La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real va a juzgar el próximo miércoles 8 de noviembre a I.R.M.A, acusado de un delito de abuso sexual continuado a una mujer con discapacidad psíquica del 65 %.

Según el escrito del fiscal, la víctima nacida en 1996 presenta una minusvalía psíquica de carácter definitivo del 65 % de discapacidad reconocida que le ocasiona un retraso mental ligero, razón por la cual fue derivada a un centro ocupacional en 2016 dentro del programa laboral de la asociación al que asistía con regularidad en horario de mañana y tarde.

Fue en 2017 cuando entro a trabajar al centro un trabajador para cubrir una sustitución en limpieza, desempeñando el puesto de monitor de lavandería. Este, tras conocer a la víctima, inició una relación cordial que cada vez fue a más. Tras ganarse su confianza y aprovechando su minusvalía, comenzaron a mantener relaciones sexuales consentidas por vía vaginal, anal y bucal. Este aprovechaba los descansos y tiempos libres de los trabajadores para abusar de la denunciante en diferentes estancias del centro.

Pillado por una trabajadora

Fue una trabajadora del centro quien sorprendió a la denunciante "despeinada, alterada y nerviosa, saliendo apresurada de la lavandería y a escasos metros se encontraba el acusado subiéndose rápidamente sus pantalones".

Tras dar cuenta de lo acontecido a la dirección del centro, la directora se entrevistó con la denunciante y con el acusado. Este se despidió del centro firmando la baja voluntaria, entregando las llaves.

El 19 de octubre de 2018 se interpuso denuncia ante el Puesto de la Guardia Civil, por lo que se estableció, tras auto judicial, la prohibición de aproximación al acusado a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio directo o indirecto con la denunciante.

Por ello, la Fiscalía pide para el acusado la pena de 9 años y 3 meses de prisión, la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y de comunicación directa e indirecta de cualquier forma con B. durante 15 años. Además, el acusado indemnizará a la denunciante en la cantidad de 30.000 euros en concepto de daño moral y tendrá que someterse a programas formativos de educación sexual durante 10 años.