La Junta se entera por la prensa del recurso al TC contra sus ayudas: “Falta diálogo con Andalucía"

El Gobierno central ha abierto un frente contra la Junta de Andalucía, gobernada en coalición por PP y Ciudadanos. El Consejo de Ministros ha abierto este martes la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de la Junta de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que modifica 27 leyes y decretos para introducir medidas económicas que afectan a numerosos sectores en esta crisis del coronavirus. Fue convalidado el pasado 2 de abril por la Diputación Permanente del Parlamento andaluz.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha enterado por la prensa, por lo que cree que el Gobierno de España "debería hablar más con las comunidades, especialmente con Andalucía, que siempre ha estado a disposición de resolver de esta forma los asuntos".

Se trata de una de las herramientas más importantes que ha diseñado el Ejecutivo andaluz para activar la economía y hacer frente a la situación económica y laboral, derivada de la crisis sanitaria. Incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.

Por tanto, Marín ha precisado que, mientras se sustancia o no el recurso, se seguirán implementando estas medidas que facilitan la creación de empleo, los trámites a las empresas que quieran invertir en la Comunidad y la eliminación de trabas administrativas. El objetivo, reactivar la forma más rápida la economía tras la pandemia.

"Es la dirección correcta y vamos a continuar", ha subrayado Marín en su comparecencia posterior al gabinete de crisis. No obstante, si finalmente el Gobierno recurre y se produce esta denuncia, la atenderán. "No podemos valorar algo que no conocemos y de lo que no tenemos conocimiento, salvo por los medios de comunicación".

Colisión con otras normas

El Gobierno considera que esta normativa, aprobada con carácter urgente para paliar efectos económicos del coronavirus, puede colisionar con otras normas de carácter estatal. De ahí, la posible apertura de esta vía de anticonstitucionalidad.

En concreto, el Gobierno ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma que modifica una veintena de leyes y seis decretos anteriores. Así lo anunció la ministra portavoz del Gobierno, la sevillana María Jesús Montero, y exconsejera de Hacienda y Administración Pública del Gobierno andaluz hasta hace dos años.

La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de Estado lo desaconseje.

En cualquier caso, si se llegara a impugnar una parte del decreto, no lo tumbaría en su totalidad. En concreto, el Gobierno quiere impugnar el precepto que modifica la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, por entender que vulnera las competencias estatales en defensa de los bienes culturales y contra la expoliación que están recogidas en el artículo 149 de la Constitución española.

"Vulneración directa"

El Ejecutivo central también ha detectado una "vulneración directa" de competencias estatales exclusivas en materia de telecomunicaciones, ha detallado Montero.

También se ha pronunciado al respecto el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco. Ha insistido en que el decreto "no es susceptible de mejora" dado que "no es una improvisación" y se realizó un extenso "trabajo jurídico" para su elaboración.

En declaraciones a Canal Sur TV, Velasco ha asegurado que "es difícil de mejorar en aspectos en particular porque lo hemos pensando, debatido y presentamos lo mejor". Todo ello, ha insistido, para facilitar la creación de nuevas empresas e inversiones en Andalucía y para que su funcionamiento sea más "fácil" ante la proliferación de normas con las que contaba la administración andaluza.

Su retirada

Tanto el PSOE andaluz como Adelante Andalucía solicitaron a la Junta la retirada del decreto porque consideraban que una norma de ese calado requería un debate más sosegado y anunciaron su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional por haberse aprobado en Diputación Permanente durante crisis del Covid-19. La medida también ha suscitado las críticas de distintos sindicatos y de colegios y asociaciones profesionales.

Según defiende la Junta, esta reforma legal, aprobada con los votos de los socios de gobierno de la Junta -PP y Ciudadanos (Cs)- y el apoyo de Vox, se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por la administración autonómica en esta legislatura, que tiene como finalidad atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente.