Soledad García Muñoz posee unos principios y valores que se esfuerza por trasladar a la agenda de su relatoría día tras día. Ella es la Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de naturaleza cuasi jurisdiccional que se enmarca en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tras este revuelto de siglas se erige el sistema interamericano de los derechos humanos, cuyos órganos de protección, desde sus respectivas competencias, cumplen históricamente la función de tutelar los derechos reconocidos en los instrumentos y tratados de derechos humanos adoptados en el marco de la OEA. Desde su posición como REDESCA, Soledad García Muñoz se encarga de impulsar un nuevo paradigma de promoción y protección de los derechos humanos que abarque los sociales, económicos, culturales y ambientales en la región.

Un paradigma que, en sus palabras, se basa en la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos y en entender que nadie se quede atrás, como postula la Agenda 2030 para la consecución del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales se encuentran la defensa del medio ambiente (ODS 14) y la lucha por la igualdad de género (ODS 5). Dicha agenda también guía su agenda como Relatora y como Presidenta del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, de la OEA.

Soledad García Muñoz, Relatora Especial de los DESCA Soledad García Muñoz Fotografía cedida

Con una diferencia de más de seis horas, la REDESCA recibe a ENCLAVE ODS desde Washington D.C. para desvelar cuáles son las funciones de su relatoría especial, qué logros ha conseguido y cuáles son los retos que debe afrontar el continente con mayor desigualdad del mundo en los próximos años.

¿A qué se dedica exactamente la CIDH?

La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene dos grandes órganos para la defensa y promoción de los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene sede en Washington D.C. y la corte en San José de Costa Rica. Mi relatoría pertenece a la Comisión, que es un órgano cuasi jurisdiccional con funciones tanto de examen de casos de peticiones que le llegan desde cualquiera de los estados miembros de la OEA como de órgano de promoción y de monitoreo de la situación de los DD.HH en todas las Américas.

"El interamericano es uno de los sistemas regionales más vanguardistas, desarrollados y efectivos"

La CIDH, por ejemplo, cumplió un rol fundamental en la época de las dictaduras militares con visitas históricas a Argentina, Uruguay o Chile en momentos en los que había desapariciones forzadas o torturas, que fueron una verdadera plaga en la región. Se trata del órgano principal de la OEA, creado en 1959 por los Estados Americanos para promover y proteger los derechos humanos. Tiene competencia sobre todos los estados que integran la organización, desde Argentina hasta Canadá.

Su puesto es el de REDESCA. ¿Qué es y cómo opera?

REDESCA es la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), siendo la segunda relatoría especial creada por la CIDH en toda su historia. La Comisión está integrada por 7 personas expertas electas por la Asamblea General de la Organización, que trabajan desde sus respectivos países y que tienen una secretaría ejecutiva en Washington D.C., además de dos oficinas que son las relatorías especiales. Una está centrada en la libertad de expresión y tiene más de veinte años de antigüedad, y luego está la que yo tengo a cargo, que fue creada en 2017.

Logotipo de la OEA OEA Fuente propia

La Comisión y sus integrantes tienen a su cargo mandatos temáticos que valoran la situación de grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica como: mujeres, infancia, indígenas, afrodescendientes, personas privadas de libertad, migrantes, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI, personas defensoras de derechos humanos- o el tema memoria verdad y justicia. uando la CIDH identifica un tema de enorme trascendencia para las Américas, puede crear Relatorías Especiales, habiendo decidido crear la REDESCA en 2014 por tratarse de un conjunto de derechos de importancia vital que requerían un impulso mayor y concreto.

Tuve el honor de ser elegida por la Comisión para sacar adelante el desafío de instalar esta oficina, definir su visión y agenda estratégica, asegurando tanto su relevancia como su sostenibilidad. Se trata de un gran y precioso desafío, que incluye además por vez primera en la historia de la Comisión, un especial foco en los derechos ambientales. La “A” de REDESCA, que instala así el término “DESCA” en lugar de “DESC” en el sistema.

