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El uso de este instrumento de terror se convirtió en política de Estado para los regímenes autoritarios y grupos insurgentes que ostentaban –o se disputaban– el poder. Algunos lo siguen utilizando hasta nuestros días para silenciar las voces de quienes defienden y protegen los derechos humanos. Se trata de una realidad devastadora que ahora se enmarca, además, en la llamada guerra contra las drogas, el crimen organizado, los movimientos migratorios y los feminicios.

Un problema global

Uno de los casos más conocidos de desaparición forzada masiva en el cono sur es el de Argentina. Desde 1976 a 1981, se instauró la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Se calcula que, bajo su mandato, las fuerzas de seguridad del Estado secuestraron a unas 30.000 personas, de las cuales todavía muchas se encuentran en paradero desconocido. Encontrarlas es la lucha del movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo desde 1977. 

Acorde al Observatorio de Memoria y Conflicto, hasta la fecha se han documentado más de 80.000 casos de personas desaparecidas involuntariamente en Colombia. Tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el caso número 003 sobre los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas por agentes del Estado como bajas en combate de supuestos guerrilleros, cuando realmente se trataba de población civil. Son los conocidos como falsos positivos. 

En México, según estadísticas oficiales, 105.000 personas están registradas como desaparecidas. Sin embargo, las propias autoridades estiman que esta cifra podría ser significativamente superior. Ante la pasividad del Estado y la impunidad imperante, las familias se han organizado en torno a colectivos para realizar sus propias investigaciones. Y es que, según el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, solo existen 36 sentencias por estos hechos.

Estos son solo algunos casos, a los que cabe sumar los ocurridos en Siria (más de 80.000 desde 2011), Sri Lanka (entre 60.000 y 100.000 desde 1980) o Irak (entre 250.000 y un millón), según la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas. Se trata, pues, de un problema global, que además suele verse precedido por otro tipo de violaciones a los derechos humanos que comportan graves crímenes de lesa humanidad, como la detención arbitraria o la tortura.

Cada cifra, una historia

''Seis miembros de mi familia están desaparecidos. Entre ellos se encuentran mi padre, mi madrastra, una cuñada, mi hermanita de año y medio, y mis hijas de 10 y 9 años, respectivamente'', cuenta Adriana Portillo, activista guatemalteca por los derechos humanos, quien trabaja por el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las familias víctimas, entre ellas la suya, de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Familiares de Adriana Portillo desaparecidos forzosamente el 11 de septiembre de 1981. Grupo de Apoyo Mutuo (Guatemala)

''Estar viva ha sido como volver a nacer. Como resucitar. Deshacerme de un cuerpo y una mentalidad, un alma y un espíritu heridos, para volver a vivir como un recién nacido, que está aprendiendo, poco a poco, lo que es el mundo y lo que es la vida'', continúa. La familia de Adriana Portillo desapareció forzosamente el 11 de septiembre de 1981 durante el gobierno militar de Romeo Lucas García.

Portillo recuerda que agentes de la Policía Judicial y Policía Secreta del Ejército (G-2), Cuerpo de Detectives, Policía Nacional, el grupo de élite Comando 6 y otros tantos arribaron a la casa y al lugar de trabajo de su padre en la Ciudad de Guatemala, donde se perpetraron los hechos. El caso ha estado en manos del Ministerio Público desde el año 1998. Hasta el momento, no se tiene conocimiento sobre el paradero de los integrantes de su familia.

Acorde a las estimaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el conflicto armado interno en el país centroamericano (1960-1996) dejó un total de 200.000 víctimas, incluyendo 45.000 desaparecidos. ''Este dato es objeto de mucha discusión en Guatemala, pero es el que se puede establecer mediante los testimonios recibidos y los estudios realizados'', detalla Carlos Juárez, asesor jurídico del Área de Transparencia de la organización guatemalteca Grupo de Apoyo Mutuo.

Los horrores de la guerra

Tras 30 años de dictadura y algunos breves períodos de democracia encabezados por Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz Guzmán, en 1952, los grandes terratenientes locales y la empresa estadounidense United Fruit Company comenzaron una ofensiva para deslegitimar el gobierno de Árbenz, al que acusaron de seguir las directrices de la Unión Soviética. Finalmente, la CIA decidió intervenir en Guatemala en junio de 1954, dando comienzo a la época más cruenta que se recuerda en el país. 

''El conflicto tuvo distintas etapas. Durante los años 60 se formaron todos los grupos revolucionarios, pero a partir de los 70 y 80, la guerra empezó a tener tintes más sangrientos'', explica Juárez. ''Los Gobiernos latinoamericanos se vieron influenciados por las estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos y las prácticas que los países europeos habían implementado en países de África y Asia durante el colonialismo'', prosigue. 

Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC). Jean-Marie Simon Grupo de Apoyo Mutuo (Guatemala)

El conflicto armado interno se cobró la vida de miles de personas tanto en el campo como en la urbe. ''En las áreas rurales, la desaparición forzada fue una política de genocidio contra la población indígena campesina, pues era más propensa a formarse en guerrillas y esconderse en las montañas. En la ciudad tuvo tintes más selectivos: opositores al régimen, estudiantes, sindicalistas o intelectuales. Incluso se tiene registro de soldados estadounidenses desaparecidos'', señala Juárez. 

