El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de cerrar la investigación al expresidente del PRI de México, Humberto Moreira, negando las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para certificar que las transferencias realizadas desde México a España tienen una procedencia delictiva.
La Fiscalía solicitó al juez que acordara una comisión rogatoria a México para comprobar la existencia real de las empresas Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios Asesoría y Publicidad “así como la realidad real de las operaciones económicas que dieron lugar a la creación de las mismas”.
El magistrado se niega a seguir investigando. Considera que con los datos aportados por el exgobernador del estado mexicano de Coahuila, las transferencias que realizó a España quedan acreditadas. Según el juez no son necesarias más pruebas. Las transferencias provienen de empresas suyas y, por tanto, el origen es su propio dinero. La Fiscalía tiene indicios para creer que sus empresas no tienen actividad real y son un mero instrumento para canalizar el dinero obtenido por la malversación del dinero público mientras era cargo público en México.
Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el aeropuerto de Barajas (Madrid) cuando intentaba entrar en España, donde tiene una casa y estudia un máster. Los investigadores llevaban meses detrás de él bajo la sospecha de que habría blanqueado dinero en España, además de por su vinculación al cártel de los Zetas. Según la Fiscalía, Moreira “forma parte de de un engranaje dominado por los los dirigentes de los denominados 'los Zetas”. Según los fiscales, el ex dirigente mexicano “ha ejecutado actos propios de su integración en tal organización criminal dentro del territorio español”.
Sin embargo, Pedraz rechaza ahora este planteamiento y dice que los indicios en los que se basa la Fiscalía son por las únicas informaciones que ha entregado Estados Unidos a la Justicia española y “paradójicamente” es en lo que pretende basarse la Fiscalía para investigar a Moreira. El juez dice que ni siquiera sabe en base a qué EEUU hace esas acusaciones.
Para justificar el archivo, el magistrado sostiene que ni siquiera se sabe en qué posición de la organización se encontraría Moreira. Además, en todo caso, esta investigación no podría ser competencia de la Justicia española ya que los delitos no se habrían cometido en territorio español. A su juicio, la supuesta creación de empresas pantalla para blanquear el dinero sustraído de las arcas públicas mexicanas en ningún caso sería competencia de las autoridades españolas.
“La actividad de blanqueo se produciría en México (y/o EEUU), pues aquellas sociedades se constituirían con la finalidad u objeto de ocultar o encubrir bienes, para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita”, explica el juez, que añade que en base a este información lo que pretende la Fiscalía con la petición de remitir una comisión rogatoria a México es investigar un delito de blanqueo cometido en aquel país. “Lo cual no es factible, pues la jurisdicción española no sería competente”.