El arrepentimiento de los etarras como justificación para efectuar sus traslados a prisiones más próximas al País Vasco lleva tiempo en entredicho. Así lo ven al menos las víctimas de ETA y, en los últimos días también, los jueces quieren saber cómo se están argumentando esos traslados.

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Ello es así gracias al empeño y los recursos interpuestos por las víctimas para conocer los entresijos y las razones reales del traslado de dos de los asesinos de la banda: Harriet Iragui Gurruchaga y Juan Antonio Olarra Guridi, autor e inductor, respectivamente, del asesinato de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Daniel Portero es presidente de la asociación Dignidad y Justicia e hijo del que fue primer fiscal del TSJA hasta que ETA lo asesinó.

Tuvo la idea de recurrir cuando se enteró de que habían trasladado a uno de los asesinos de su padre y que la junta de tratamiento de la prisión no opinaba lo mismo que la Secretaría General Técnica de Instituciones Penitenciarias.

"He tenido reuniones y he estado también con el secretario general. Y cuando hablo con él me doy cuenta de que hay mucha decisión política detrás", recuerda Portero.

A raíz de aquello, Daniel Portero lo vio claro y se dirigió a la Justicia. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha admitido a trámite su recurso y el juez exige a Interior que le dé traslado del expediente en cuestión en un plazo de 20 días. 

Esta decisión judicial supone un pequeño y primer revés a la política penitenciaria emprendida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde su llegada al cargo hace casi 3 años. Ahora Marlaska e Instituciones Penitenciarias se encuentran en un aprieto. Tendrán que poner fin al secreto y el celo con el que guardaban los expedientes de los etarras que iban siendo trasladados desde el sur a prisiones situadas cerca del País Vasco.

¿Se arrepienten?

Interior tendrá también que aportar los informes elaborados para cada uno de ellos por las juntas de tratamiento de las prisiones. Y es ahí donde Daniel Portero y los miembros de Dignidad y Justicia creen que puede estar el meollo del asunto. Como otras asociaciones, mantienen la opinión de que muchos de los movimientos de una cárcel a otra se llevan a cabo sin el visto bueno de los informes de esos especialistas penitenciarios. Esto les lleva a pensar y a analizar que muchos de los etarras, en realidad, no se han arrepentido. 

Ahora, los magistrados del TSJM quieren conocer el expediente "original o copiado, completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga, notificándose la resolución que ordene la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo".

Portero dice que las víctimas creen que esta sería una vía clara para que otros afectados emprendan el mismo camino y requieran judicialmente los expedientes.  Son muchos los que han visto en el último año y medio cómo los etarras que asesinaron a sus familiares eran enviados a prisiones próximas a su tierra natal.

Sin ir más lejos, desde Dignidad y Justicia aseguran que, entre muchas otras, la diputada del Partido Popular, Teresa Jiménez-Becerril, hermana del concejal popular en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril, ya se ha interesado por el recurso interpuesto ante la Justicia. 

Cartas falsas

La sospecha de la falta de arrepentimiento de muchos de los presos de la banda terrorista siempre ha estado sobre la mesa. Sobre todo, en los últimos tiempos ante el aumento de los traslados, unos cinco cada semana.

Hace unos meses, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunciaba que habían descubierto una estrategia "orquestada por los abogados de los etarras" para hacerles firmar a los presidiarios "cartas de falso arrepentimiento" para así tramitar con el Ministerio del Interior su traslado. Esas misivas, explicaban a EL ESPAÑOL, jamás llegaban a las víctimas y familiares de quienes fueron asesinados por ETA.

"Esto no haría más que confirmar lo que venimos denunciando desde septiembre de 2018, que es la utilización de supuestos arrepentimientos de formulario para enmascarar lo que no es otra cosa que una cesión a una reivindicación histórica de la banda", apuntan desde la AVT.

En Interior aseguran desde hace meses que los presos trasladados han pedido perdón por sus crímenes con mismas a las que la AVT no otorga ningún valor.