¿Cómo es el día a día de una REDESCA?

Al ser la primera relatora me toca emprender y hacer de todo: desde el diseño de planes y proyectos a la búsqueda de recursos, asesoramiento a la CIDH, Estados y otros actores, visitas al terreno o atención de innumerables actividades de naturaleza académica. Pero en esencia mi trabajo es promover y proteger los DESCA, logrando que se entiendan, reconozcan y garanticen en el marco del sistema interamericano.

Es un trabajo 24/7 con foco en derechos y temáticas muy diversas, como el agua y el saneamiento, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente, la pobreza o las empresas y los derechos humanos. En nuestro caso, además de con gobiernos y estados miembros de la OEA y observadores, tenemos una relación muy estrecha con la sociedad civil de la región y trabajamos de cerca con víctimas de violaciones de derechos humanos, con comunidades afectadas por la contaminación ambiental, la falta de acceso a las vacunas, la pobreza o el hambre, entre otras.

"Estamos trabajando para instalar un paradigma de promoción y protección de los DDHH fuertemente  basado en la indivisibilidad y en la interdependencia"

Junto con el africano y el europeo, el interamericano es uno de los sistemas regionales más vanguardistas, desarrollados y efectivos, gracias a la diversidad de temáticas que trata y al impacto que han tenido sus decisiones a lo largo de los años. Los avances en el monitoreo y protección directa de los DESCA son un claro reflejo de la fortaleza del sistema. Como la CIDH, el mandato de la REDESCA abarca todas las Américas, que son, lamentablemente, conocidas como la región más desigual del planeta, encima en medio de una pandemia y con la crisis climática acechando que han aumentado aún más los niveles de pobreza y exclusión. Es un trabajo constante, cotidiano, que, como las violaciones de derechos humanos, no conoce de sábados, domingos ni horarios. Desde luego, la causa lo vale.

¿Cuáles han sido los principales logros que ha conseguido su relatoría?

La propia instalación y crecimiento de la oficina es un logro en sí mismo. Además, en estos primeros cuatro años, hemos hecho una contribución significativa a instalar un nuevo paradigma de promoción y protección de los derechos humanos en el sistema interamericano basado en la indivisibilidad y en la interdependencia de todos los derechos y estrechamente ligado a la Agenda 2030. Todas las personas tienen dignidad y derechos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales.

Sin embargo, los DESCA fueron históricamente relegados, sobre todo a partir de la Guerra Fría, que separó artificialmente ambas categorías de derechos y dejó a los derechos sociales como de “segunda generación”. Por ello que instalarlos DESCA en la agenda del órgano principal de protección de derechos humanos del hemisferio y en el espacio interamericano era tan necesario y urgente, como además la pandemia y la crisis climática se encargan de demostrar.

Además, a partir de la creación de REDESCA se ha trabajado mucho en el sistema de casos y de medidas cautelares de la Comisión. Por ejemplo, se han ordenado medidas cautelares en las que se ha protegido a comunidades indígenas amenazadas por la contaminación ambiental o la escasez de agua o alimentos, como a pobladores desalojados y desplazados de la Comunidad Laguna Larga en Guatemala, al pueblo indígena Wayúu en Colombia; a los consumidores de agua del Río Mezapa, en Honduras, o a los de Río Santiago, en México. En Venezuela también hemos trabajado con la Comisión en el otorgamiento de algunas medidas cautelares muy importantes para mujeres con cáncer de mama, o personas viviendo con VIH, también para niños y niñas del Hospital JM de los Ríos, un hospital pediátrico que está en Caracas. Son algunos ejemplos.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la desigualdad regional?

Precisamente otro tema que nos preocupa mucho y que estamos monitoreando muy de cerca es la asimetría que existe entre unos países y otros en relación con el acceso a tratamientos contra el COVID19 y en especial a la vacunación. Esta misma semana salió un informe que sostenía que mientras el 14% de los países de América han vacunado al 70% de su población, otros 14 están lejos de proteger al 40% de sus habitante. Este es uno de los máximos indicadores de desigualdad observados en la región. De entrada, se observa una clara desigualdad entre los países con más recursos y los de menor renta.

