Una treintena de funcionarios de prisiones han recibido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al grito de "dimisión" cuando hacía su llegada al Teatro Auditorio de Cuenca para asistir a la inauguración de la primera sesión de las jornadas de trabajo de directores de establecimientos penitenciarios.

El presidente nacional del sindicato Acaip, José Ramón López, ha indicado en declaraciones a los medios que esta protesta conforma "una de las primeras acciones" que a nivel sindical se están previendo para elevar el tono de sus reivindicaciones, preludio de una manifestación el próximo miércoles.

Entre sus quejas, asegura que hay una "continua falta de soluciones, incumplimientos y faltas de respeto" por el hecho de ser el "patito feo" del Ministerio de Interior, algo que "no se soluciona".

"Queremos soluciones, dentro del Ministerio somos el colectivo con claras discriminaciones frente a otros colectivos y llevamos más de 15 años sin adecuar nuestra situación", ha indicado.

Agentes de la autoridad

Por su parte, el ministro de Interior ha avanzado que la futura Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado prevé que los funcionarios de prisiones tengan la consideración de agentes de la autoridad, así como crear nuevas figuras laborales como la de agentes de libertad condicional.

Durante su intervención en la inauguración de las Jornadas de Trabajo de directores de centros penitenciarios que tendrán lugar durante tres días en la ciudad de Cuenca, Marlaska ha asegurado además que los trabajos están orientados a poder sacar adelante esa normativa antes de que finalice esta legislatura.

"Trabajamos para consensuar un texto integrador que ponga fin a la dispersión normativa y modernice la estructura corporativa penitenciaria regulada por dos leyes preconstitucionales", ha señalado Marlaska, quien ha mostrado su deseo de que el texto "se ajuste a la realidad actual y recoja las peculiaridades propias y exclusivas del personal funcionario penitenciario que no están adecuadas a la legislación aplicable a todos los colectivos funcionarios".

Con todo, esta norma incluirá, además del reconocimiento como agente de la autoridad de los funcionarios, un refuerzo de la protección penal de los trabajadores, el reconocimiento de asistencia jurídica y la creación de "puestos de trabajo inexistentes pero imprescindibles en cuanto a medidas penales no privativas de libertad", como agentes de libertad condicional y vigilada.