CSIF ha informado de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara ha dictaminado que la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) ha llevado a cabo "una modificación sustancial y sin preaviso legal de las condiciones de trabajo de los bomberos forestales coordinadores".

El informe se ha realizado tras denuncia de los trabajadores y el proceso judicial que mantiene abierto el sindicato, que asegura que Geacam ha "vulnerado los derechos de los trabajadores al aplicarles unilateralmente el convenio colectivo de empresa con dos años y medio de retroactividad".

Hasta el 19 de mayo, la relación laboral de los coordinadores se regía por un sistema dual de convenios. Las condiciones económicas se basaban en el XIX Convenio Estatal de Ingeniería y las funciones y otras condiciones laborales se aplicaban conforme al III Convenio Colectivo para el personal de Empresas Adjudicatarias de Servicios contra Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Según detallan, pese a que el Convenio de Empresa de Geacam aprobado en 2023 preveía una adhesión libre y voluntaria, ninguno de los trabajadores afectados se adhirió a dicho convenio, pero en mayo de este año Geacam "entregó una comunicación a los trabajadores informándoles de que se les iba a aplicar de forma forzosa y con carácter retroactivo".

La empresa justificó el cambio por la "necesidad de otorgar seguridad jurídica" a las relaciones laborales y la supuesta "aceptación tácita" de los trabajadores de ciertas condiciones del convenio. Esto impacta "de manera negativa a nivel retributivo en el precio de las horas extraordinarias, la disponibilidad permanente, y las guardias invernales".

Además, han apuntado que "la opacidad en el pago de las nóminas, con conceptos ambiguos como 'ajuste líquido' o 'anticipo' ha sido una de las claves de esta acción judicial ya que se desconoce cuánto, cómo y a quién paga Geacam determinados conceptos".