El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación (OAGTR) de la Diputación de Cuenca ha suscrito con todos los ayuntamientos, entidades de ámbito territorial inferior al municipio (Eatim) y mancomunidades de la provincia, a excepción de la capital, un convenio para gestionar sus tributos que incluye, como novedad, la posibilidad de delegar la competencia de los impuestos voluntarios. Entre dichos impuestos voluntarios destacan el de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), el de la plusvalía o el de la gestión en periodo ejecutivo de ingresos públicos, así como los gastos generados por las demoliciones, entre otras muchas cuestiones.

La diputada de Hacienda y vicepresidenta del OAGTR, Nuria Illana, ha explicado que en el último pleno ordinario de diciembre se aprobó este convenio que ha entrado en vigor con el nuevo año 2022. Su objetivo es adecuarse a las necesidades que tienen los consistorios conquenses ya que, sobre todo los más pequeños, tienen graves problemas para hacer efectivos estos trámites tributarios debido a que no tienen personal cualificado para ello.

Además, Illana ha manifestado que esta ha sido "una de las demandas de los alcaldes y las alcaldesas" debido a que tenían serios problemas para repercutir a un vecino el coste de derruir un edificio en ruinas. Gracias a este convenio, a partir de ahora será un técnico provincial quien se encargue de llevar a cabo estos expedientes.

Con el anterior convenio tan solo se cobraban los impuestos obligatorios como IBI, IAE o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como en el periodo de ejecutiva conceptos como multas o sanciones. Con el nuevo acuerdo, según ha remarcado Illana, en el periodo de ejecutiva se podrá cobrar "todo tipo de ingresos públicos", lo que supone un salto cualitativo "muy grande" para todos esos alcaldes y alcaldesas de pueblos muy pequeños que tenían mucha dificultad para percibir estas tasas.

Esta medida nace de escuchar las necesidades que tienen los ayuntamientos y ayudarles en las dificultades que se encuentran en su día a día, ha señalado Illana, destacando que este convenio se hace con una nueva herramienta que será "moderna y eficiente". De esta forma, la provincia y su gestión de tributos cumplirán todos los requisitos que demanda la sociedad digital en la que vivimos.

El acuerdo, que ha entrado en vigor esta semana, tendrá una duración de cuatro años más otros cuatro prorrogables. Además, se adapta a las obligaciones normativas que exige la legislación en materia de administración electrónica y protección de datos.