Dos posturas opuestas en cuatro días. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, confirmaba este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez buscará y pagará un abogado que defienda al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Bélgica. El Ejecutivo se rectificaba a sí mismo. Porque el jueves anterior había anunciado que no defendería al magistrado en esta causa.
El Gobierno ultima la contratación de un bufete en Bélgica para la defensa de Llarena
Ya el sábado, ante el revuelo formado por las críticas de las asociaciones de jueces y fiscales ante la decisión de no ayudar a Llarena, el Gobierno anunciaba un cambio de postura. Así, los independentistas y Podemos pasaban del aplauso a la crítica al Gabinete de Sánchez.
Con el caso de Llarena llueve sobre mojado. Porque no es la primera rectificación de Sánchez desde que llegó al poder. En menos de tres meses en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha virado en tres grandes asuntos: la defensa de Llarena, la política migratoria y los impuestos.
Un viraje en política migratoria
El pasado jueves, el Gobierno de Sánchez anunció la aplicación inédita de un acuerdo en desuso con Marruecos para blindar la frontera de Ceuta. Policía y Guardia Civil entregaron a las autoridades marroquíes a las 116 personas que el día anterior saltaron la valla de la Ciudad Autónoma tras unas duras negociaciones de los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países.
El acuerdo llamó la atención por dos motivos. El primero, porque Madrid y Rabat recuperaban el Acuerdo entre España y Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente firmado por ambos países en 1992. Un acuerdo que permite la expulsión a Marruecos de aquellas personas que accedan a España de forma ilegal. ¿Por qué no se aplicó este acuerdo en ocasiones anteriores y sí el pasado jueves? La pregunta se responde en buena medida con la cumbre de Doñana que celebraron Angela Merkel y Pedro Sánchez el pasado 12 de agosto, en la que se anunció que la UE destinaría nuevos fondos a Marruecos y Túnez para desarrollar una política migratoria común.
Pero la decisión de expulsar a los migrantes, fuertemente criticada por Podemos y otros socios del PSOE, también llamó la atención por su interpretación política. A principios del mes de junio y tras una negativa de Italia, Pedro Sánchez abrió las puertas a una nueva política migratoria al recibir a las más de 600 personas que viajaban a bordo del barco Aquarius. No faltaron las voces políticas que le acusaron de provocar un nuevo efecto llamada con esta medida, como tampoco faltan las que ahora le acusan de haber dado un viraje a sus políticas en la materia.
A vueltas con la política fiscal
La otra gran rectificación de Sánchez en estos tres meses es la política fiscal. O, mejor dicho, consiste en una serie de rectificaciones o vueltas de tuerca en referencia a este asunto. Tanto que, como publicaba este lunes EL ESPAÑOL, es necesario hacerse con una guía que explique tanto viraje en tan poco tiempo y en una materia tan sensible.
El ya célebre impuesto a la banca constituye el principal ejemplo de los bandazos de Sánchez. Lo último al respecto es que el Ejecutivo preferiría una suerte de tasa Tobin a los bancos antes que un impuesto a sus pasivos. Pese a que originalmente la idea era aplicar un impuesto que gravase el pasivo de las entidades (sus depósitos). Otro tanto ha ocurrido con los impuestos a los beneficios de las grandes empresas o con la famosa tasa Google a las tecnológicas.
De las promesas a la realidad, como del dicho al hecho, hay una enorme distancia. Todo, además, enmarcado en una difícil relación con Podemos. El partido dirigido por Pablo Iglesias seguirá presionando en lo relativo todos estos gravámenes. Parece que los acuerdos serán complejos. Pero, como ocurrió con una reforma legal para sacar adelante el techo de gasto, no es imposible.