El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha escenificado la división en el seno del Gobierno local integrado por el Partido Popular y Vox. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un asunto de cumplimiento legal obligatorio, insisten los populares, ha provocado una fractura en la coalición entre ambas formaciones, que se agudiza.
Al inicio de la sesión de este viernes, el alcalde Carlos Velázquez ha propuesto la incorporación por urgencia de la votación de la ordenanza de la ZBE. La propuesta se ha fundamentado en un informe de la Secretaría General, buscando reabrir el debate pese a que el asunto ya se había dictaminado en la Comisión de Hacienda de este jueves. La intención era conseguir que sus socios de Vox se retractasen del voto en contra que había tumbado el documento el día anterior.
La estrategia del PP no ha logrado su objetivo. Aunque Vox ha permitido que el punto se incluyera por la vía de urgencia, finalmente ha vuelto a votar en contra, manteniendo su posición y agudizando la crisis interna. La decisión se produce en un momento delicado, ya que ambas formaciones están inmersas en la negociación del Presupuesto municipal de 2026, la decisión más importante del año.
El PSOE e Izquierda Unida (IU) también han vuelto a votar en contra, refrendando la decisión adoptada el día anterior y dejando solos a los populares.
El PP ha vuelto a defender la necesidad de aprobar la norma por ser un imperativo legal derivado de la ley nacional de 2021 y de directrices europeas. El portavoz de la formación, José Manuel Velasco, ha alertado de las consecuencias económicas de no aprobar la normativa al poner en riesgo cerca de cinco millones de euros en subvenciones y ayudas.
El concejal ha señalado que la situación podría llevar a que se exigiera un "dolo" por los daños ocasionados al Ayuntamiento, con la posibilidad de que se exigiera responsabilidad personal a los concejales de la actual Corporación.
Velasco ha declarado su disposición a afrontar responsabilidades por principios propios, pero no por otras cuestiones, e insistió en que "gobernar implica ser responsables" y "cumplir la ley" y "no ser populistas", en referencia a sus socios.
Ha reprochado a quienes no asumen "las implicaciones de gobernar" y ha advertido de las consecuencias derivadas de la posible pérdida de subvenciones y ayudas para la ciudad. Ha reconocido que la ordenanza no encaja con el ideario del PP, pero ha defendido la necesidad de actuar con responsabilidad institucional.
La oposición
Desde la oposición se ha criticado tanto la urgencia del procedimiento como el contenido de la ordenanza. El concejal del PSOE, Paco Rueda, ha denunciado que era la segunda vez que se utilizaba este método de convocatoria por urgencia. Ante las advertencias del PP, Rueda ha avisado: "No sé si nos avisa con la cartera antes que con la libertad de voto".
Ha ironizado sobre el riesgo personal y ha defendido que el PP nunca ha comunicado la ordenanza como algo en lo que crean, sino como una obligación. Rueda ha insistido en que limitar la ZBE al Casco Histórico no está justificado por los datos de contaminación y ha criticado que el estudio técnico no contemple alternativas "necesarias" como transporte público, carriles bici o soluciones para la carga y descarga.
Por su parte, el portavoz de IU, Txema Fernández, ha recordado la posición de su grupo, que siempre ha defendido convertir la ordenanza en un "proyecto de ciudad de futuro y fundamentalmente sostenible". Fernández ha criticado que la ordenanza planteada se circunscribiera al Casco Histórico sin contemplar zonas como el polígono industrial o residencial y "sin sustentar el modelo de movilidad en un transporte urbano colectivo".