El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de acordar la devolución del pasaporte para el ex gobernador mexicano Humberto Moreira. El magistrado ha dictado una providencia en la que acuerda retirar esta medida cautelar impuesta una vez que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir su libertad. Poco después el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha acudido él mismo a recoger su pasaporte a la Audiencia Nacional.

De esta manera, una vez Moreira acuda a la Audiencia Nacional y recupere su documento podrá salir de España, donde tiene abierta una investigación por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.

El ex presidente (PRI) fue detenido el pasado 15 de enero por orden de la Fiscalía Anticorrupción y fue enviado a prisión, donde permaneció una semana. Sin embargo, el juez Pedraz entendió que no había razones para que permaneciera encerrado una vez que su defensa había aportado documentación que acreditaría que las transferencias realizadas desde México hasta España por importe total de 200.000 euros tiene un origen lícito y por tanto no existe el blanqueo de capitales, tal y como sospecha la Fiscalía y la Policía.

La Fiscalía no recurre la libertad

Tras su puesta en libertad, la Fiscalía tenía cinco días para recurrir su libertad, después de que los fiscales encargados del caso solicitaran al juez su ingreso en prisión incondicional por riesgo de fuga, dado que no vive en España ni su familia tampoco, y por el riesgo de destrucción de pruebas.

Sin embargo, el Ministerio Público optó por no recurrir la libertad y, por tanto, acceder a que Moreira pueda marcharse de España. En el auto por el que Pedraz le dejaba libre, ya anunciaba que una vez que la libertad fuera avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le devolvería el pasaporte. Como la Fiscalía no ha recurrido, la decisión se ha hecho firme de manera automática.

La Fiscalía ha decidido correr el riesgo de que Moreira se marche. Según fuentes fiscales, se trata de una estrategia procesal. Entienden que para conseguir que el tribunal estimase su recurso tendrían que aportar datos que se encuentran secretos y que no quieren que conozca la defensa. Por lo tanto, van a seguir investigando y recabar más información y pruebas en la investigación.

Si el asunto finalmente llegara a juicio, la Justicia citaría a Moreira para presentarse a la vista oral. Únicamente si él no aceptara venir voluntariamente, las autoridades españolas requerirían a las mexicanas para que su policía le detuviese y le enviasen a España para ser juzgado.

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