"La CEPAL registra un retroceso de 27 años en los niveles de pobreza, con 201 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 86 se encuentran en situación de pobreza extrema"

Desde el principio de la crisis observamos que la pandemia tenía una mayor incidencia tanto en muertes como en impacto económico, social y cultural en los países más pobres. La mejor inversión que puede hacer un estado es en la salud de su población y en la salud del planeta. Por ejemplo, países como Haití y otras naciones del Caribe han estado con sus poblaciones totalmente expuestas a la pandemia. Desde que el mandato se creó veníamos viendo cómo el derecho a la salud estaba al rojo y esta pandemia

Existe una clara desigualdad en la recuperación económica y está aumentando de forma exponencial la inseguridad alimentaria, el desempleo y la informalidad laboral. Esto es muy preocupante y exige acciones determinantes, empezando por las políticas fiscales y económicas. Los derechos humanos tienen que dejar de ser una retórica y convertirse en uno en un aspecto medular de las políticas públicas. La CEPAL registra un retroceso de 27 años en los niveles de pobreza en la región, con 201 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 86 se encuentran en situación de pobreza extrema. En una región tan rica como las Américas esto es realmente intolerable, y en parte se debe a que la riqueza está acumulada en muy pocas manos.

¿Qué están haciendo desde la CIDH para acabar con la crisis humanitaria de Nicaragua?

Nicaragua es uno de los países que tienen un seguimiento más fuerte de parte de la Comisión y sus Relatorías Especiales. La Comisión creó mecanismos especiales de seguimiento tanto para Nicaragua como para Venezuela. Desde REDESCA venimos trabajando especialmente desde el 2018, en concreto desde abril del 2018, cuando se produjeron las primeras protestas sociales que detonaron la gran represión que se vive hasta la fecha. Y también ahí vimos de cerca, in situ, cómo esos reclamos de la sociedad nicaragüense estaban ligados a DESCA, porque la gente salió a la calle para reclamar por el sistema de Seguridad Social, de pensiones de las personas mayores. Estando en Nicaragua de visita con la Comisión hablaba con jóvenes que me contaban que ellos salían con sus abuelitos porque no había que dejarlos solos y luchar por reclamar su pensión.

Desde REDESCA venimos siguiendo algunos temas que nos preocupan especialmente en Nicaragua, como la situación de la salud agravada por la pandemia, la persecución a profesionales de la salud frente a la opacidad y negacionismo de las autoridades, los atentados contra la libertad académica y el derecho a la educación o la situación de las personas que se ven forzadas a marcharse de Nicaragua debido al miedo o la persecución. En especial nos preocupan las y los estudiantes o profesionales de la salud que tuvieron que exiliarse y que no tienen sus expedientes para seguir estudiando o para ejercer sus profesiones. Es muy injusta su situación.

Imagen de una movilización en el corazón de Caracas apomares iStock

Chile decidió el año pasado modificar la constitución aprobada por Pinochet y establecer un nuevo proyecto constituyente que por fin diese representación a los pueblos indígenas...

Con la CIDH visitamos Chile en 2018, justo en pleno estallido social y pudimos constatar en el terreno no solamente la represión y algunas conductas y hechos que realmente nos preocuparon mucho, sino cuáles eran las principales reivindicaciones de la gente y el porqué del clamor ciudadano.

Durante la época de la dictadura de Pinochet se adoptó una Constitución que protegía la propiedad privada por sobre los derechos sociales, la cual sigue en vigor, aunque ha tenido algunas reformas en el periodo democrático. Fue un sistema macroeconómicamente exitoso al tiempo que generador de muchas desigualdades sociales: ese reclamo de mayor igualdad, mayor acceso a derechos y los problemas inherentes a las privatizaciones de servicios públicos básicos, como es el derecho al agua, el derecho a la salud o el derecho a la educación; todos ellos han estado en el centro de los reclamos ciudadanos.

