Casi cuatro años después de la firma del Pacto Mundial de Migraciones (PMM), España sigue teniendo numerosas tareas pendientes y desafíos en materia de migraciones. Al menos, así lo señala un informe de evaluación titulado Migrar por derecho: desafíos del estado español ante el Pacto Mundial de Migraciones, publicado el 5 de mayo por cinco organizaciones de la sociedad civil: Alianza por la Solidaridad-Actionaid, Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge y Rumiñahui. 

Si bien la llegada del Gobierno de coalición ha ido acompañada de una importante agenda social, según señala el informe, la aplicación de esta ha impactado de forma desigual en la población migrante. 

“El balance no es bueno, España suspende en política migratoria”, afirma Pablo Iglesias, técnico de incidencia política de Médicos del Mundo.

Ha habido avances notables en algunos aspectos como la modificación del Reglamento de Extranjería para garantizar la documentación de todos los menores extranjeros bajo tutela estatal. Aunque sigue sin haberse abordado otras cuestiones notables como la exclusión sanitaria o la adopción de medidas para terminar con las identificaciones policiales por perfil racial. 

“No se han abordado las causas estructurales que hacen que las personas puedan emigrar en condiciones de seguridad y una vez en territorio español, estas personas están abocadas a una vida sin derechos”, sostiene Iglesias. 

Situación de vulnerabilidad 

Aproximadamente, medio millón de personas viven en España con una situación administrativa de irregularidad y una buena parte en condiciones de especial vulnerabilidad. Así, algunos de los datos que recoge el informe son especialmente devastadores. 

Alrededor de una quinta parte de las personas migrantes en España está en paro, frente al 12,71% de las personas nacionales. El salario medio es, además, más de una cuarta parte inferior respecto de una persona española, lo que hace que el 58% de las personas migrantes en España se encuentren en riesgo de pobreza o de exclusión social. 

Mejorar esta situación no es tarea simple. Una persona migrante puede tardar hasta 4 años en lograr que su titulación académica sea homologada, obligándola a desempeñarse en trabajos que se encuentran por debajo de su cualificación profesional. 

Para las personas en situación irregular, la normativa de extranjería es un hándicap muy difícil de sortear. Para conseguir un permiso de residencia, una persona migrante tiene que permanecer 3 años en el país. 

Mientras tanto, debe sortear la discriminación y una desigualdad en el trato. Según señala el informe, si una persona en situación irregular denuncia ser víctima de un delito, se expone a que se le abra un expediente de expulsión. 

Los desafíos  

El informe de evaluación es especialmente crítico respecto a las medidas adoptadas para la protección de las personas migrantes y la gestión de fronteras: “Es un ámbito en el que no caben elogios”, sentencia. Durante los últimos años, España ha externalizado su control de las fronteras a países terceros como Marruecos, Mauritania o Senegal.

En el marco de estos acuerdos bilaterales, se producen devoluciones sin ningún tipo de garantía de que las personas sean retornadas a un espacio seguro, lo que conlleva una externalización de los derechos humanos, recoge el informe. 

Otro desafío de España para el cumplimiento de PMM se encuentra en las devoluciones sumarias, más conocidas como devoluciones en caliente. Según el informe, más de 4.000 personas fueron devueltas a Marruecos desde Ceuta en menos de 24 horas en mayo de 2021, contraviniendo el principio de no devolución y sin que estas personas tuvieran una oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar la expulsión.

La crisis migratoria en Canarias en 2020 fue otro claro ejemplo de ello. “Hubo un incumplimiento del Pacto en Canarias, no se dio una buena acogida frente a las llegadas de la población migrante”, señala Vladimir Paspuel, presidente de Rumiñahui. 

Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) también están en el punto de mira del informe. Según recoge, las personas migrantes pueden pasar hasta 60 días de reclusión sin haber cometido ningún delito, lo que contraviene a los principios de proporcionalidad y último recurso. España ya ha sido señalado en varias ocasiones por este tipo de prácticas en organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. 

Unido a ello, los más jóvenes tienen que pasar en numerosas ocasiones por pruebas invasivas para determinar su edad. Estas incluyen a menudo exámenes genitales invasivos y humillantes. 

Las medidas

El informe destaca especialmente el riesgo que ha entrañado la irrupción de la extrema derecha en el panorama político español y el discurso de odio que la acompaña. “Las posturas racistas y xenófobas, hasta ahora latentes en nuestra sociedad, comienzan a verse legitimadas en la esfera pública”, sostiene el informe. 

La apuesta por una política con un enfoque más securitario por parte de la extrema derecha, señala Iglesias, “no es eficaz para limitar el fenómeno migratorio”. En cambio, este tipo de medidas llevan a invisibilizar aún más a las personas. E, indica, que una política basada en la negación de derechos por su procedencia o situación administrativa “es, a todas luces, contraria al marco internacional de los derechos humanos”. 

Para combatir este enfoque, el informe propone, señala Iglesias, que “las personas migrantes puedan llegar a España de forma regular”. La falta de vías regulares para migrar empuja a miles de personas a intentar rutas cada vez más peligrosas para llegar a España. Según el informe, 4.404 personas fallecieron o desaparecieron intentando llegar por mar a las islas Canarias. 

Por otro lado, también es necesario abordar medidas para proteger a las personas migrantes una vez en territorio español para impedir que las personas que se encuentran en situación de irregularidad estén abocadas a la exclusión social. 

“España debe trabajar en la vía de garantizar que las personas migrantes puedan tener acceso a los derechos de protección social y a medidas de integración adecuadas”, afirma Iglesias. 

Existe mucho trabajo por hacer, pero como recuerda Paspuel, “con buena voluntad, se puede crear políticas en torno a la migración, como está ocurriendo con Ucrania”. No obstante, el objetivo es que todos los migrantes o refugiados sean tratados de igual manera.

“Hay situaciones de refugiados en otros lugares del mundo que no están siendo tratados de igual manera y están viviendo situaciones similares de guerra”, recuerda.