alaya, pidiera una plaza en la Audiencia Provincial.

Fue un traslado insólito porque Núñez Bolaños procedía de un Juzgado de Familia y llevaba muchos años sin contacto con la jurisdicción penal. De la tranquilidad de los asuntos civiles pasó a la complejidad de las piezas de los ERE, el caso de corrupción más relevante descubierto en Andalucía.

Cuando pidió la vacante -que se cubre por rigurosa antigüedad- se publicaron datos como el de su amistad con el entonces consejero de Justicia, Emilio Llera.