Las turbulencias en el avión de la coalición entre PSOE y Podemos que pilota Pedro Sánchez no son nuevas. Y las posibilidades de estabilizar mínimamente el vuelo parecen cada vez más remotas. En el inicio de 2021, y cuando se cumplía un año de la constitución de este Ejecutivo inédito en la reciente historia democrática de España, las cosas no han hecho sino empeorar.
Algunos de los motivos que las provocan se enquistan (parece que sin remedio) y la paciencia de algunas ministras socialistas -con las que Pablo Iglesias sostiene una particular pugna- da síntomas de agotamiento evidente.
Los dirigentes morados disparan sus críticas en varias direcciones, y lo hacen incluso hablando en tercera persona del Ejecutivo. Igual que si estuvieran aún en la oposición, como le reprochan los socialistas.
Sánchez e Iglesias.
La palma de sus invectivas, veladas o no, se la lleva la vicepresidenta tercera Nadia Calviño y su equipo, así como en general el área más tecnocrática del Ejecutivo, con dirigentes como la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera, responsable de la cartera de Transición Ecológica, o el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
La propia Ribera afirmaba esta semana, en una entrevista en Radio Nacional, que "hay que trabajar de otro modo". Una clara señal de hartazgo ante los reproches de Podemos, en concreto en esa ocasión por la subida exponencial del precio de la luz durante el temporal de frío.
Subida de la luz
Iglesias, que ponía el grito en el cielo cuando hacía oposición al Gobierno de Mariano Rajoy y también se producían estos incrementos de precio, se escuda ahora en no tener competencias en el Gobierno sobre la materia.
Aunque corresponden a la ministra Ribera el grueso de esas competencias, carteras como las de Derechos Sociales integrada en la vicepresidencia segunda de Iglesias o Consumo, de la que es titular Alberto Garzón, no son precisamente lejanas a la problemática eléctrica, como afirmaba en declaraciones a EL ESPAÑOL el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Ruben Sánchez.
La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Con el equipo de Calviño los roces vienen de lejos. La vicepresidenta económica terminaba 2020 replicando a Iglesias que no necesitaba de su "presión", como había blasonado el líder de Podemos, para hacer políticas sociales. Pero le pedía, al mismo tiempo, actuar con "responsabilidad" en materias sensibles como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las pensiones, que se dibuja en el horizonte como el gran conflicto de este año en la coalición y el único que tendría la fuerza suficiente, incluso, para llegar a romperla.
Sánchez aboga por un gran acuerdo de Estado en esta materia sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, que incluyen el aumento efectivo de la edad de jubilación a los 67 años. Iglesias advierte que no aceptará ningún tipo de recortes en el sistema público y amenaza con arrojarle al presidente la videoteca del pasado sobre este asunto. La parte socialista del gabinete, como hizo el ministro Escrivá, pone sobre la mesa el aumento a 35 años del periodo de cálculo de la pensiones. Una medida que para Podemos es casus belli.
Investigar al Emérito
Además de las cuestiones económicas, otro de los asuntos que más enfrentaron a los socios de coalición en 2020, el relativo al rey Emérito, se recrudecía esta semana al rechazar de nuevo la Mesa del Congreso una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades de Juan Carlos I.
El PSOE volvía a sumar el pasado miércoles sus votos en el órgano de gobierno de la Cámara Baja a PP y Vox, pero en esta ocasión los letrados del Parlamento sí habían dado el visto bueno a que se llevase a cabo esa comisión. Los podemitas elevaron el tono, y en particular la número dos de Iglesias en la vicepresidencia, la secretaria de Estado de Agenda 2030 Ione Belarra, quien acusaba a Margarita Robles de aliarse con "los ultras".
Margarita Robles.
La ministra de Defensa no se mordía la lengua, como ya ha hecho en varias ocasiones. "No comento tuits. Si Belarra quiere trabajar, hablamos" afirmó el miércoles, en una rueda de prensa junto a los ministros Ábalos y Marlaska, con motivo de la borrasca Filomena.
Es cierto que Sánchez parece enderzar el rumbo de la legislatura tras el acuerdo presupuestario, y también que ese pacto, con ERC y Bildu como socios en detrimento de Ciudadanos, es del agrado de Iglesias.
Sin embargo, a medida que avance el tiempo hasta 2023, cuando se celebrarán las elecciones generales de no haber adelanto, las diferencias entre socialistas y podemitas pueden ir agrandándose. Más aún cuando cada vez quedará menos tiempo para llevar a cabo los compromisos adquiridos en el acuerdo de coalición, aunque se firmase antes de la pandemia, el elemento más disruptivo que cabría imaginar.
Viejas querellas como las relativas a la adecuación jurídica de la Ley de Libertad Sexual que impulsa la ministra de Igualdad, Irene Montero, algo que provocó el primer gran encontronazo de la coalición, no tardarán en salir de nuevo a flote. La incógnita es saber si Sánchez sabrá controlar las turbulencias para completar con éxito el vuelo.