Arantza García
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Durante siglos, el hielo fue la principal frontera del Ártico. Hoy esa frontera se está retirando. El deshielo abre rutas marítimas, facilita el acceso a recursos y acerca infraestructuras y actividades económicas a una región que durante mucho tiempo estuvo limitada por sus condiciones extremas. A medida que se vuelve más accesible, aumenta también su importancia estratégica.

El Ártico no es un espacio sin reglas ni un territorio que las potencias estén empezando ahora a repartirse. Como explica Elena Conde Pérez, investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, gran parte de las relaciones jurídicas de la región están reguladas por el Derecho Internacional del Mar.

Los Estados ribereños tienen derechos sobre los recursos de sus zonas económicas exclusivas y sobre determinadas áreas de sus plataformas continentales. Las fronteras marítimas, además, no han sido siempre una fuente de conflicto. Algunas delimitaciones se han resuelto mediante acuerdos, como ocurrió entre Noruega y Rusia en el mar de Barents en 2010.

El problema es que el aumento de la actividad económica y estratégica está poniendo a prueba unas reglas concebidas para un contexto diferente. Conde Pérez considera que la cuestión fundamental no es la ausencia de Derecho, sino si este será capaz de ordenar una competencia geopolítica que avanza con rapidez.

La navegación ofrece un buen ejemplo. El llamado Paso del Noreste es una denominación geográfica para las rutas que atraviesan el norte de Eurasia, mientras que la Ruta Marítima del Norte es el corredor que Rusia administra a lo largo de su costa ártica. Las competencias rusas como Estado ribereño existen, pero su interpretación sobre la navegación de terceros países es objeto de controversia.

El deshielo

Para Francesco María Autolino, coordinador de un proyecto de investigación sobre el Ártico de la Universidad Alfonso X el Sabio y la Fundación UAX, el problema es que la arquitectura institucional de la región se diseñó en una época en la que predominaba la cooperación.

El Consejo Ártico, creado en 1996, sigue siendo el principal foro de cooperación circumpolar y trabaja sobre cuestiones como medio ambiente y desarrollo sostenible. Sin embargo, no fue concebido como una organización de seguridad militar y sus decisiones requieren consenso entre los ocho Estados árticos.

La guerra de Ucrania ha complicado todavía más ese modelo. Las reuniones políticas del Consejo permanecen suspendidas desde 2022, aunque sus grupos de trabajo reanudaron progresivamente las reuniones virtuales en 2024.

En junio de 2026, además, se celebraron consultas que reunieron de nuevo a representantes estatales, organizaciones indígenas y grupos de trabajo.

Dos osos polares en banquisa flotante rodeado de agua. iStock

Para Autolino, esa capacidad de mantener algunos canales abiertos es importante. El Ártico demuestra que la cooperación técnica puede seguir siendo necesaria incluso cuando las relaciones políticas atraviesan una profunda crisis.

La razón es sencilla: el hielo no entiende de fronteras. La contaminación, los ecosistemas marinos, las especies migratorias, la navegación o las operaciones de búsqueda y rescate requieren cierto grado de coordinación entre países que comparten un mismo espacio geográfico.

Una ruta comercial

El Ártico empieza a adquirir además un nuevo valor para el transporte marítimo. Augusto Conte de los Ríos, capitán de fragata de la Armada española, advierte de que no conviene imaginarlo todavía como una autopista entre Asia y Europa.

Una parte importante del tráfico actual está relacionada con actividades internas, puertos rusos y transporte de gas, petróleo y minerales. El tránsito internacional sigue siendo mucho menor que el volumen total de mercancías que circula por la Ruta Marítima del Norte.

Pero su importancia puede crecer. Para Conte de los Ríos, una de las claves no está únicamente en reducir distancias, sino en disponer de rutas alternativas. El comercio mundial depende de puntos especialmente vulnerables, como los estrechos de Ormuz, Bab el-Mandeb o Malaca. Contar con más opciones puede convertirse en una ventaja estratégica cuando una crisis altera las principales vías marítimas.

