El juez Pablo Llarena rechazó el ofrecimiento de la Asociación Profesional de la Magistratura de poner a su disposición un abogado para que le represente ante el juez de Bruselas que la próxima semana tiene previsto decidir sobre la admisión o no a trámite de la demanda civil interpuesta por el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Llarena se negó "rotundamente" a ser defendido por un abogado particular, señalan fuentes de la APM, a la que el juez pertenece y que es mayoritaria en la carrera.

La asociación, que preside el magistrado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial Manuel Almenar, le planteó la posibilidad de contratar a un abogado para que Llarena no quedase en una situación de indefensión después de que el pasado jueves el Ministerio de Justicia anunciase que iba a esperar a que el juez belga se pronuncie sobre la admisión de la demanda para ver si ello compromete la inmunidad jurisdiccional española. Justicia añadió que no asumiría "en ningún caso" la defensa de Llarena "por los actos privados que se le atribuyen". Esos "actos privados" serían unas manifestaciones públicas hechas por el juez precisamente sobre la causa que instruía contra Puigdemont, afirmando la inexistencia de "delitos políticos" en ella.

Fuentes de la APM aseguran que la decisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, causó "dolor y sensación de abandono" en el magistrado del alto tribunal al entender que "le hacía el juego a los encausados" y dejaba el campo abonado al juez belga para admitir la demanda mediante una sencilla composición de los términos de la admisión a trámite.

Aun así, Llarena insistió en su negativa a aceptar un defensor contratado por la asociación judicial porque "tiene clarísimo que la demanda no se le ha puesto a título particular sino como instructor de la causa" abierta en el Supremo por la presunta relevancia penal de la declaración unilateral de independencia de Cataluña hecha el pasado otoño.

Precedente "peligroso"

"Llarena no va a aceptar ninguna defensa que no sea la del Estado porque está demandado por ser un servidor público", explican desde la asociación mayoritaria de jueces.

En esta posición influyó también la consideración de que, de aceptar una defensa privada, sentaría un antecedente peligroso para otros magistrados de la Sala Penal del Supremo que también podrían ser objeto de demandas o incluso para el mismo Llarena si los encausados optasen por multiplicar las demandas en Escocia, Alemania o cualquier otro país. "Podríamos hacer el esfuerzo una vez, pero no tendríamos dinero para una embestida de esa envergadura contra la independencia de los jueces españoles", señalaron desde la APM.

La rectificación a Delgado desde La Moncloa el pasado domingo ha sido, desde este punto de vista, un "alivio", indican en la asociación judicial, "aunque era lo debido: el Estado tiene la obligación de defender a sus autoridades cuando se las ataca por la función que desempeñan".

Rectificación a Justicia

El comunicado de La Moncloa habla de "la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena", en contraste con el de Justicia, que sólo se refería a la defensa de la inmunidad jurisdiccional española, sin mencionar a Llarena.

El texto de La Moncloa aludía también a la contratación "en breve" de un despacho de abogados belga, una contratación que Justicia dejaba el jueves condicionada a "si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español".