Las plataformas vecinales contrarias a las plantas de biogás y biometano en Castilla-La Mancha han acusado a la Junta de Comunidades de ocultar el "rechazo social masivo" al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 y han exigido una "rectificación pública inmediata" a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

En una carta enviada este jueves al Gobierno regional, los colectivos ciudadanos de una quincena de municipios manifiestan su "más firme protesta, rechazo y preocupación institucional" por las declaraciones realizadas por la consejera el pasado 13 de enero tras el Consejo de Gobierno.

Las plataformas reprochan que Gómez defendiera la aprobación del plan sin mencionar la magnitud de la oposición ciudadana registrada durante el proceso de información pública. Según recuerdan, en la primera fase del periodo de alegaciones se presentaron "más de 13.400 alegaciones", de las cuales “más de 9.400 procedían únicamente de la plataforma de Socuéllamos”.

A su juicio, esta omisión supone una "manipulación consciente de la realidad, destinada a minimizar la magnitud de la oposición social".

La consejera, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, confirmó la presentación de alegaciones, pero garantizó que "este plan lo que quiere es ser garantista para proteger a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que los sistemas de producción actuales de este tipo de plantas no provocan contaminaciones si hacen su trabajo".

Críticas por ignorar a Sanidad

Los movimientos vecinales también afean que la consejera no aludiera a las alegaciones formuladas por la propia Consejería de Sanidad, en las que se advertía sobre "los riesgos sanitarios no considerados", los "límites de distancia insuficientes" y el "riesgo de escapes de gases que afectan a la salud respiratoria y la contaminación de acuíferos".

En la carta, las plataformas subrayan que Sanidad pidió "más garantías ambientales y sanitarias" y alertó de una "falta de atención a la salud" en el diseño inicial del plan.

Para los firmantes, estas omisiones no pueden considerarse un descuido, sino que responden a una estrategia para reducir el impacto social del rechazo ciudadano.

Distancias y responsabilidades

Uno de los puntos más criticados es la afirmación de la consejera de que, al no existir aún un plan autonómico, "no hay distancias" para la instalación de plantas y que estas dependen de lo que fijen los municipios.

Las plataformas califican esta afirmación de "técnicamente falsa y jurídicamente insostenible" y recuerdan que la normativa estatal y europea establece "obligaciones claras en materia de protección de la salud y del medioambiente".

En este sentido, insisten en que trasladar esta responsabilidad a los ayuntamientos supone una "dejación de funciones" por parte de la Junta, especialmente en el caso de municipios pequeños "que carecen de recursos y personal técnico".

Según los colectivos, la regulación de distancias sanitarias, emisiones, digestato y riesgos para la salud corresponde a la comunidad autónoma y no puede delegarse en las normas urbanísticas municipales.

Acusaciones de “boicot”

Las plataformas también rechazan las palabras de la consejera al afirmar que dichos colectivos están "boicoteando el establecer un plan específico". En la carta, consideran esta acusación "profundamente improcedente" y recuerdan que la presentación de alegaciones es un derecho reconocido en la Constitución y en la legislación ambiental.

"La ciudadanía no está boicoteando nada: está ejerciendo un derecho democrático esencial", señalan, defendiendo que las alegaciones presentadas responden a "deficiencias técnicas, jurídicas y ambientales" del plan.

Dimensión regional

El choque entre la Junta y las plataformas vecinales se produce en un contexto de fuerte expansión de este tipo de instalaciones en Castilla-La Mancha.

La semana pasada, la plataforma Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha informó de que tres nuevos proyectos en Los Yébenes, La Roda y Talavera de la Reina han elevado a 71 el número de plantas de biogás y biometano previstas en la región.

Casi la mitad de los proyectos se concentran en la provincia de Toledo, con 34 iniciativas, seguida de Albacete (15), Ciudad Real (13), Cuenca (5) y Guadalajara (3).

De las instalaciones proyectadas, 40 superan las 150.000 toneladas de capacidad, 21 rebasan las 200.000 toneladas y tres exceden las 300.000 toneladas, situando el tamaño medio de planta en 159.000 toneladas.

A falta de los datos de ocho proyectos, las plantas presentadas suponen más de 10,3 millones de toneladas de residuos, el 67 % de los residuos identificados en el Plan Regional de Biometanización 2024-2030.

Piden garantías

Ante este escenario, las plataformas reclaman "la elaboración urgente de una normativa autonómica garantista" que regule distancias, emisiones, digestato, riesgos sanitarios y condiciones de implantación.

A su juicio, las declaraciones de la consejera han agravado una "inseguridad jurídica" que afecta tanto a la ciudadanía como a los propios ayuntamientos.

"La ciudadanía de Castilla-La Mancha no está boicoteando nada. La ciudadanía está defendiendo su salud, su territorio y sus derechos", concluyen en la carta firmada por las plataformas STOP BIOMETANO de quince municipios de la región.