Salvador Illa, exministro de Sanidad y actual líder del Partido Socialista en Cataluña, ha afeado este martes al Partido Popular que pida ahora la declaración del estado de alarma cuando antes se opuso a ello. 

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En entrevista a RTVE, Illa ha lamentado que "quienes más se quejan de que no hay estado de alarma fueron los que más se quejaron cuando en su día el gobierno decidió volver a decretarlo". "Vivir para ver", ha sentenciado

El exministro de Sanidad ha recordado que España ya vivió "un periodo amplio sin estado de alarma en el que se pudieron adoptar varias medidas hasta que los números obligaron a volver a decretarlo".

Illa recuerda que "cualquier limitación a las libertades individuales tiene que ir avalada por una decisión judicial" pero, al igual que varios miemnbros del Gobierno viene  repitiendo estos días, asegura que "hay formas de afrontarlo"

"Ya lo vivimos entre junio y octubre y las Comunidades tienen mecanismos para afrontarlo y poder establecer las restricciones", explicó. 

La primera noche sin estado de alarma y toque de queda se convirtió en una multitudinaria celebración para miles de jóvenes, que llenaron las calles y plazas para beber y bailar, cansados de meses de prohibiciones.

En Madrid, Chueca, Malasaña o la Puerta del Sol fueron tomadas por miles de personas sin distancia de seguridad que comenzaron la noche sin acatar el último toque de queda, que regía hasta las 23.00 horas. En Barcelona, la medianoche llegó con petardos y gritos de alegría y dio paso a que zonas como la plaça dels Àngels, el paseo del Born o las playas de la ciudad se llenaran de gente en grupos, algunos de más de seis personas -número máximo establecido- y con pocas mascarillas.

Varias comunidades han solicitado a sus respectivos tribunales superiores de justicia dar luz verde a restricciones que decaen con el estado de alarma, como el toque de queda o el cierre perimetral, pero los tribunales están teniendo decisiones dispares. 

El Gobierno, que ha dejado en manos de las autonomías la toma de medidas tras el fin del estado de alarma, aprobó la semana pasada un real decreto-ley que establece que será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra. El objetivo, dice, es que así se mejorará la seguridad jurídica y dará más coherencia al sistema. De hecho, el decreto da cinco días al Supremo para resolver el recurso de casación que interponga la comunidad autónoma.