"¡Que tiemble el enemigo al ver nuestra bandera! Como hacemos caer espigas de oro, cuando conviene segamos cadenas". Els Segadors, himno de Cataluña, sonaba al filo de las 21:30 en el hemiciclo del Parlament. Pero había eco. Lo entonaban los 72 diputados independentistas y los 11 de Catalunya si que es pot (marca de Podemos y sus confluencias).

Tenían la voz cansada y la sonrisa truncada por casi 12 horas de debate bronco, lleno de intentos de Ciudadanos, PSC y PP por evitar lo que consideran un atropello a la legalidad y la culminación de un grave desafío democrático. Cuando llegó la hora de votar, los parlamentarios de estos tres grupos se marcharon para no hacerlo.

La ley del referéndum, uno de los textos más trascendentales que jamás hayan pasado por el registro del Parlament, comenzó su trámite, lo completó, fue debatido y pasó un fulgurante período de enmiendas en una sola jornada. Tiempo récord para un referéndum de autodeterminación cuya fecha fue anunciada el 9 de junio por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Por miedo a represalias del Tribunal Constitucional, el texto dormía en un cajón desde el 31 de julio. 

El desafío independentista fue aprobado (justo antes de que los independentistas cantasen "¡Buen golpe de hoz!", como reza el himno) por 71 diputados de Junts pel Sí y la CUP, así como Germà Gordó, parlamentario apartado del grupo por su implicación en el sumario del 3%. Gracias a la ley electoral, disponen de la mayoría absoluta de la cámara, pero representan a menos votantes que todos los demás diputados que no respaldaron el texto, como se encargó de recordar la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, de Ciudadanos. 

Este miércoles pasaron muchas cosas, pero el guión estaba escrito tanto en el Parlament como en la respuesta de las instituciones del Estado. Como la quiniela sobre el resultado estaba clara por la inquebrantable determinación de los independentistas, el día pivotó en torno al escrutinio del árbitro: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa de la institución. 

Su actuación está en el centro de la polémica, ya que la oposición le acusa de actuar "como si fuese la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana", según reprochó Ciudadanos, y no como la presidenta de un parlamento democrático. Forcadell cruzó varias líneas rojas este miércoles y fuentes cercanas aseguran que acabó el día hundida, consciente del enorme desgaste que ha sufrido su imagen pública. 

Las insólitas decisiones de Forcadell

Forcadell ignoró a los letrados de la cámara, que le advirtieron de que lo que estaba haciendo al dar curso al texto era ilegal en un escrito formal.

Se saltó al secretario general, Xavier Muro, que se negó a publicar el texto en trámite en el boletín oficial y prohibió hacerlo a los funcionarios, que son los encargados de hacerlo.

Negó la palabra al letrado mayor, Antoni Bayona, el funcionario del Parlament más autorizado para asesorar a puerta cerrada a la Mesa del Parlament.

Revocó el derecho de la oposición a pedir el informe no vinculante al Consell Garanties Estatutàries, el órgano consultivo de la propia Generalitat, cuyos miembros son nombrados por el president, y que se acabó pronunciando igualmente abroncándola por unanimidad.

El líder del PSC, Miquel Iceta, consideró la tramitación y aprobación de la ley una "vergüenza", un "disparate" que tendrá "consecuencias muy negativas" para Cataluña. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, preguntó a los independentistas si creían que ocupar un cargo público les daba "superpoderes" para saltarse la ley mientras a los ciudadanos no se les perdona ni una multa de tráfico. "Ningún Gobierno, ni el suyo, se saltará las leyes. No en este país", espetó Xavier García Albiol, líder del PP, a Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras. 

La buena voluntad de los independentistas

"Quizá la voluntad de fondo era el tratar de desacreditar al Parlament y que en otra cámara de matriz estatal no se habrían comportado de esta forma", dijo Anna Gabriel, portavoz de la CUP, que llamó a saltar "el muro" de la Constitución de 1978 y desobedecer a las leyes españolas. El portavoz de Junts pel sí, Jordi Corominas, aseguró que los inedependentistas han "intentado todo para pactar con el Estado este proceso": "Hemos agotado todas las vías para que fuese un proceso pactado con el Estado español", ha insistido, aunque no ha habido "voluntad política", lamentó. 

Para explicar lo que hizo Catalunya si que es pot no llega tan solo una frase. El cisma en el grupo fue evidente entre los responsables: el portavoz, Joan Coscubiela (de Iniciativa) y el presidente, Lluís Rabell, y los miembros de Podem, encabezados por su secretario general, Albano Dante Fachín. Los primeros estaban más cerca del resto de oposición mientras que el partido de Pablo Iglesias quería votar a la ley si se admitían algunas demandas. La tensión entre ambos acabó explotando cuando Podem pidió a Forcadell que repartiese el tiempo del grupo para expresar una opinión diferente a la de Coscubiela y Rabell, que vetaron la petición que nacía de sus propias filas. 

Una diputada de Podemos retiras las banderas de España del Parlament

Catalunya si que es pot votó a favor de la tramitación de la ley, pero se acabó absteniendo en la votación definitiva. La diputada de Podem Àngels Martínez provocó la última polémica del día al retirar la mitad de las banderas que habían dejado los diputados del PP sobre sus escaños antes de abandonar el pleno, antes de la votación. Dejó las catalanas y retiró las españolas. Hasta Forcadell se vio obligada a llamarle la atención. Iglesias ha opinado este jueves que la diputada debe pedir perdón.

Golpe de efecto de Ciudadanos

Después, el Govern firmó el decreto de convocatoria. Lo hizo en pleno, para que si el Constitucional actúa, tenga que hacerlo contra todos los miembros del Ejecutivo. Arrimadas dio un golpe de efecto al anunciar una moción de censura para tratar de derrocar a Puigdemont antes del 1 de octubre con el único objetivo de parar el referéndum y convocar elecciones y llamar "a las urnas de verdad". 

Este jueves, la respuesta del Gobierno, la oposición y el Tribunal Constitucional no se hará esperar. El miércoles, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó ya un incidente de ejecución de una sentencia ya dictada ante la "patada a la democracia" del Parlament. En realidad, es una invitación a hacer cumplir la sentencia del Constitucional que ya preveía medidas contra lo ocurrido en el Parlament. Además, se exploran ya medidas penales contra los principales responsables.

Unidad del Estado 

El número tres del PSOE, José Luis Ábalos, y el líder de Ciudadanos, comparecieron para apoyar al Gobierno. Pedro Sánchez, el secretario general socialista, se reunirá este jueves con Mariano Rajoy en la Moncloa y después el presidente se verá con Rivera. Entre una cosa y otra, un Consejo de Ministros extraordinario recurrirá la ley del referénum. El Constitucional se reunirá para decidir sobre la recusación del pleno planteada por Forcadell y probablemente resolverá ya sobre los hechos de este miércoles. 

Después, nadie sabe exactamente qué ocurrirá, cuál será la siguiente estrofa o si cesará la música.