Los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Aragón han reclamado al Ejecutivo central la puesta en funcionamiento de manera inmediata de las bonificaciones del 20 por ciento en los costes laborales a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel.

Esta exigencia ha sido trasladada por el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y por la consejera aragonesa de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en un encuentro mantenido entre las tres partes, ha informado este miércoles en una nota de prensa la Junta de Comunidades.

Asimismo, ha indicado que dicha reunión, que se celebró el pasado 22 de junio en el despacho de la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en Madrid, tuvo como único asunto a tratar la aplicación de las ayudas de funcionamiento de forma urgente, dado que han sido ya aprobadas por las Comisión Europea y están a falta de que el Gobierno central articule la forma de hacerlas efectivas.

La vicepresidenta Ribera mostró receptividad a la petición de Castilla-La Mancha y Aragón, pero pidió unos días para concluir las consultas a los departamentos responsables sobre la fórmula para poder aplicar estas bonificaciones.

La Junta de Comunidades ha recordado que Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluía, en la disposición adicional centésima vigésima tercera, una mención a estas ayudas.

En concreto, se disponía: "El Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja", en concreto las que tengan con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Además, la disposición adicional recoge que el Gobierno de España "velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas", ha señalado el Ejecutivo castellano-manchego.

Objetivo común

En este sentido, ha señalado que los gobiernos autonómicos "llevan años haciendo un frente común con el objetivo de designar a las tres provincias como susceptibles de recibir estas ayudas".

También ha apuntado que el 19 de abril de 2021, la Comisión Europea constató en las nuevas directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional, diseñadas para el periodo 2022-2027, que las empresas turolenses podían tener acceso a estas subvenciones.

Y hace un año, los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León pusieron en común un informe elaborado por una consultora en el que se daba respuesta a cómo articular estas bonificaciones, al amparo de estas nuevas directrices.

El estudio facilitaba al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas validara las ayudas, de forma que no tengan efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea, y como así se ha constatado, ha señalado la Junta de Comunidades.