El 23 de diciembre de 2025 el Ayuntamiento de Toledo comenzará la implantación progresiva en la ciudad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que afectará "sólo y exclusivamente" al Casco Histórico de la capital y que deberá estar instaurada en su totalidad el 31 de diciembre de 2030.
El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ha explicado este lunes los pormenores de las medidas que se impondrán y ha aclarado que "todos los vecinos de toda la ciudad de Toledo podrán entrar al Casco a pesar de no tener etiqueta", mientras que los no residentes en la capital podrán hacerlo siempre que acudan a estacionar en un parking.
En este sentido, ha informado de que tampoco tendrán ningún tipo de restricción mientras la medida se implante los vehículos con etiqueta Cero, Eco y C. Tampoco los servicios de emergencia y seguridad, las personas con movilidad reducida, los vehículos de carga y descarga y todos los residentes empadronados antes de la entrada en vigor de la ordenanza, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2030.
Para aquellos que se empadronen con anterioridad a la puesta en marcha de la medida deberán cumplir las restricciones generales de la ZBE.
El Casco Histórico de Toledo será Zona de Bajas Emisiones en Toledo en el perímetro comprendido entre el río Tajo y la muralla y habrá cuatro puntos de control de acceso: Puerta de Bisagra, Subida de Doce Cantos, calle Gerardo Lobo y Recaredo.
Preservar patrimonio
Iñaki Jiménez considera que la medida será positiva para la preservación del patrimonio en la capital porque al Casco suben 186.000 vehículos a la semana, (26.00 vehículos diarios) de los cuales, el 50% son de no residentes.
Además, Jiménez ha informado de que en el barrio histórico viven 10.155 habitantes y 9.555 vehículos censados, lo que se traduce en "cada 100 vecinos, hay 94 coches", lejos de los 66 cada 100 del Polígono o los 62 cada 100 de Santa Bárbara.
Porque "esta es una alta densidad vehicular en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad", el Gobierno municipal realizará una depuración "exhaustiva" de los empadronamientos y tendrá que "hilar muy fino" porque, tal y como ha ejemplificado, se dan situaciones como que una única unidad familiar tenga hasta 12 vehículos.
ORA Verde 24/7
Otras de las medidas que se implantarán será la vigilancia de los pivotes 24 horas al día los 7 días de la semana, salvo las 3 horas destinadas a carga y descarga. Lo mismo sucederá con la zona verde en el Casco donde ya no será posible aparcar ni en horario nocturno.
También se pintarán de verde las plazas de ORA azules en el Paseo de San Cristóbal y será aparcamiento naranja la cuesta de La Granja y Recaredo, en el entorno del edificio de la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto). La calle Cervantes y "alguna zona residual de la Cornisa" pasarán a ser azul y naranja.
"No tiene sentido la ora azul dentro de la muralla", ha argumentado el edil que ha explicado que fuera de la ZBE hay 3.377 plazas de aparcamiento (Recaredo, Palacio de Congresos, Corralillo de San Miguel, Juzgados, Santo Tomé, Alcázar, Seminario y disuasorios como Safont, Azarquiel y Santa Teresa) y dos remontes mecánicos para acceder al Casco Histórico.
Además, ha señalado que hay 17 líneas de transporte urbano que llegan a Zocodover, 5 de ellas electrificadas y 28 impulsadas por Gas Natural.
Por otro lado, también ha informado de que los padres de los alumnos escolarizados en los colegios Medalla Milagrosa y Divina Pastora, ambos centros educativos dentro de las murallas, obtendrán un permiso especial para llevar y recoger a sus hijos.
En este sentido, ha indicado que se establecerá una "lista blanca" en la que se incluye este colectivo, y que dispondrán de 30 minutos para aparcar junto a los centros.
Plazos
Jiménez ha explicado que el pasado 10 de julio se aprobó la implantación de la ZBE que, en estos momentos, se encuentra en exposición pública hasta el próximo 27 de agosto. Desde esta fecha y hasta el 17 de septiembre será el momento de realizar alegaciones.
La aprobación del anteproyecto de la ordenanza está previsto para el 19 de septiembre; la aprobación inicial se espera para el pleno del 9 de octubre, y la definitiva para el 28 de noviembre, entando en vigor su aplicación el 23 de diciembre de 2025.
Obligación Europa
A pesar de que la ciudad de Toledo no registra contaminación, "salvo alguna vez que se dispara el ozono cerca de la estación de tren", la normativa europea obliga a la capital a establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) .
La implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es obligatoria en España para ciudades con más de 50.000 habitantes y para territorios insulares, según la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.
PMUS
De manera previa a la implantación de estas zonas, los municipios deben tener aprobado el PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible), algo que Toledo aprobó en 2021 y que costó a las arcas municipales 84.700 euros.
Este plan, que a juicio del concejal "está cojo" debido, principalmente, a que Toledo no tiene Plan de Ordenación Municipal en vigor tras ser tumbado por los tribunales y se rige por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986, será revisado por un Comité de Expertos para adecuarlo a la realidad actual.
La desactualización del documento se basa, según Jiménez, en que el anterior mandato comandado por el Gobierno del PSOE de Milagros Toledo, "lo tenía guardado en un cajón" y "ni siquiera estaba en el sistema de informático del Ayuntamiento", lo que ha demorado su análisis y mejora.
"Estamos obligados a implantarlo", ha indicado el edil, porque si no se hace, se corre el riesgo de perder la subvención anual de 600.000 euros que el Ayuntamiento recibe para el transporte público. No obstante, aún así considera que se trata de una medida "necesaria y viable que aplicamos de forma exclusiva en el Casco Histórico, con todas las garantías técnicas y jurídicas para evitar que ningún Tribunal Superior de Justicia nos tumbe la ordenanza y para proteger el patrimonio".
Que Toledo goce de una ZBE costará 12.000 euros en señalización, 50.000 euros en la campaña de comunicación para explicar a los ciudadanos las medidas, 175.000 euros de coste anual de mantenimiento y 25.000 euros anuales en mediciones de contaminación.