Guatemala tiene una población de 14,9 millones de habitantes, de los cuales 6,5 millones pertenecen a 22 pueblos mayas, además de a los grupos étnicos garífuna, xinca y creole (o afrodescendientes). ''Los pueblos indígenas siempre han sido vistos como un medio de explotación para los grandes capitales. A esto hay que sumar el abandono histórico y la falta de acceso a la educación, la salud y a las garantías básicas y mínimas para sobrevivir. Han sido olvidados por el Estado'', explica. 

Estas poblaciones habitan y trabajan la tierra, pero no poseen su titularidad. ''El problema siempre fue este, pues la gran mayoría era propiedad de unas pocas familias enriquecidas y de la United Fruit Company, con acciones de la CIA'', dice Juárez. Y es que esta última contaba con más del 50% de los terrenos cultivables del país, de los cuales solo hacía uso de un 3%, en donde sometían a los pueblos originarios a un régimen casi feudal y en condiciones de semiesclavitud. 

El peor período de violencia tuvo lugar entre los años 1982 y 1983, cuando las fuerzas militares reprimieron a la población maya, dando lugar a un genocidio bajo la premisa de que esta formaba parte de una conspiración comunista que iba a ser perpetrada en contra del gobierno. ''Se aplicó la teoría de 'quitarle el agua al pez', de Effraín Ríos Montt. El pez era la guerrilla y el agua la población indígena. Sin agua moría el pez, sin indígenas no había guerrila'', cuenta.

Ocupación militar en la Ciudad de Guatemala durante el golpe de Estado liderado por Effraín Ríos Montt (1982). Jean-Marie Simon Grupo de Apoyo Mutuo (Guatemala)

Hasta encontrarlos

Tras más de tres décadas de violencia y zozobra, el 29 de diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que puso fin al conflicto armado. En 2005, aparece de manera fortuita el archivo histórico de la Policía Nacional, el cual contiene más de 100 años de información que permitió un avance significativo en los procesos de justicia transicional, principalmente en aquellos relacionados con la desaparición forzada.  

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''Hay muchos casos de desaparición forzada que no han sido esclarecidos. Hasta el momento, solo hay 30 condenas a perpetradores. Son pocas, pero en un país como Guatemala, en donde la impunidad ha reinado por tanto tiempo, también son un logro'', menciona Juárez. ''Esto ha sido gracias a los colectivos de familiares y a la cooperación internacional, no por nuestros gobiernos, que en su mayoría han sido negacionistas y han adoptado una postura conservadora al respecto'', apunta.  

Conmemoración del Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Grupo de Apoyo Mutuo (Guatemala)

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia por el conocido como Diario Militar. Se trata de un documento que contiene un listado con datos personales de 183 personas, en donde también se referencian su afiliación a organizaciones, actividades y, en la gran mayoría, se adjunta una foto tipo carné. Asimismo, en los registros se señalan las acciones perpetradas en contra de cada una de ellas, incluyendo detenciones secretas, secuestros y asesinatos. 

Actualmente, el país centroamericano se encuentra, de nuevo, en un momento de retroceso en materia de derechos humanos. ''Este gobierno, que está por terminar (Guatemala celebró elecciones en primera y segunda vuelta el pasado 25 de junio y 20 de agosto), acabó con la institucionalidad que trabajaba por la paz, pues cerró la Secretaría de la Paz y el Consejo de Seguimiento a los Acuerdos. La esperanza siempre serán los colectivos de víctimas y las familias, que siguen presionando y tomando la batuta'', señala Juárez.

Miembros de GAM buscando a personas desaparecidas en una base militar. Rony Veliz Grupo de Apoyo Mutuo (Guatemala)

La desaparición forzada tiene, principalmente, nombre y rostro masculino. En este sentido, es habitual que los colectivos de familias que investigan sobre el paradero de sus seres queridos estén encabezados y compuestos, generalmente, por mujeres. Ellas han dicho basta y siguen buscando, hasta encontrarlos. ''En Guatemala, como en la mayoría de América Latina, fueron ellas las que tuvieron el valor de enfrentarse a la dictadura militar. Hoy estamos viendo el fruto de toda esa lucha'', dice.

Proteger a quienes defienden

Según la organización Front Line Defenders, las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala sufren ''amenazas de muerte, ataques físicos, acoso, vigilancia, estigmatización, hostigamiento judicial, detención arbitraria, desaparición forzada y asesinato''. Se trata de violanciones que suelen ser perpetradas por estructuras de seguridad clandestinas y grupos ilegales, quienes gozan de un alto grado de impunidad, lo que eleva significativamente los riesgos.

''En este momento la lucha es, principalmente, judicial, pero estamos en constanteme peligro por abrazar este tipo de causas. Es importante señalar que, desde hace cuatro años, se ha consolidado un pacto de corruptos, que no es otra cosa que una alianza entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, para retroceder en materia de memoria histórica y promover discursos de odio. Estamos siendo objeto de persecución y hay mucha gente en el exilio, como está ocurriendo en Nicaragua'', detalla. 

Desde el Grupo de Apoyo Mutuo continúan junto a las familias en busca de verdad mientras se enfocan en construir memoria histórica. ''Seguiremos la lucha hasta donde podamos y rescataremos todos los archivos, que son la herramienta que nos dará la posibilidad de que las nuevas generaciones, en una sociedad tan polarizada como la guatemalteca, también conozca la perspectiva de las víctimas del conflicto armado interno. Todo esto es lo que nos hace seguir adelante'', concluye.