El Gobierno no se plantea, de momento, modificar el real decreto del estado de alarma para permitir a los presidentes autonómicos confinar a los ciudadanos en sus casas si la evolución epidemiológica lo requiriera. El Gobierno vasco ha sido el Ejecutivo regional más explícito en plantear en el Consejo Interterritorial de este miércoles un cambio en el real decreto para que aquellas zonas que lo necesitaran puedan aplicarlo "de forma inmediata". Una decisión que Moncloa aún está meditando.

La reunión que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mantenido con los 17 consejeros autonómicos ha servido para que cada autonomía evaluara los datos epidemiológicos de sendos territorios. El Gobierno, sin embargo, se ha dedicado a tomar nota de cada radiografía y de cada sugerencia, pero en ningún momento planteó la posibilidad de ampliar las restricciones a los ciudadanos ni modificar el real decreto que el Congreso convalidó para poder aplicar hasta mayo.

Moncloa quiere tiempo antes de tomar una decisión más drástica respecto a limitar más la movilidad de los ciudadanos. Illa habló de que se necesitan "dos o tres semanas" para que las "medidas" ahora implementadas "produzcan su efecto". Sin embargo, no quiso poner una fecha concreta para negociar esa posible ampliación de restricciones que obligatoriamente necesitará enmendar el real decreto que ya ha validado el Parlamento. El ministro insistió en que no ha habido debate en la reunión "más allá de que cada comunidad ha expresado su opinión". 

La evolución ascendente de los datos empuja irremediablemente a España a plantear, al menos, este hipotético escenario futuro. En Europa se multiplican los países que ya han anunciado confinamientos domiciliarios: Alemania, Hungría, Italia, Portugal o Reino Unido, entre otros.

Cada vez más presidentes autonómicos hablan abiertamente de volver al confinamiento domiciliario, como Asturias, Castilla y León, Ceuta y Melilla. Illa, sin embargo, defiende que las medidas que se han adoptado hace apenas unos días deben durar un mínimo de siete días antes de evaluar si son efectivas o no. 

"Criterios uniformes"

La queja que le ha llegado al ministro ha sonado muy similar desde todos los rincones de España. Los consejeros han criticado que cada autonomía "va a lo suyo" y que no existen "criterios uniformes" que clarifiquen a los ciudadanos qué criterios deben seguir en qué circunstancias.

El Gobierno defiende que "hay una estrategia nacional" que recoge el real decreto de estado de alarma aprobado. Y, por ello, ha pide explícitamente ser "estrictos", "rigurosos" y "darnos tiempo" para evaluar la efectividad de las medidas actuales que ya son, a su juicio, "muy contundentes", incluso "drásticas".  

Cogobernanza

La cogobernanza instaurada en el decreto del estado de alarma provoca que cada Gobierno autonómico haya optado por aplicar el estado de alarma a su manera. Moncloa ha permitido a Madrid que cierre solo el puente de la Almudena y estudiará que se puedan hacer test Covid en farmacias, pero su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, descarta por ahora cerrar los bares. Galicia y Murcia han optado por cerrar la hostelería mientras Cantabria ha confinado a todos los municipios de la región hasta el lunes.

El ministro Illa ha recordado a los consejeros que el toque de queda es obligatorio hasta el lunes. A partir de entonces, cada presidente autonómico tiene que decidir si mantiene la restricción nocturna o la levanta. El Gobierno solo adelantó que ya hay algunas autonomías que han anunciado que lo mantendrán mientras que otras "no se han pronunciado".

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