La pésima calidad del agua del río Tajo ha desencadenado una escaramuza entre los gobiernos de Emiliano García-Page y de Isabel Díaz Ayuso. Tras las duras críticas vertidas desde Castilla-La Mancha, que acusaban a la región vecina de contaminar el cauce con aguas mal depuradas, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han cerrado filas para desmentirlo categóricamente.
Ambas administraciones madrileñas han emitido este jueves una nota de prensa conjunta donde lamentan que las acusaciones se basen en "información parcial e interesada" y advierten de que los datos esgrimidos por el Ejecutivo castellanomanchego no permiten responsabilizar a Madrid de la situación del río a su paso por Toledo.
Aunque las instituciones madrileñas afirman que "comparten la preocupación" por la calidad ambiental del río, recalcan que el informe en el que se basa la Junta de Comunidades "no permite atribuir científicamente a la región las bacterias detectadas en Toledo".
Como contraataque, Madrid ha puesto el foco en las propias deficiencias de la comunidad vecina, asegurando que las críticas "se utilizan para cuestionar el funcionamiento de la depuración en la comunidad autónoma, sin recordar que Castilla-La Mancha todavía no depura varios pueblos y aglomeraciones urbanas aguas arriba de Toledo, en la cuenca del río Algodor".
El conflicto político estalló este miércoles tras la publicación de un trabajo de fin de grado (TFG), tutorizado de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica.
El estudio alertaba de la presencia en el agua de Toledo de bacterias fecales —escherichia coli y enterococos— hasta 40 veces por encima del límite establecido para la autorización del baño.
A raíz de esta información, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, señaló directamente a la región vecina y acusó a Madrid de realizar vertidos de aguas sin depurar que han convertido al Tajo en "una cloaca a su paso por Toledo".
Asimismo, lamentó que esta situación "se mantiene en el tiempo" debido fundamentalmente al incumplimiento de la depuración madrileña, "sobre todo en parámetros de nitrógeno y fósforo".
Madrid se defiende
Frente a estas acusaciones, Madrid defiende que cuenta con "uno de los sistemas de saneamiento y depuración más avanzados de Europa, gestionado por Canal de Isabel II, que depura más de 500 hm3 de aguas residuales al año", presumiendo además de no tener actualmente ningún expediente sancionador abierto.
Respecto a la validez del TFG para señalar a la capital, las administraciones madrileñas argumentan: "El estudio realizado por un estudiante de fin de grado no incluye un año hidrológico completo y solo ha analizado varios puntos de Toledo. Acredita una contaminación microbiológica que debe investigarse, pero no ha realizado un seguimiento continuo desde las salidas de Madrid, no ha caracterizado los distintos afluentes y puntos de vertido existentes en el trayecto y no incorpora trazadores capaces de determinar si la contaminación es de origen humano o animal".
Por este motivo, reiteran que la denuncia de Gómez es "parcial e interesada", puesto que el mismo texto académico reconoce que "las estaciones depuradoras contribuyen a la carga global, pero no se comportan como puntos calientes aislados en comparación con la contaminación difusa ya presente en el cauce principal".
Las instituciones madrileñas concluyen de forma tajante: "Sin conocer el tiempo de viaje, los caudales, las condiciones meteorológicas y las cargas incorporadas en cada tramo, no puede afirmarse que las bacterias encontradas en Toledo procedan de Madrid".
Recuerdan, además, que la vigilancia y evaluación ecológica corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Estado.
Acusaciones al Ministerio
En la nota de prensa, el Ayuntamiento de Madrid destaca sus inversiones en las depuradoras de Rejas y Valdebebas, pero denuncia el bloqueo estatal en las plantas de La China, Butarque y Sur, que "fueron declaradas de interés general del Estado".
Según el consistorio, el Ministerio de Transición Ecológica incumple un protocolo de 2009 y "debe 1.200 millones de euros" para ejecutarlas.
Además de no iniciar los trabajos y haber "impedido que Madrid tome el control del proyecto", el Gobierno central ha confirmado su intención de no financiarlas tras 12 cartas y cuatro reuniones institucionales.
Alcalde de Toledo
La controversia ha llegado también hasta la política local. Carlos Velázquez, alcalde de Toledo y presidente provincial del PP, ha exigido este jueves a la Junta de Comunidades que mire hacia adentro y asuma también su responsabilidad.
Durante el Debate sobre el Estado del Municipio, Velázquez ha reconocido que en ciertos casos la Comunidad de Madrid "depura con deficiencias", pero ha dirigido el foco hacia los municipios de la propia provincia de Toledo —especialmente en la comarca de La Sagra— donde el problema es aún mayor porque "no es que depuren mal, es que directamente no depuran".
"En la provincia de Toledo hay polígonos industriales y municipios enteros que no depuran correctamente sus aguas", ha sentenciado el regidor toledano.