La Guardia Civil investigaba la celebración de los homenajes a presos de ETA, los llamados ongi etorri, pero acabó descubriendo las pruebas de la connivencia de la cúpula del Ministerio de Interior con el entorno de ETA para coordinar el acercamiento de los terroristas encarcelados al País Vasco y Navarra.
El escándalo vuelve a cuestionar la gestión del ministro Fernando Grande-Marlaska, después de que EL ESPAÑOL desvelara que numerosos presos de ETA han obtenido beneficios penitenciarios utilizando informes médicos firmados por una doctora y antigua dirigente de Herri Batasuna, e informes psicológicos emitidos por el candidato de Bildu Unai Lizarralde Muñoz.
No es la primera vez que los registros y pinchazos telefónicos ordenados por el juez ponen en evidencia graves actuaciones políticas, que eran ajenas a la investigación inicial.
La operación Volhov sobre el desvío de fondos públicos de la Generalitat para financiar a Puigdemont en Waterloo ha puesto en apuros al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y lo ha colocado en el punto de mira de la Fiscalía Europea por la gestión de los fondos Next Generation.
En ambos casos, se trata de hallazgos casuales, que no respondían a la intención del juez. Pero se producen cuando las relaciones del ministro Fernando Grande-Marlaska no atraviesan por su mejor momento con la Guardia Civil y la Policía Nacional, debido a cuestiones como la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que, alegan los sindicatos policiales, deja desprotegidos a los agentes.
La investigación judicial del caso Ghali y la causa -luego archivada- sobre la autorización de las manifestaciones del 8-M en las primeras semanas de la pandemia también han puesto en jaque al actual Gobierno de coalición.
Manifestaciones del 8-M
El ministro Fernando Grande-Marlaska cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos en mayo de 2020 por negarse a informarle sobre la causa que una juez instruía contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones feministas del 8-M en pleno inicio de la pandemia.
La juez Carmen Rodríguez-Medel había decretado el secreto de sumario, por lo que Pérez de los Cobos ni siquiera podía informar al ministro sobre los avances de la investigación.
La Comandancia de la Guardia Civil de Madrid había dirigido a la magistrada un durísimo informe, según el cual "el Gobierno conocía ya desde el mes de enero la gravedad real de la pandemia por coronavirus", por lo que "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria de la Covid-19".
El informe de la Policía Judicial desgranaba hasta nueve alertas que el Gobierno ignoró, cuando varias ministras animaron a acudir masivamente a las manifestaciones del 8-M. Tan sólo seis días después de estas marchas, el 14 de marzo, el Consejo de Ministros decretó el primer estado de alarma (luego declarado ilegal) por el que los españoles permanecieron confinados en casa más de tres meses, mientras se disparaba la cifra diaria de muertes.
La Fiscalía se apresuró a pedir el archivo de las distintas querellas y denuncias presentada por las marchas del 8-M en plena pandemia.
Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional determinó finalmente, en septiembre de 2021, que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos había sido adecuadamente motivado y rechazó anularlo. Pero aquel episodio fue el primero de los desencuentros de Grande-Marlaska con la cúpula de la Guardia Civil.
El 'caso Volhov'
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga en el caso Volhov el presunto desvío de fondos públicos para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo y su fantasmagórico Consell de la República.
Pero los pinchazos telefónicos ordenados por el juez han deparado todo tipo de sorpresas. En una llamada intervenida, David Madí (exasesor de Artur Mas) se concertaba con un socio para hacer negocio asesorando a las empresas que quieren solicitar fondos europeos, tras mantener una reunión "de pequeño comité" con el entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, en Fomento del Trabajo.
"Tuvimos una reunión de pequeño comité con Iván Redondo... esto será una merienda de negros... son 140.000 millones", explicaba Madí a su interlocutor.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha acordado remitir a la Fiscalía Europea estos hechos para que determine si se ha podido producir un delito de "defraudación de subvenciones y ayudas europeas".
Otro de los imputados en la causa, el exconseller de Gobernación Xavier Vendrell, asegura en una grabación que Carles Puigdemont le dijo, antes de la votación de investidura, que "hay que hacer presidente a Pedro Sánchez, aunque sea gratis".