El cambio también afecta a las fuerzas navales. Finlandia y Suecia forman ahora parte de la OTAN, mientras los países occidentales han reforzado su atención sobre el Ártico y el Alto Norte. Para las marinas militares, eso significa prestar más atención a vigilancia, conocimiento del entorno marítimo, comunicaciones, infraestructuras críticas y capacidad para operar en condiciones extremas.

Augusto Conte de los Ríos subraya que la actividad militar es solo una parte de la cuestión. La seguridad de la navegación, la investigación oceanográfica, la búsqueda y rescate o la respuesta ante accidentes serán también cada vez más relevantes.

Una transición con costes

El subsuelo ártico contiene recursos de creciente interés para la economía mundial. Algunos minerales considerados estratégicos para la transición energética y tecnológica están presentes en territorios árticos, mientras Rusia mantiene importantes reservas de hidrocarburos.

Aquí aparece una de las contradicciones más difíciles de resolver. La transición energética necesita minerales, pero su extracción puede generar nuevos impactos ambientales y sociales.

Elena Conde Pérez señala que una mina puede presentarse como parte de la transición verde y, al mismo tiempo, afectar a ecosistemas frágiles o a actividades tradicionales de comunidades indígenas. La cuestión, por tanto, no consiste solamente en determinar si un proyecto es rentable o contribuye a reducir emisiones.

Marine sísmico en el Ártico. iStock

También importa quién decide, quién obtiene los beneficios y quién asume los costes.

La Organización Marítima Internacional cuenta desde 2017 con el Código Polar, que establece requisitos específicos de seguridad, navegación, formación, búsqueda y rescate y protección ambiental para los buques que operan en aguas polares.

El instrumento demuestra que existen reglas, pero también que la apertura de nuevas rutas exige una gestión especialmente cuidadosa en un entorno remoto y difícil de socorrer.

Las comunidades locales

Uno de los errores más habituales al hablar del Ártico es imaginarlo como un territorio vacío. En realidad, alrededor de cuatro millones de personas viven en las regiones árticas y unas 500.000 pertenecen a pueblos indígenas.

El Consejo Ártico reconoce a seis organizaciones indígenas como Participantes Permanentes. Tienen derechos plenos de consulta en las negociaciones y decisiones del organismo, una estructura singular que incorpora formalmente a quienes viven en la región a su gobernanza.

Pero la participación institucional no resuelve por sí sola todos los problemas. Conde Pérez insiste en la importancia del Consentimiento Libre, Previo e Informado. Consultar a una comunidad cuando las decisiones fundamentales ya han sido adoptadas no equivale necesariamente a permitirle participar de manera efectiva.

Francesco María Autolino coincide en que la legitimidad de los proyectos dependerá cada vez más de cómo se toman las decisiones y de cómo se distribuyen sus beneficios. La cuestión indígena no debería ser un añadido a las políticas económicas, sino una parte de su diseño desde el principio.

El dilema para España

España no es un Estado ártico, pero tampoco es ajena a lo que sucede allí. Es observador del Consejo Ártico desde 2006 y mantiene actividad científica y oceanográfica relacionada con las regiones polares.

Para Conte de los Ríos, el papel español no pasa por convertirse en una potencia ártica. Su posición natural está en el Atlántico Norte y en las conexiones marítimas que unen Europa con otros mercados.

La ciencia puede aportar conocimiento y diplomacia; la Armada, capacidades de vigilancia y cooperación; y España puede defender, dentro de la UE y la OTAN, el valor de la libertad de navegación y del Derecho Internacional. El Ártico obliga así a ampliar la mirada.

Un futuro incierto

El reto consiste en evitar que el deshielo se interprete como una autorización para hacer cualquier cosa. Como señala Conde Pérez, que una actividad sea técnicamente posible no significa que necesariamente deba realizarse.

Autolino plantea una adaptación de las instituciones existentes, no su desaparición. Conte de los Ríos reclama conocimiento, presencia y cooperación. Y Conde Pérez recuerda los límites que impone el Derecho y la necesidad de contar con las comunidades que habitan el territorio.

El Ártico no parece encaminado inevitablemente hacia el conflicto, pero tampoco puede darse por garantizada la cooperación que caracterizó buena parte de las últimas décadas.