Logo de la CIDH CIDH Fuente propia

Estamos viendo y acompañando activamente también el proceso de la constituyente con el nuevo gobierno ahora en Chile procurando aportar desde nuestro rol para que este nuevo periodo también ponga los derechos humanos y específicamente los DESCA en el centro de las políticas públicas. Y, en ese sentido, sin duda, creo que es un momento clave en términos de cómo colectivos históricamente en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica, como son los pueblos indígenas o como somos las mujeres luchan por cambiar las cosas, por recuperar la esperanza, y eso ha tenido que ver muy especialmente con la movilización ciudadana que se dio en Chile.

“La emergencia climática es una emergencia de derechos humanos que afecta gravemente todos los demás derechos, como el agua o la alimentación. “

De hecho, el eslogan de nuestra agenda estratégica, es 'hasta que la dignidad se haga costumbre'; que escuchamos tanto en Chile, en Ecuador o en México. De hecho, es un eslogan que viene de Jacinta Francisco, una defensora de derechos mexicana que se lo dijo al Estado en el acto de disculpas oficiales tras estar presa por un delito que no cometió. Todo tiene que ver con la dignidad, con la dignidad humana y con la necesidad y la voluntad de todos los seres humanos de ejercer y no solamente tener escritos, en constituciones o en tratados, los derechos de la dignidad".

La crisis crimática se ha agravado, en parte por la acción de países como Brasil

Los países que más contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero suelen ser los países más desarrollados y más ricos. Y eso es también es parte de la injusticia climática: cómo aquellos que no contribuyen de esa manera tan acentuada a la generación de emisiones son los más afectados por el cambio climático. Hablamos, por ejemplo, de los eventos climáticos que se registran en Centroamérica o la zona del Caribe.

Sobre Brasil te puedo decir que la deforestación y otros atentados contra el medio ambiente en el Amazonas es, ciertamente, una de nuestras principales preocupaciones. Enero ha sido uno de los peores meses en la deforestación de la selva amazónica. Esa es una preocupación inmensa, tanto en relación con Brasil como con todos los países que pertenecen a la región amazónica.

Nos preocupa enormemente cuáles son los impactos que esa deforestación tiene en algunos colectivos en situación de especial vulnerabilidad y que tienen tantísimo que aportar a la lucha contra el cambio climático, como los pueblos indígenas, campesinos, las mujeres o las comunidades afrodescendientes. También colectivos que sin aportar a las emisiones de efecto invernadero, son las que más sufren los impactos adversos del cambio climático. Es fundamental entender el tema desde un enfoque de derechos humanos, porque la emergencia climática es una emergencia de derechos humanos que afecta gravemente todos los demás derechos, como el agua o la alimentación.

Un informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) pidió hace unos meses acusar de genocidio del pueblo indígena a Bolsonaro. ¿Cómo se posiciona la CIDH?

Estamos al tanto de esas acciones. Sin embargo, la competencia de la Comisión no es de naturaleza penal sino de naturaleza internacional. Lo que hacen la Comisión y la Corte es identificar cuándo existe responsabilidad internacional de un Estado, no de personas individuales. Esto es lo que hace el derecho penal internacional a través de instituciones tan importantes como la Corte Penal Internacional.

La deforestación del Amazonas Brasil2 iStock

Los órganos internacionales de derechos humanos no tienen esa competencia de individualizar responsabilidades, aunque sí expresan habitualmente sus preocupaciones cuando por ejemplo se identifican liderazgos que tienen discursos o acciones que ponen en riesgo los derechos humanos. En ese sentido, durante la pandemia hemos llamado la atención a diferentes líderes regionales sobre la importancia de que se dé una información adecuada a la población. Nos preocupan especialmente países como Nicaragua, Venezuela o Brasil, y lo hemos lo hemos señalado siempre que exista algún tipo de discurso que suponga un riesgo para que la población ejerza sus derechos y se defienda o proteja frente a la pandemia.

