El Ayuntamiento de Toledo ha abierto un expediente informativo para esclarecer la presunta "situación de discriminación" denunciada por dos madres con hijos autistas acontecida el pasado viernes en el Centro Cívico del Polígono cuando un funcionario increpó a los menores mientras emitían sonidos guturales propios de su trastorno.
Lucía Caberta y Carmen Olivares coincidieron en el edificio municipal mientras realizaban unos trámites administrativos, pero no tienen ninguna vinculación ni se conocían antes de los hechos denunciados, según ha relatado en un escrito.
Cada una de ellas acudía con su hijo. En el caso de Lucía, lo hacía con Lucas, de 7 años, un 80% de discapacidad, autismo en grado 3, parálisis cerebral y sordera.
Carmen estaba en el centro con su hijo Jesús, de 17 años, autista y con déficit de atención e hiperactividad.
Ambas mujeres han explicado que sus hijos estaban emitiendo sonidos propios del trastorno que padecen y que es la única forma que tienen de comunicarse cuando un funcionario del centro "salió de su despacho y con muy malas formas les dijo a los niños que se callaran".
Según han indicado, explicaron al trabajador municipal que sus hijos son discapacitados, "que es imposible que dejaran de emitir esos sonidos u obedeciesen órdenes que no comprenden".
La reacción del funcionario, según la versión de ambas mujeres, fue responder "que le daba igual, que les sacáramos fuera, que era un coñazo tener un moscardón comiéndonos la oreja", a la vez que les invitó a "dejarlos en casa" porque "es insufrible".
Expediente informativo
Ante estos hechos, Lucía y Carmen se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Toledo para transmitirles su malestar e informarles de la actuación del trabajador.
Según ha relatado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM Sagrario Domínguez, presidenta de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo, la intención de estas familias es que "el trabajador reconozca que la actuación no fue correcta".
"No pedimos que se nos atienda mejor ni peor que a nadie, somos como el resto", ha añadido, a la vez que ha solicitado "un poco de empatía".
Domínguez también ha explicado que el colectivo no pide "ninguna medida coercitiva ni sanción, por el momento", pero que dar visibilidad a lo sucedido "es una manera de llamar la atención a este respecto a las personas que trabajan cara al público".
Preguntado al respecto por este diario al concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, Iñaki Jiménez, ha respondido que el Consistorio está estudiando lo sucedido y hablando con ambas partes para lo que tramita un expediente informativo.
Este trámite es "previo al disciplinario", ha explicado porque "el ordenamiento jurídico existe y la presunción de inocencia también, y lo debemos respetar". Jiménez también ha señalado a preguntas de este diario que el Consistorio nunca ha recibido una queja relativa al trabajador municipal: "Lleva 40 años con nosotros y nunca hemos tenido problema con él".
Cautela
Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, se ha mostrado cauta a preguntas de este periódico hasta que el concejal del área de personal resuelva el expediente.
"La primera reacción es de indignación, pero hay que ser prudentes y ver qué sale del expediente informativo", ha afirmado, a la vez que ha señalado que "si ha sucedido así es lamentable y de una gran falta de empatía, pero hay que asegurarse primero de conocer lo sucedido".
"Comprobaremos lo sucedido porque, además, había otros funcionarios allí que no mostraron esa actitud hacia los niños, por lo tanto, hay más persona que presenciaron lo sucedido", ha concluido.