El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) ha dado la razón a un veterinario funcionario de la Junta de Comunidades en su petición de tener reconocida la compatibilidad para ejercer su profesión en el sector privado, petición que le fue denegada por la Administración autonómica, que alegaba que no tenía una normativa desarrollada para atender su solicitud.

El fallo judicial ha sido dado a conocer este martes por Comisiones Obreras Albacete en una rueda de prensa, dado que ha sido el sindicato el que ha llevado la demanda del trabajador de la Junta, y en la que la secretaria general de CCOO en Albacete, Carmen Juste, ha asegurado que el fallo "sienta precedente" y abre la puerta a demandas similares.

La decisión de la sala del TSJ, recurrible ahora ante el Supremo, responde a un recurso de CCOO a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Albacete, que en 2017 respaldó que la Junta denegara la compatibilidad al reclamante.

La secretaria provincial de Comisiones ha subrayado que la Junta de Comunidades denegaba dicha compatibilidad al funcionario “alegando que no ha desarrollado la normativa que lo permite”, porque el veterinario “no solo pide la compatibilidad sino que solicita también la reducción y la adaptación de su complemento”.

Ahora, “el juez entiende que el funcionario tiene derecho a la compatibilidad y que no puede quedar supeditado al desarrollo de la normativa”, ha asegurado Carmen Juste, que ha recalcado que “la dejadez por parte de la Administración a la hora de desarrollar una normativa no puede suponer un perjuicio para el trabajador, y no le puede denegar esa compatibilidad que reconoce el juez”.

Para CCOO, la normativa por hacer indicaría los grupos y subgrupos de funcionarios que pueden solicitar la compatibilidad, pero ha considerado que si esa norma no se desarrolla "todos los empleados públicos de la Junta tienen derecho a pedirla".