El plan aprobado por Moncloa para vigilar desde el Gobierno a los medios de comunicación y perseguir aquello considere que sea "desinformación" está causando un profundo malestar en ciertos sectores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En los servicios secretos se observa con recelo la estrategia diseñada por el equipo más estrecho del presidente del Gobierno, y apuntan que lo que en realidad está en juego no es la gestión de las fake news, sino el control de la información por parte del Ejecutivo socialista, y de su posible "censura sin una tutela judicial". 

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Fuentes próximas a las entrañas de inteligencia consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que su labor es la de evitar amenazas a la seguridad nacional, y no la de coartar los derechos fundamentales de la prensa y del ciudadano. Su postura al respecto es clara: "Ataca la libertad de expresión".

La maniobra, conocida este jueves, partía de la orden emitida por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por la ministra y vicepresidenta Carmen Calvo. Fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez se aprobó en el Consejo de Seguridad Nacional. 

El plan, basado en el ejemplo de la directiva de la Unión Europea, tiene en principio como objetivo combatir las fake news y campañas de desinformación que busquen desestabilizar las instituciones o procesos electorales.

En todos los resortes incluidos en la planificación está presente el Gobierno. Ello es así de tal modo que el Ejecutivo figura incluso por encima de los organismos de seguridad o inteligencia. La coordinación de la comisión partirá de la Secretaría de Estado de Comunicación y estará presidida por el director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), puesto que actualmente ocupa el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros.

El DSN realizará también la función de secretaría, según el documento publicado en el BOE. De hecho, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está al mismo nivel de responsabilidad que otros organismos como la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (SEDIA) o los gabinetes de comunicación de los diferentes ministerios. 

Al mismo nivel que esos actores estará la Secretaría de Estado de Comunicación, con Miguel Ángel Oliver al frente, e Iván Redondo, el asesor y consejero más estrecho de Pedro Sánchez. Ambos, al tener asiento en el Consejo de Seguridad Nacional, tienen un sillón asegurado. Ambos serán los encargados de llevar las riendas de la Comisión Permamente contra la desinformación.

Coordinar y "censurar" 

El texto con el que se aprueba la orden, aunque señala que "la información veraz y diversa" es "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas", desliza que también supone una amenaza "la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

El proyecto no lo dice expresamente, pero su principal función será controlar los diferentes canales de comunicación -incluyendo medios digitales y redes sociales- y buscar mecanismos de respuesta ante la propagación de fake news.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y su vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Efe

Las fuentes consultadas en inteligencia entienden que lo que se ha ordenado es formar un grupo de trabajo con el fin de coordinar, "censurar", tener la capacidad de contrainformar siguiendo unas directrices concretas que emanan desde el Gobierno e iniciar campañas de operaciones psicológicas con el objetivo de difundir determinados mensajes desde el poder legislativo. 

Esas mismas fuentes insisten en que este aparato de control vulneraría los artículos 18 y 20 de la Constitución. Es decir, afectarían al derecho al honor, a la intimidad, a la libertad de expresión de los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio.

Algunos miembros de los servicios secretos advierte del peligro que entraña tanto negar la difusión en libertad de la propia opinión y el privar del acceso a la información sin que vuelva a mediar la acción de un juez.

Cuatro niveles

El gobierno de Sánchez busca así establecer unas líneas maestras con las que, dice pretende, entre otras cosas "fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático". Para ello, la orden establece que se ha de examinar "la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil".

El procedimiento establece cuatro niveles diferentes de actuación que serviría tanto para detectar y analizar "campañas de desinformación" como para proporcionar apoyo en situaciones de crisis en las cuales las instituciones se vieran afectadas por "dichas campañas".

No es la primera vez que la sombra de la pretensión del gobierno de controlar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación planea sobre Moncloa. A mediados del pasado mes de abril, en pleno confinamiento, durante la primera ola de la pandemia del coronavirus, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundió una encuesta en la que planteaba a la ciudadanía la posibilidad de aplicar la censura de determinadas informaciones durante la crisis de la Covid-19.

En concreto, la pregunta que se lanzó fue la siguiente: "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?".