¿Debería existir un Tribunal Internacional para juzgar crímenes contra el medio ambiente?

Todo lo que sea identificar responsabilidades, en general, como las investigaciones y las sanciones frente a actos que ofenden a la conciencia jurídica de la humanidad, va a ser un avance. Tuve la oportunidad de vivir de cerca las negociaciones del Estatuto de Roma para la creación de una Corte Penal Internacional y también esa podría ser una vía en algún momento, que se extienda esa competencia a crímenes de naturaleza ambiental o que la interpretación de la Corte incluya este tipo de conductas u otro tipo de crímenes que tienen que ver con las DESCA como la propia generación de hambrunas o de contaminación de aguas. Es mi opinión propia y técnica como jurista dedicada al estudio y enseñanza de derecho internacional.

Considerando también su reconocida trayectoria en derechos de las mujeres... ¿Cómo trabaja REDESCA este asunto?

La igualdad de género y la perspectiva de interseccionalidad es un enfoque central del trabajo de la REDESCA, cuyo mandato abrazo desde una perspectiva feminista y con todo lo aprendido gracias a militar por años en el movimiento de mujeres. Sin perspectiva de género es imposible proteger adecuadamente los derechos humanos, siendo la violencia y la discriminación contra las mujeres una de las mayores injusticias sociales, tanto en términos históricos, como actuales. Esa injusticia es notoria en relación con los DESCA, como demuestra el hecho que las mujeres seamos más de la mitad de la población con acceso a una parte ínfima de la riqueza y recursos, pero eso sí, con las máximas responsabilidades y cargas en cuanto al cuidado de sus familias, como de la sociedad en su conjunto. La urgencia de democratizar los cuidados es otro de los grandes temas que esta pandemia pone sobre la mesa.

“La urgencia de democratizar los cuidados es otro de los grandes temas que esta pandemia pone sobre la mesa.”

El concepto de interseccionalidad también juega un papel fundamental en la protección de los DESCA, siendo necesario entender cómo opera la discriminación. Por ejemplo, en Las Américas, las mujeres indígenas, o las migrantes o las afrodescendientes, tienen aún más difícil el acceso y disfrute a derechos como la salud, la educación o el trabajo. Otro tema que nos preocupa de manera particular en REDESCA es el acceso y disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el tema del aborto, que es otro tema que requiere verse desde una perspectiva de género y de derechos de las mujeres. Hemos trabajado con la CIDH en varios pronunciamientos y casos sobre el tema que ayuden a mejorar la vida de las mujeres del continente.

Finalmente, podría hablarnos sobre su trabajo en materia de empresas y derechos humanos.

Uno de los primeros informes producidos por la REDESCA ha estado precisamente centrado en esta temática, de capital importancia para los derechos humanos. Si bien los Estados son los principales obligados a garantizar los derechos humanos, las empresas son actores no estatales que tienen claras responsabilidades de cara a su vigencia y la del derecho al desarrollo. Es un tema íntimamente conectado a la Agenda ODS. Porque, como decimos en el informe, el valor particular del derecho al desarrollo es que este debe ser sostenible; para ello, se debe poner necesariamente el centro de atención en el bienestar y derechos de las personas y comunidades más que en las estadísticas económicas y mercancías.

Conducir adecuadamente la realización de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, en el marco de los procesos de desarrollo y la actividad empresarial requiere, fundamentalmente, empoderar a las personas y las comunidades como titulares de derechos, ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo, asegurar su participación libre, aplicar el principio de no discriminación, así como distribuir equitativamente los beneficios del desarrollo. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general; el derecho al desarrollo entonces permite observar cómo Estados y empresas cumplen sus obligaciones y si los procedimientos seguidos son coherentes con el marco de los derechos humanos.