La reforma del sistema de financiación autonómica mantiene las espadas en todo lo alto entre el Gobierno central y el de Castilla-La Mancha. Los últimos en fijar unas posturas cada vez más enconadas han sido el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, quien ha apuntado que no concibe "ni remotamente" una rebelión entre los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha a la hora de votar la nueva ley y el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, que ha manifestado una oposición del Ejecutivo de Page "de todas todas" a un modelo "pésimo".
La espita la ha abierto el representante del Ejecutivo central en la comunidad autónoma al ser cuestionado por las manifestaciones emitidas en los últimos días por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, abriendo la puerta a un posible escenario de insumisión entre los parlamentarios de Castilla-La Mancha.
"No lo contemplo ni me parece razonable. No creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha", ha reflexionado Sabrido, quien ha asegurado que estos diputados "fueron elegidos dentro de una lista encabezada a nivel nacional por Pedro Sánchez, votada por gente progresista", por lo que votar ahora en contra de los postulados del Gobierno sería "defraudar a los que le votaron".
Unas palabras que se producían poco después de que EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha haya constatado que los diputados castellanomanchegos tienen decidido parar esta reforma "con hechos" si el texto que llega a la Cámara Baja es el mismo que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el único apoyo de Cataluña y Canarias.
Sabrido ha recordado que el nuevo sistema de financiación autonómica todavía tiene que ser debatido en el Congreso. De ahí que considere "inoportuno" barajar en estos momentos "que se va a votar o que no se va a votar".
En cualquier caso, ha enfatizado que una vez que el texto pueda ser elevado para su votación, conoce a los ocho diputados socialistas y no cree que "estén en esa clave", la de romper la disciplina de voto.
Además, ha advertido que si finalmente se concreta la ruptura, los parlamentarios de Castilla-La Mancha estarían "satisfaciendo a la derecha y a la extrema derecha", en un objetivo que llevan persiguiendo durante mucho tiempo: "Derribar a Pedro Sánchez".
Un modelo "pésimo" para Guijarro
En respuesta a estas declaraciones, el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro ha defendido que la propuesta actual es una "barbaridad", un "modelo pésimo" al que "Castilla-La Mancha se va a oponer de todas todas".
"No se trata de que recibamos más dinero, sino de cómo se distribuye ese dinero. Con el nuevo marco salimos más perjudicados" ha señalado el número dos del Ejecutivo regional para rebatir el argumento planteado por el Gobierno central de un mayor reparto de fondos para así convencer a las autonomías.
Guijarro ha vuelto a constatar que la línea roja se sitúa en el modelo de ordinalidad acordado con ERC para Cataluña, un principio que considera indefendible desde un punto de vista progresista.
"¿Por qué un catalán va a recibir 200 euros más? Esto supone 400 millones de euros menos al año para la región", ha defendido.
Este reparto, "inaceptable e indefendible" en el que los que más aportan tiene derecho a recibir más dinero, lo ha situado "en contra de lo que plantea la Constitución cuando habla de la progresividad de los impuestos".
"Es una barbaridad y vamos a seguir oponiéndonos de todas, todas a ese sistema de financiación", ha insistido el vicepresidente primero del Gobierno regional, que ha opinado que "ya es hora" de sentarse a negociar "un reparto justo" porque con "400 millones euros menos todos los años" se hace "difícil" garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos.