La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha, ha denunciado que el Gobierno central adeuda 86,8 millones de euros a empleadas y empleados públicos en la región.
Esta situación es derivada de la congelación de sus salarios y de la ausencia de un acuerdo retributivo para el año 2025.
Ante esta situación, el sindicato ha convocado para el 30 de octubre una concentración simultánea en todas las provincias de Castilla-La Mancha, frente a las subdelegaciones del Gobierno, a partir de las 12:00 horas.
Este será el inicio de un calendario de protestas que incluirá nuevas movilizaciones en noviembre y una posible jornada de huelga nacional en diciembre si no se abre la negociación.
Sin negociación
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, ha advertido que los 140.000 empleados públicos de la región "están siendo ninguneados" por el Ejecutivo.
"Este Gobierno está despreciando la negociación y ninguneando a los trabajadores públicos. Se les está relegando a un segundo plano cuando a diario realizan un trabajo fundamental", ha señalado.
Recortes salariales
Desde el sindicato recuerdan que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde 2010, derivada de los recortes salariales aplicados por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (–5% en 2010) y de María Dolores de Cospedal (–3% en 2012).
A esto se le suma la alta inflación registrada en los últimos años. Castilla-La Mancha llegó a ser la región con mayor IPC de España en 2022, alcanzando un récord del 13,2% en julio de ese año.
Subida salarial
CSIF reclama la apertura urgente de la negociación colectiva para acordar una subida salarial en 2025, así como la firma de un acuerdo plurianual que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.
Además, el sindicato propone establecer una cláusula de revisión salarial automática, vinculada a la evolución del PIB y del IPC, para evitar nuevas pérdidas retributivas en el futuro.
"Se nos está utilizando como rehenes de los vaivenes políticos. Reclamamos una subida salarial digna dentro de un plurianual que reconozca la labor esencial de los empleados públicos, por justicia y dignidad", ha concluido Domínguez.