La sequía del mes de abril de 2023 le costó 2.178 millones de euros (2.400 millones de dólares) a España, lo que equivale a unos 45 euros por español. Estos son los datos que ha presentado el informe Counting the Cost 2023, publicado anualmente por la organización británica sin ánimo de lucro Christian Aid. En él, se presenta la crisis hídrica —la única listada en el documento— que sufrió España en abril, tras el comienzo de año más seco desde que se tienen registros, como la novena catástrofe climática a nivel mundial de 2023.
Durante ese mes, saltaron la alarmas por la situación sofocante que estaba afectando a los sectores más hidrodependientes, como la agricultura o la ganadería. "La sequía también coincidió con un periodo de calor inusitado, que incluyó una temperatura récord para el mes de abril en España de 38,8 °C registrada en el aeropuerto de Córdoba el 26 de abril", reconoce el informe de ChristianAid. A las condiciones de sequía prolongada se sumó un récord de temperatura: alcanzó un promedio de 14,9 °C, 3 grados por encima de la media de la última serie histórica.
Los costes económicos se derivan de la cuantiosa cantidad de fondos destinados a la recuperación por la sequía. En respuesta a las condiciones meteorológicas poco favorables para la agricultura y la ganadería españolas (que emplean alrededor del 80% del agua consumida), el pasado 11 de mayo se aprobó el Real Decreto ley 4/2023 por el que se adoptan medidas urgentes. Este paquete, que asciende a casi 2.200 millones de euros, incluía ayudas directas a los agricultores y ganaderos.
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El documento de la oenegé británica también da cuenta de los costes humanos de algunos fenómenos extremos que asolaron el mundo durante este año, pero no en el caso español. No se estableció una relación directa por tratarse de un evento "de 'aparición lenta'". Lo que sí se estimó fue el impacto del estrés hídrico en la sociedad: 26.000 personas se vieron directamente afectadas por la imposición de la reducción de agua.
Cataluña se seca
El último año hidrológico (2022-2023), que terminó en noviembre de este 2023, ha resultado ser el sexto más seco del este siglo y el duodécimo desde 1961: el índice global de precipitaciones fue de solo de un 12%. Este resultado no hace más que continuar la tendencia de unos años marcados por estrés hídrico y la escasez de precipitaciones. El periodo anterior (2021-2022) fue el tercero más seco desde que se tienen registros.
Actualmente, con las reservas de los embalses en Cataluña y Andalucía rozando mínimos, la preocupación no hace más que aumentar. A 19 de diciembre, fecha de la última actualización del boletín semanal sobre el estado hidrológico elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), los embalses de las cuencas internas de Cataluña tenían un 17,4% de reserva.
A mitad de noviembre, estas reservas ya descendieron incluso por debajo del nivel más bajo de 1989, marcando el mínimo histórico registrado. Cataluña atraviesa la peor sequía de su historia: 36 meses sin apenas lluvia que han obligado a las autoridades a regular el suministro, estableciendo restricciones a los usos agrícolas, industriales y recreativos del agua.
Y al sur de España, en Andalucía, las principales reservas hídricas —Guadalquivir (19,3%), Guadalete-Barbate (14,7%), Cuenca Mediterránea Andaluza (19,3%) y Segura (19,2%)— no sobrepasaban el 20%, casi 1.000 hm³ menos que hace un año. Esta situación está poniendo entre las cuerdas a las autoridades que buscan la manera de garantizar los recursos hídricos para consumo público y privado.
En declaraciones anteriores a EL ESPAÑOL, el climatólogo Samuel Biener afirmó que "en algunas zonas de Andalucía y de Cataluña tendría que estar meses seguidos lloviendo de forma extraordinaria para recuperar el déficit de los últimos años".
Para este otoño/invierno, la Aemet pronosticaba lluvias casi un 50% más abundante de lo normal en la península. No obstante, este organismo aseguraba que no serán suficientes para que España pueda abandonar la sequía meteorológica de larga duración que arrastra desde finales de 2022.
Esta, al menos, fue la previsión que hacía la agencia de información meteorológica y climatológica en octubre. Ya a punto de acabar diciembre, arroja otro pronóstico: “Nos espera un invierno más cálido de lo normal en toda España y que puede ser más lluvioso de lo normal en el cuadrante noroeste, mientras que en el resto no sabemos lo que puede suceder” declaró Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La sequía meteorológica podría perpetuarse en las zonas más acusadas: Andalucía y Cataluña.
“El peor año agrario del siglo”
Andalucía atraviesa su sequía más larga desde 1961. Acumula 93 meses (casi 8 años) de escasez hídrica y falta de lluvias. Y además, se cumplen cuatro años consecutivos en los cuales las precipitaciones permanecen debajo de la media histórica. Además de las restricciones en el uso del agua, la sequía ha dado lugar a peores rendimientos agrícolas, incluida la cosecha clave de aceitunas, así como a cosechas mucho peores de trigo y cebada.
Esta situación ha terminado por poner contra la espada y la pared al sector primario de la región. El informe de balance anual de la Unión de Pequeños Agricultores en Andalucía (UPA) habla del “peor año agrario del siglo”. Se estima que la sequía le cuesta a esta región alrededor del 2% de su PIB por sus efectos en el sector primario y la industria que juntos suman en torno al 25% de la riqueza de esta comunidad autónoma.
La crisis hídrica, agravada entre marzo y agosto, obligó a la Junta de Andalucía a tomar cartas en el asunto. Ya va por su tercer decreto de sequía para paliar las consecuencias nefastas de este problema. Estas medidas van encaminadas a reforzar las infraestructuras hídricas para garantizar el suministro.
La Agencia EFE informó a mediados de las conclusiones de un informe lanzado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que daba cuenta de un deterioro del agua que llegaba a los hogares y comercios del municipio malagueño de Nerja. Se encontraron niveles demasiado altos de radionucleidos —radiactividad natural de los acuíferos— en el agua, lo que impedía que el agua fuera apta para consumo humano. En Córdoba, desde el pasado mes de marzo, más de 80.000 vecinos no tienen acceso a agua portable debido a problemas en el suministro.