Carlos Frías Eduardo Ortega Socorro

El Ministerio de Sanidad adjudicó un contrato por valor de 17,1 millones de euros a la empresa Inter Pharma para la adquisición de los cerca de 659.000 test fallidos para detectar el coronavirus, fabricados por la compañía china Shenzen Bioeasy Biotechnology

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El nombre del intermediario y el importe total de estos kits de diagnósticos han sido preguntas recurrentes durante las comparecencias de los distintos miembros del Gobierno, que siempre han rehuido dar la información.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la documentación que establece la relación comercial entre Sanidad e Inter Pharma, que actuaba como intermediadora e importadora de unos test que no llegaban a los estándares mínimos de fiabilidad para ser utilizados en la población española. 

La cartera que dirige Salvador Illa pedía que las pruebas alcanzaran un 80% de fiabilidad pero estas llegaban apenas al 30%. Por esta razón, y según los pliegos en posesión de este periódico, el Gobierno ha exigido la devolución de 6.988.035 euros que ya habían sido pagados.

La firma del contrato se produjo el pasado 18 de marzo, cuatro días después de la puesta en marcha del estado de alarma. La empresa exigía un pago previo que alcanzaba los seis millones de euros más IVA, que supone el 35% de los 17,1 millones del total. El resto se pagaría en un plazo máximo de 24 horas. Esos seis millones suponen la cantidad que el Ejecutivo ha pedido que sea devuelta. 

La empresa intermediaria

Inter Pharma no es una empresa habitual en el sector del diagnóstico. Ni siquiera es una 'grande' del ámbito del medicamentoSe trata de una compañía especializada en productos de parafarmacia. Es decir, en champús, jabones y complementos alimenticios, por poner tres ejemplos.

Con tienda online propia, el núcleo de su negocio es la distribución de sus productos en oficinas de farmacia. También produce sus propios medicamentos, incluidos algunos de receta y financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Fundada en 1972 y con sede en Santa Coloma de Gramanet (municipio cercano a Barcelona), aunque su domicilio social se cambió a Madrid a principios de 2018, la empresa que ha importado los test de diagnóstico de BioEasy cuenta con menos de 50 empleados pero con unos activos totales de 3,85 millones de eurosEsto se debe a su patrimonio fijo, las instalaciones con las que cuenta para la fabricación de productos farmacéuticos y de parafarmacia.

Como administrador único de esta empresa, según los datos a los que ha tenido acceso este medio, figura John Oliver Staib, mientras que Hermann Staib Hans y Franz Staib Dieter aparecen como los dos únicos accionistas.

Esta empresa, sobre la que ahora están todos los focos por su actividad importadora (para la que está habilitada legalmente), logró en 2018 una cifra de negocio neta de 2.9 millones de euros

Reproche

La documentación, que ha sido colgada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, adjunta también una carta en la que Sanidad reprocha a la intermediaria la baja calidad de su producto. 

"El Instituto de Salud Carlos III, tras realizar los correspondientes estudios de fiabilidad de los test suministrados ha concluido en su informe de 24 de marzo de 2020 que la sensibilidad de la prueba rápida es muy inferior en nuestro medio a lo que indica la validación clínica por la que se obtuvo el marcado CE", explica la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, Patricia Lacruz.

La propia Lacruz envió un burofax pidiendo el reembolso de los seis millones de euros abonados a Inter Pharma a través del sistema de Correos.

Aclaración de la empresa

"El único objetivo de esta compañía ha sido el de ofrecer una alternativa que pudiese ser de utilidad en la detección precoz del Covid-19, condicionando el suministro de los test a su validación por parte de las autoridades sanitarias españolas", han indicado desde Inter Pharma en un comunicado.

Según señalan, Bioeasy "disponía en el momento del acuerdo de licencia para exportar sus productos y los test cuentan con el marcado CE y el certificado TÜV que permiten su comercialización y venta en la Unión Europea" y "el fabricante aportó la documentación requerida sobre las certificaciones, estudios clínicos y protocolos de uso, que fue trasladada a las autoridades españolas, que la analizaron y validaron".

Justifican el número de test adquirido en "la situación de emergencia y la escasez de estos productos en el mercado", por lo que bloquearon la mayor partida posible para garantizar el suministro futuro, "en previsión de que estos test pudiesen ser una buena alternativa para la detección precoz del Covid-19 y se enviaron las primeras partidas, que serían testeadas".

Cuando se reveló que los test no cumplían los estándares ofrecidos aseguran que "se procedió al abono íntegro del importe satisfecho en virtud del acuerdo, asumiendo esta compañía todos los costes generados por el suministro y aún antes de haber recibido los lotes de test suministrados". 

350 millones

El Gobierno ha gastado hasta el momento 350 millones de euros en material sanitario para hacer frente al coronavirus. Sanidad ha colgado en el citado Portal de Contratación los distintos acuerdos a los que ha llegado para adquirirlos.

Hasta ahora no se había hecho público ninguno de ellos. Finalmente se han hecho públicos tras la petición de la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda

Entre los distintos contratos está el de los test defectuosos que Sanidad tuvo que devolver.