Los promotores de la iniciativa para que los reyes visigodos Recesvinto y Wamba, actualmente en la Catedral de Toledo, tengan un enterramiento de Estado han pedido al Papa León XIV que rescinda el compromiso que tiene el templo toledano de acoger los restos.
A través de una carta, el abogado Joaquín Sánchez Garrido y el historiador Jorge Miranda han pedido al pontífice que el Cabildo de la Catedral de Toledo revoque el depósito del arca que contiene los restos.
En la misiva explican que se encuentran "en una pequeña caja o arqueta de madera forrada de terciopelo, en calidad de depósito desde febrero de 1845 por solicitud del Estado". Y desde ese momento la arqueta ha sido exhibida en diferentes lugares del templo, pero no ha salido nunca de la Catedral.
"Pedimos que la legislación eclesiástica, la moral, la doctrina y la antiquísima costumbre de la Santa Madre Iglesia Católica priorice sobre aquel acuerdo civil de carácter administrativo ya que su continuidad en el momento actual no tiene justificación alguna", han indicado.
Además, ha explicado que este 2026, año en el que se cumple el 800 aniversario de la construcción de la Catedral, es "una excusa excepcional para permitir que Patrimonio Cultural Español asuma su responsabilidad y rinda los honores y dignidades protocolarias que correspondan a dos reyes españoles".
Una decisión de hace 181 años
Como informó EL ESPAÑOL, los restos de Recesvinto y Wamba fueron trasladados por el rey Alfonso X el Sabio a Toledo, a la desaparecida iglesia de Santa Leocadia, pero cuando el inmueble se anexionó al Alcázar como cuartel, el jefe político del Gobierno en Toledo y la comisión provincial de monumentos históricos y artísticos decidieron salvaguardar los restos reales y depositarlos en la Catedral hasta que se decidiera dónde enterrarlos.
181 años después, allí se encuentran desde entonces los restos, en la capilla mozárabe de la Catedral, en una pequeña caja de pino.
Durante este tiempo, ningún gobierno se ha interesado por solucionar este trámite pendiente. Por ello, el abogado Joaquín Sánchez Garrido -exalcalde de Toledo y exdiputado nacional- y el historiador Jorge Miranda decidieron iniciar los procedimientos para lograrlo.