Pedro Sánchez ha indicado en innumerables desde que fue elegido presidente del Gobierno que su intención es agotar la legislatura. Lo dijo en su primera entrevista televisada, desde el Palacio de la Moncloa, a los pocos días de llegar al poder. El jefe del Ejecutivo también ha advertido de que trataría de llegar al término del mandato, en junio de 2020, o al menos acercarse a esa fecha, incluso aunque no lograse sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. 

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Las cuentas públicas sucumbieron este miércoles en el Congreso por el voto en contra de ERC y PDeCAT, socios suyos en la moción de censura, que sumaron su "no" al de PP y Ciudadanos. Pero, incluso antes de la votación, de Moncloa comenzaron a salir fechas para un adelanto inminente. La primera fue la del 14 de abril, que supondría disolver las Cortes de inmediato, en la primera fecha disponible para respetar el límite de 54 días que la ley fija para su organización. La segunda fecha es la del 28 de abril. Es la que ha tomado toda la fuerza a la espera de la decisión final del presidente, que su equipo ha avanzado para este viernes. 

Pero, ¿qué ha pasado para que Sánchez haya pasado de decir que podía gobernar sin Presupuestos a que ultime una convocatoria como consecuencia del naufragio de las cuentas públicas?

El porqué de la primavera de Sánchez

Abril gusta a Sánchez, dicen en Moncloa, porque sólo al PSOE y a Vox convienen unas elecciones cuanto antes. El partido que lidera Santiago Abascal, en alza en todas las encuestas, se estrenaría en el que podría ser su mejor momento y evitaría el riesgo de que se enfriase su pujanza. El PSOE cree que, con el endurecimiento del tono hacia el independentismo y el rechazo de los Presupuestos, tiene el relato perfecto para presentarse al tiempo como víctima del independentismo y de las que llama "las tres derechas". Las cuentas públicas que mordieron el polvo serían un programa electoral tangible, que ya podría estar aplicándose. 

Según esta tesis (sobre la que puedes leer más aquí), el PP perderá muchos votos en favor de Vox, permitiendo a los socialistas volver a ser, más de una década después, el primer partido de España. Electores que en 2016 se decantaron por Unidos Podemos volverán al PSOE por la crisis interna de los morados y por el efecto del voto útil. Ciudadanos, al que en el PSOE enmarcan en la derecha, se desangrará en favor de los socialistas y de Abascal. 

Bueno para Sánchez, pero, ¿y para España?

No está claro que la jugada le salga bien a Sánchez. La política en España es volátil y de ultrarrápida combustión. Una vez que el presidente convoca, las cartas están marcadas. Y en casi dos meses puede pasar de todo. 

Sin embargo, sí hay cartas que se conocen ya. Este martes comenzó el juicio a los líderes independentistas procesados y se prevé que se prolongue durante alrededor de tres meses, aunque podría ser más tiempo. Varios miembros del Gobierno han expresado, antes del naufragio de los Presupuestos, la conveniencia de que un proceso judicial de esta envergadura y trascendencia tenga lugar en un país con cierta estabilidad política (así lo explicó EL ESPAÑOL en su día) y no mientras en las plazas se celebran mítines electorales. Además, una formación política, Vox, estaría al mismo tiempo en las calles y en los pasillos del Tribunal Supremo, donde ejerce la acusación popular en la causa. 

Unas elecciones el 28 de abril interferirían, sin duda alguna, en los importantes comicios que se celebran el 26 de mayo y que llevan marcados en rojo en el calendario desde hace meses. Coincidirán las elecciones europeas (en toda la UE), las municipales y las autonómicas en 13 comunidades autónomas. 

Calendarios solapados

El nuevo Congreso de los Diputados se constituirá en un plazo de 25 días tras las elecciones, según fija el artículo 68 de la Constitución. Es decir, coincidiría con la víspera de las elecciones de mayo. La investidura del nuevo presidente, aunque las consultas del rey se demorasen lo mínimo imprescindible, no se produciría hasta después del 26 de mayo. El panorama de fragmentación política y ausencia de mayorías absolutas podría entrelazar las negociaciones para distintas administraciones, permitiendo hasta un cambio de cromos entre partidos. 

Es improbable que, antes de las elecciones de mayo, unos partidos en plena campaña, es decir, en pleno ejercicio de autoafirmación y distanciamiento del otro, avancen un pacto de investidura para el presidente del Gobierno. Si la intención de convocar las generales en abril es no interferir con las autonómicas y municipales, está claro que no logrará el objetivo. 

Un octubre desaconsejable para todos

El equipo del presidente del Gobierno ha concluido que al Ejecutivo se le ha agotado la gasolina. Si hasta mayo puede llegar en la reserva, la falta de Presupuestos hacen inviable la continuidad hasta el otoño, aseguran. La imagen de un presidente que se aferra al poder y la dificultad para convalidar decretos paralizarían al Gobierno, que ya no tendría la excusa de convocar como reacción al naufragio de los Presupuestos. Para entonces, ya no sería noticia. 

Pero un Gobierno paralizado no sólo es un mal argumento electoral para el PSOE sino una mala noticia para el conjunto del país, necesitado de reformas y con problemas que no pueden esperar. Por otra parte, el cumplimiento de los compromisos europeos en materia de consolidación fiscal estaría en jaque sin unos Presupuestos que pudieran corregir las desviaciones previstas por el Ejecutivo, la Comisión Europea y los organismos independientes. 

El superdomingo, todo en uno

La posibilidad de reunir en una sola jornada, el 26 de mayo (las generales son las únicas elecciones que pueden cambiar de fecha) puede suponer un reto para la mayoría de los electores, que tendrían que decidir el futuro de todas sus administraciones en un sólo día. Sin embargo, tendría evidentes ventajas. Para empezar, el ahorro de unos 175 millones de euros, que es lo que cuesta organizar unas generales. Además, evitaría un ciclo electoral eterno que prolongara la precampaña. 

La movilización podría alcanzar máximos históricos, ya que los ciudadanos tendrían muchos motivos para acercarse a los colegios electorales, fuese para votar en una o en otra urna. 

Hay barones socialistas que quieren que no coincidan porque creen que su gestión y su propia marca electoral superan a la del PSOE y Pedro Sánchez, muy condicionada por el debate territorial. Sin embargo, es poco previsible que Cataluña y la gestión de las relaciones con los independentistas no formen parte del debate del 26-M, se produzcan las generales cuando se produzcan.