En su informe dirigido al juez, la Guardia Civil ha anotado esta frase que no constituye ningún ilícito penal, pero que tiene indudables connotaciones políticas: muestra el apoyo de los independentistas al Gobierno que ha indultado luego a todos los condenados en el juicio del 1-O.
Los pinchazos telefónicos también muestran que Xavier Vendrell (imputado por malversación, blanqueo de capitales, prevaricación urbanística y tráfico de influencias) recurrió sin éxito al entonces presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, en noviembre de 2018 para intentar ser recibido por Pedro Sánchez en La Moncloa.
"Buenos días, Joan, soy consciente de que este es un mes complicado para ti, pero si pudiéramos desencallar la visita a La Moncloa me harías un gran favor, para mí es importante por diferentes temas. Gracias!", indica uno de los mensajes presentados por la Guardia Civil ante el juez.
El 'caso Ghali'
Pedro Sánchez destituyó a Arancha González Laya como ministra de Asuntos Exteriores en la crisis de Gobierno de julio de 2021, tan sólo dos meses antes de que quedara imputada en el llamado caso Ghali, por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental.
La investigación que dirige el juez de Zaragoza Rafael Lasala ha dejado al descubierto las maniobras que desarrolló el Gobierno para introducir en España en secreto al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, con el fin de que fuera tratado de Covid en un hospital de Logroño.
Todos los esfuerzos fueron en vano, ya que los servicios secretos de Marruecos no tardaron en descubrir la presencia de Ghali en España. El régimen de Mohamed VI provocó entonces la mayor crisis migratoria de los últimos años en Ceuta, con la entrada de 10.000 inmigrantes ilegales en 24 horas, y finalmente rompió las relaciones diplomáticas con España.
El entonces jefe de gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, ha reconocido ante el juez que dio instrucciones al General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, para que Ghali no fuera sometido a los controles de inmigración y aduanas a su llegada a la Base Aérea de Zaragoza. "Todo ha sido discreto", le informó luego el mando militar por WhatsApp.
Varios testigos han confirmado que un individuo no identificado, vestido con "traje y corbata", dio instrucciones a los militares a pie de pista para que Brahim Ghali fuera introducido en la ambulancia que le llevaría hasta el hospital de Logroño. Una vez ingresado en el centro sanitario, fue registrado con la identidad falsa de "Mohammed Abdellall".
El líder polisario abandonó finalmente España en junio de 2021, a bordo de un jet privado procedente de Burdeos, alquilado a una compañía chárter de Burdeos. Era el plan b para lograr su salida del país, después de que los controladores aéreos militares obligaran a abandonar el espacio aéreo español al avión oficial que el Gobierno de Argelia había enviado para recoger a Ghali.
Los presos de ETA
La investigación de la Guardia Civil sobre los ongi etorri ha deparado el último sobresalto al Gobierno. Los mensajes de Whatsapp interceptados por la Guardia Civil en el marco de la Operación Kabat muestran cómo los miembros del entorno de ETA diseñaban la estrategia de acercamiento de los terroristas encarcelados y trasladaban sus peticiones al Ministerio del Interior.
Algunos de los mensajes del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, acabaron en el teléfono móvil del terrorista Antonio López Ruiz, alias Kubati, condenado por el asesinato de 13 personas. Entre ellas, el teniente de la Guardia Civil Ignacio Mateu Istúriz, hermano del diputado del PP por Burgos Jaime Mateu.
"73 añitos, o sea, que lo lleven a Burgos y luego que le den permiso y echando leches el 2º grado 100.2 para irse a casa a disfrutar de la vida", indica uno de los mensajes intervenidos, en alusión a José María Arregi, Fiti, el preso de la banda más veterano.
Los mensajes también muestran la condescendencia mostrada por el equipo de Grande-Marlaska con la celebración de los homenajes a presos de ETA. Así lo explicó el exconsejero de Justicia del Gobierno vasco Joseba Azkarraga a otro de los negociadores: "Aprovecho para comentarte que me envía el de Madrid un Whatsapp con la foto del ongi etorri de ayer y me dice: 'Esto no ayuda mucho'".
El PSOE votó el pasado mes de noviembre, junto a Bildu y ERC, en contra de la propuesta que había presentado Ciudadanos (Cs) para prohibir los llamados ongi etorri.