La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha avanzado que el Grupo Popular presentará en el Pleno municipal del próximo jueves una moción “para que todos los concejales muestren su rechazo a la Ley Celaá y se posicionen en defensa de la educación concertada, dado su peso en la ciudad, de la educación especial y de que el español siga siendo vehicular en la enseñanza en toda España”.

Así lo ha anunciado Alonso esta mañana tras participar junto a los concejales del Grupo Popular y la secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, en la concentración convocada por la plataforma Más Plurales en Zocodover para mostrar su rechazo a la aprobación de la reforma educativa del Gobierno que este jueves se vota en el Congreso de los Diputados.

Para Alonso, esta ley es un ataque a los “más de 8.000 alumnos y sus familias que en Toledo eligen la enseñanza concertada, ya sea religiosa o a través de cooperativas, para los más de 1.500 trabajadores que prestan sus servicios en centros concertados en la ciudad así como para los distintos centros de educación especial que hay en Toledo y que el Gobierno quiere cerrar”.

Por eso, Alonso ha defendido la importancia de que todos los concejales de Toledo, incluidos los del PSOE y la alcaldesa, Milagros Tolón, se posicionen “junto a todas las familias que llevamos a nuestros hijos a la concertada y junto a los niños con discapacidad a los que el Gobierno en un acto de crueldad pretende llevar a la educación ordinaria para que sean muebles” en un momento en el que el Ejecutivo, “a través de la Ley Celaá, ataca la Constitución al atacar la libertad de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y liquida el español de las aulas”.

La moción del PP insta al Gobierno a “modificar” la Ley Celaá para aumentar la calidad del sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución”. En este sentido, la proposición recuerda que la Ley Celaá “ha sido tramitada, en un hecho sin precedentes, de espaldas a la comunidad educativa, en pleno estado de alarma y sin contar con los informes del Consejo de Estado ni del Consejo Escolar”.

Por ello, la moción del PP reclamará el apoyo del Pleno para “garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial; adoptar las medidas oportunas para garantizar la enseñanza en español; instar al Gobierno a respetar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro en el que escolarizan a sus hijos; y a cumplir el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones”.