Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han anunciado una jornada de movilizaciones el próximo 30 de octubre en todas las capitales de provincia, frente a las subdelegaciones del Gobierno, para reclamar la mejora de las condiciones laborales y retributivas de las empleadas y empleados públicos.
No descartan convocar una huelga general en diciembre si el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública no accede a negociar.
En Castilla-La Mancha, las movilizaciones afectarán a cerca de 131.000 trabajadores del sector público, que, según las organizaciones sindicales, han pedido un 20 % de poder adquisitivo en los últimos años.
Además, denuncian el envejecimiento de las plantillas, la amortización de plazas y el retraso de los procesos de acceso a la función pública, factores que están repercutiendo directamente en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
Calidad de los servicios
La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carmen Juste, ha recordado que desde 2012 se han perdido alrededor de 3.000 plazas solo en la administración autonómica.
"Estas cuestiones están afectando a la calidad de los servicios, y lo empieza a notar la ciudadanía", ha subrayado. Juste ha insistido en que "si en el sector privado las subidas van a ser del 3,5%, el 4% y el 4% en los próximos años, a los funcionarios tienen que subirnos eso como mínimo".
Según los datos de CCOO, en Castilla-La Mancha hay unos 90.000 empleados de la Junta, 31.000 de administraciones locales, 6.000 de la Administración General del Estado y 1.800 de la Administración de Justicia afectados por esta situación.
Sueldos congelados
La secretaria general de UGT Servicios Públicos en la región, Carmen Campoy, ha señalado que los sindicatos llevan meses reclamando la apertura de la mesa de negociación y ha lamentado que "con los sueldos congelados, los empleados públicos han perdido más de un 20 % de poder adquisitivo". Campoy ha criticado que "si España va bien económicamente, eso debe reflejarse también en quienes sostienen los servicios públicos".
Asimismo, ha defendido la eliminación de la tasa de reposición y una reforma de los procesos de acceso a la administración, a los que ha calificado como "anacrónicos y lentos".
"La degradación de los servicios públicos afecta a toda la sociedad: lo vemos en la Sanidad, en la Educación, en la Justicia o en la gestión diaria de los servicios esenciales. Es hora de defender lo público, porque lo público es de todos", ha subrayado.
Subida de sueldos
Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de CSIF, Marisa García, ha sido tajante: "Ya está bien de maltratar a los empleados públicos, no queremos más excusas. El Gobierno puede subir los sueldos aunque no haya Presupuestos, como ya ha hecho en otras ocasiones".
García ha cifrado en 86,8 millones de euros la cantidad que el Ejecutivo adeuda a los empleados públicos de Castilla-La Mancha por la falta de acuerdo salarial para 2025.
"El Gobierno exige a la patronal medidas que luego no aplica a sus propios trabajadores", ha denunciado, reclamando condiciones laborales dignas y servicios públicos de calidad.