"Por más que puede forjarse el estremecedor desconcierto de lo que se representa como una situación dantesca, ninguno de los residentes fallecidos se encontró ni en desamparo, ni desatendido". Es uno de los principales argumentos que la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en línea con lo decretado el pasado mes de diciembre por un juzgado de primera instancia, ha ofrecido para sobreseer definitivamente la causa contra la Fundación Elder y el director de su residencia de ancianos en Tomelloso, José Manuel Sampedro, por posibles delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro derivados de su gestión durante los primeros momentos de la pandemia de coronavirus.

De esta manera se despeja por completo el futuro judicial tanto para Sampedro como para la Fundación Elder, en calidad de responsable civil, que fueron denunciados por siete familias de usuarios del centro asistencial de Tomelloso, en el que murieron un total de 76 ancianos de COVID-19 durante los primeros momentos de la crisis sanitaria y que tuvo que ser intervenida por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para controlar la situación. 

Con esta decisión de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, contra la que no cabe recurso, la Audiencia deja claro que "se adoptaron cuantas medidas permitía la situación, dentro del conocimiento y con los recursos personales y materiales disponibles".

En línea con la Fiscalía

Ha sido el propio Sampedro, que es periodista y ejerció en la televisión pública de Castilla-La Mancha antes de ponerse al frente de la Residencia Elder, quien ha hecho llegar el auto a los medios de comunicación desde un correo corporativo de la Fundación Elder, acompañado de una nota de prensa en la que se recuerda que la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, en un escrito presentado en enero de 2022, ya había solicitado a la Audiencia el pasado mes de enero que desestimara el recurso de apelación interpuesto por los denunciantes y confirmara el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Tomelloso.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, para justificar su decisión de no tomar medidas contra Sampedro y la Fundación Elder, aseguran en su escrito de sobreseimiento que los fallecimientos se produjeron en un momento en el que "existía una falta de conocimiento sobre el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, desconocimiento que abarcaba desde sintomatología, hasta mecanismos de contagio, pasando por su efectiva virulencia e instrumentos de control y contención".

También, aunque reconocen que "la precariedad y falta de recursos humanos y materiales para su abordaje" era generalizada incluso en los hospitales, recuerdan que cuando se produjeron los fallecimientos la Residencia Elder de Tomelloso "contaba con 107 trabajadores, entre ellos 2 médicos, que visitaron a los residentes hasta el sábado 14 de marzo de 2020, cuando causó baja uno de ellos, permaneciendo en su integridad el equipo de 5 enfermeras, además de 48 auxiliares de enfermería, 13 limpiadoras, 5 personas en cocina, 2 en lavandería, 12 en administración, 2 en mantenimiento, 14 en el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, así como la atención médica a través del Centro de Salud, si la situación lo requiriera".

De igual manera, la Audiencia Provincial de Ciudad Real destaca que el día 11 de marzo de 2020, cuando se conoció el primer caso positivo de COVID-19 de un mayor de Elder, "se procedió a adelantar el cierre (para las visitas) de la residencia, mientras que en Castilla-La Mancha, dicho cierre de todos los centros de mayores se acordó un día después, el 12 de marzo de 2020". 

El papel de Sampedro

Respecto al polémico papel desempeñado durante esos días por Sampedro como director de la residencia, la Audiencia afirma que "una eventual falta de liderazgo no es equiparable" a un delito de omisión de socorro, quedando certificado que el máximo responsable del centro se reincorporó a su puesto de trabajo el 16 de marzo, cinco días después de presentar sintomatología compatible con coronavirus.

También afirman los magistrados que "realizó desde su domicilio diversas gestiones pidiendo ayuda" y que "obran documentos consistentes en facturas para la adquisición de material de protección".