El término batas blancas para referirse a las manifestaciones de profesionales sanitarios se acuñó a finales de 2012 con motivo de los recortes en el Sistema Nacional de Salud ocasionados tras la crisis económica. Grandes movilizaciones que, diez años después, vuelven al centro de Madrid. Será este sábado 18 de junio.
La manifestación la han convocado todos los grandes representantes de la profesión enfermera (colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos y estudiantes) agrupados bajo el nombre de Unidad Enfermera.
Sus reivindicaciones son varias y pasan por la mejora del sistema sanitario tras "años de recortes" y de sus condiciones laborales. Una de sus exigencias de las enfermeras es ser reconocidas con la categoría profesional A1, como a los médicos, y que esto repercuta en una subida de salarios.
Bajo el lema "Defendamos nuestro derechos y la Sanidad", la manifestación se iniciará a las 11.00 horas, en la Plaza de Jacinto Benavente de Madrid, y, tras pasar por el Congreso de los Diputados, finalizará su recorrido junto a la sede del Ministerio de Sanidad. Además de miles de enfermeras de todo el país, "se espera la participación de pacientes, usuarios y ciudadanos".
Los convocantes de la manifestación son conscientes de que ha habido más marchas sanitarias desde que las batas blancas tiñeron las calles de blanco en 2012, pero creen que ninguna será tan multitudinaria como la que se ha convocado este sábado. En España hay colegiadas más de 325.000 enfermeras, por lo que sus previsiones son lógicas.
Aumentar el gasto sanitario público, reforzar las plantillas en todos los servicios asistenciales (desde hospitales a servicios sociales) y algunas otras reivindicaciones históricas de la profesión serán los puntos candentes de la marcha. Los enfermeros piden una "alternativa" para el Estado de bienestar que empieza por ellos mismos.
Condiciones laborales
Esta manifestación está convocada por enfermeras y, entre sus reivindicaciones, los profesionales quieren mejorar su categoría profesional; deuda que el Gobierno de España tiene con las enfermeras desde hace más de 14 años.
Hay que retrotraerse a 2008 cuando España se unía al Espacio Europeo de Educación Superior (el llamado Plan Bolonia) por el que se extinguieron las antiguas licenciaturas y diplomaturas; las cuales se relacionaban directamente con categorías funcionariales: A1 para licenciados y A2 para diplomados.
Manifestación del Sindicato Satse, integrante de Unidad Enfermera, frente al Congreso de los Diputados.
Esto quería decir que las enfermeras estaban categorizadas como A2 en su convenio funcionarial y los médicos como A1. Al desaparecer esta división y todos ser graduados, el Ministerio de Sanidad firmó en 2013 un pacto por la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Nacional de Salud. En él se establecía una reclasificación profesional y que las enfermeras y fisioterapeutas fueran reconocidos dentro del Grupo A.
Esto también se refleja en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En ese punto se especifica que para el acceso al Grupo A de funcionarios públicos "se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario, será este el que se tenga en cuenta".
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Es por ello por lo que los enfermeros quieren aprovechar la movilización del sábado para que se cumpla su reivindicación histórica a la que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha evitado dar respuesta en varias ocasiones.
Convertir a las enfermeras en categoría profesional A1 tendría un sobrecoste para las arcas del Estado y ahí parece estar el problema. Según fuentes de la profesión, pasar de un grupo A2 a uno A1 en la Administración Pública supone unos 6.000 euros al año por enfermera, concretamente 5.918.
Imagen de archivo de una manifestación de residentes en julio de 2021.
Cogiendo las tablas salariales de la Comunidad de Madrid, observamos que el personal técnico titulado superior A1 percibe 33.078 euros anuales, mientras que los profesionales del grupo A2, en el que se encuentra el personal de Enfermería, reciben un salario base de 27.160 euros brutos.
Teniendo en cuenta que en España hay 320.000 enfermeras colegiadas, si el Ejecutivo decide subir a las enfermeras a la categoría profesional A1, esto supondría una inversión del SNS de 1.920 millones de euros.
Recortes
Junto con las retribuciones y la categoría profesional, las enfermeras saldrán a la calle para denunciar la falta de "seguridad asistencial" que existe en España al no disponer de unas plantillas suficientes de enfermeras que puedan ofrecer una atención y cuidados de calidad a los pacientes.
Las largas esperas para consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas, las situaciones de colapso en los centros y, especialmente, en determinados servicios, como Urgencias, la permanente sobrecarga y tensión asistencial, el cierre, temporal o permanente, de unidades y servicios… son algunos de los problemas que perjudican gravemente la calidad asistencial, según Unidad Enfermera.
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Por poner un contexto internacional, España cuenta con una ratio de 5,6 enfermeras por 1.000 habitantes, cuando la media europea es de casi 9 enfermeras por 1.000 habitantes, lo que le sitúa en los últimos puestos y muy por detrás de países que superan las 13 enfermeras por cada mil habitantes, caso de Suiza, Noruega, Islandia, Finlandia o Alemania.
Imagen de archivo manifestación de los residentes durante su recorrido por el centro de Madrid durante el mes de julio de 2020. (Foto: Comité de Huelga MIR)
Para incrementar las plantillas, uno de los integrantes de la plataforma Unidad Enfermera, el sindicato SATSE, lidera en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha de una ley. Si saliera adelante, en España sería obligatorio que existiera un ratio enfermero. Sería similar al de los profesores en Educación y por cada paciente sería obligatorio, por ley, que hubiera un número concreto de enfermeras.
Según estimaciones iniciales, incrementaría las plantillas en 130.000 profesionales más. Esto supondría un "alto coste" para las arcas públicas. Precio, que según fuentes de la oposición en el Congreso de los Diputados, pueden asumir las comunidades autónomas.
Aproximadamente, el coste de contratar a estos profesionales sanitarios sería de unos 3.900 millones de euros, teniendo en cuenta que el salario medio es de 30.000 euros brutos anuales, según adelantó Invertia. El economista Álvaro Hidalgo explicó a este medio que esta retribución varía en función de las guardias, por tener especialidad y las aportaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto, esta cantidad podría aumentar.