Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber "desahuciado" a 75 guardias civiles y sus familias del cuartel de Toledo, instalaciones que tuvieron que abandonar de forma forzosa a principios del año 2025 debido al deterioro y riesgo de colapso de varios pabellones de viviendas.
El presidente nacional del PP ha recurrido a este término para denunciar la situación de los agentes y criticar el retraso en la construcción del nuevo cuartel toledano, un proyecto que, según ha recordado, comenzó a comprometerse en 2019.
Feijóo ha realizado estas declaraciones durante su participación en las jornadas 'Mujeres Rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades', organizadas por Afammer en Toledo.
Antes del acto, ha visitado el cuartel de la Guardia Civil en Toledo junto al alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, para conocer de primera mano el estado de unas instalaciones cuyo futuro sigue enfrentando al Ayuntamiento y al Gobierno central.
"Cada vez que había elecciones aparecían los altos cargos de la Guardia Civil junto a las autoridades locales para comprometer el nuevo cuartel", ha criticado el líder popular.
Según ha explicado, primero se planteó una parcela que era inviable desde el punto de vista medioambiental y después otra que, a su juicio, no era viable urbanísticamente.
Por ello, Feijóo ha reclamado al Ejecutivo que deje de dar lecciones sobre los desahucios y ha vinculado la situación de los agentes con el discurso del Gobierno sobre esta cuestión.
"Cuando un Gobierno desahucia a las fuerzas y cuerpos de seguridad no tiene ninguna capacidad para dar lecciones sobre desahucios a nadie. España está harta de hipocresía", ha afirmado durante su intervención en la jornada de Afammer.
Choque político
La polémica por el nuevo cuartel toledano viene de lejos, pero se ha intensificado en los últimos días. El pasado 12 de octubre, coincidiendo con los actos de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, Carlos Velázquez reclamó al Gobierno central una "respuesta inmediata" para que puedan comenzar las obras de construcción y puso el foco en las familias que tuvieron que abandonar el antiguo inmueble.
El alcalde también advirtió de la incertidumbre que sufren los agentes que todavía continúan trabajando y viviendo en las instalaciones junto a sus familias, al desconocer cuándo comenzarán los trabajos.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, respondió a las críticas de Velázquez atribuyendo al Ayuntamiento la responsabilidad del retraso. Según aseguró, las obras podrían encontrarse ya aproximadamente a mitad de ejecución si el Consistorio hubiera mantenido el proyecto previsto inicialmente.
Sabrido señaló que la Guardia Civil disponía de una parcela de 37.000 metros cuadrados en la Peraleda, donde, según defendió, "se podía haber construido perfectamente" el nuevo complejo. También subrayó el elevado desembolso que está realizando el Estado para acometer los trabajos de demolición del edificio existente.
Las demoliciones del antiguo cuartel comenzaron en mayo de 2025, pocas semanas después de que el Consejo de Ministros declarase la emergencia por el deterioro estructural del inmueble.
Polémico desalojo
La Guardia Civil confirmó en enero de 2025 que demolería y reconstruiría su cuartel en Toledo, manteniéndolo definitivamente en su ubicación original del barrio de Palomarejos y poniendo fin a meses de controversia institucional sobre su traslado.
Debido al grave estado de deterioro del inmueble se ordenó el desalojo inminente de algunas oficinas y viviendas. Aquella decisión provocó la indignación de asociaciones profesionales como AUGC y JUCIL, que denunciaron la falta de previsión al obligar a las familias a abandonar sus hogares en apenas 15 días.
Los representantes de los agentes criticaron la "dejadez" histórica de las administraciones y exigieron soluciones urgentes, recordando que la Jefatura de Zona había asegurado poco antes que el edificio era seguro, pese a que la propia Benemérita ya había reconocido riesgos graves para los residentes en 2023.
Ante aquella situación de emergencia, el instituto armado mostró su intención de reubicar a las familias en pabellones de puestos cercanos y sufragar los gastos de mudanza en función de la disponibilidad.